El sistema sigue funcionando, pese a un déficit de 15.000 millones. Las previsiones de hace 25 años no tuvieron en cuenta el ‘boom’ económico, la entrada de inmigrantes, las crisis ni un aumento de la población.
Fernández Ordóñez ya en el año 2000 abogaba por extender el cálculo de la pensión a toda la vida laboral -entonces solo se tenían en cuenta los últimos 15 años- para salvar el sistema, pero los sindicatos se opusieron frontalmente asegurando que recortaría las pensiones un 25%. Fernández Ordóñez también advirtió en el Congreso en 2009 que la Seguridad Social podría entrar en déficit ese mismo año, unas declaraciones que molestaron al Gobierno socialista, que aseguró que no sería ese año. Fue dos más tarde, en una economía muy dañada por la crisis.
En 2008, el entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, hizo saltar todas las alarmas asegurando que las pensiones no serían viables sino se impulsaba una reforma de calado, unas palabras que se anticipaban en tres años a la reforma de Rodríguez Zapatero de 2011, y que no sentaron bien en el Ejecutivo. Solbes, cinco años antes, cuando era comisario europeo de Asuntos Económicos, ya había advertido de la necesidad de profundas reformas para dar viabilidad financiera del sistema público de pensiones.
En febrero de 2010, un año y medio antes de que el BOE publicase la reforma de las pensiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el entonces presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, defendía la necesidad de llevar a cabo ajustes «muy fuertes para no caer en una senda de tristeza y penuria«. Elevar la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 se había convertido un escollo importante para la reforma de Rodríguez Zapatero y mientras unos defendían este ‘sacrificio’, otros aseguraban que no era necesario y apostaban por otros mecanismos menos duros.
La historia parece repetirse ahora, con augurios catastrofistas por una parte y exceso de optimismo por otra. Desde la creación del Pacto de Toledo en 1995 han sido bastantes las predicciones y proyecciones que no se han cumplido, aunque también hubo muchas que describieron a la perfección la situación actual, y otras que no se llegaron a ver ni de lejos.
El Banco de España ha sido uno de los organismos más preocupados por el futuro de las pensiones y su gobernador entre 2005 y 2012, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, instó en todo momento a llevar a cabo una reforma profunda, urgente y necesaria, que se cuestionaba desde los sindicatos Ignacio Fernández ‘Toxo’ (CCOO) y Cándido Méndez (UGT), aunque finalmente acabaron suscribiéndola.
Mientras, un informe financiado el Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaborado por el profesor José Luis Tortuero en 2009, mostraba la dirección en la que debían ir las reformas, augurando que en 2020 solo habría un afiliado y medio por pensionista, algo que todavía hoy no se cumplido, posiblemente por algunas medidas introducidas en 2011 y 2013. Las propuestas del documento, que en gran medida se están repensando, eran muy avanzadas, y proponían aumentar el periodo de cálculo reconociendo tiempos cotizados ajenos al trabajo y de reconocimiento social -maternidad y cuidado de hijos- e incluso de formación. Además introducía la posibilidad valorar menos los primeros años de cotización, de 15 a 25, o mejorar el sistema de cobertura de las lagunas de cotización, de modo que en lugar de aplicar la base mínima vigente en cada momento, se utilizasen las medias entre las anteriores y las posteriores a la laguna. Además abogaba la posibilidad de elegir el periodo cotizado para evitar las irregularidades en la carrera de cotización y la posibilidad de suprimir la jubilación forzosa en los convenios colectivos, algo que se pretende prohibir ahora después de que Pedro Sánchez resucitase el mecanismo hace solo dos años.
Fedea también pronosticaba una importante caída de la población activa -entre 15 y 64 años-, pero la realidad es que entre 1998 y 2000 -según los datos del INE- hay tres millones de persona en esa franja de edad. Mientras, el cuadro macro que adelantaba era más optimista, sobre todo en lo referente al empleo, que lo que realmente ha sucedido. Lo cierto es que casi nada hacía prever que España sufriría una profunda crisis económica entre 2007 y 2013, y mucho menos las afecciones del coronavirus en los años 2020/2021.
Lo cierto es que desde desde hace décadas muchos expertos, no sin razón, están continuamente advirtiendo de la bomba de relojería de nuestro sistema de pensiones públicas de jubilación pues simplemente la demografía así lo determina inexorablemente.
Sin embargo, el cisne blanco (fenómeno económico que define la «normalidad deseable») parece que quien opina que en realidad mucho menos frecuente que los cisnes negros (sucesos inesperados, que no han sido previstos por los expertos y que, sin embargo, terminan teniendo un impacto negativo significativo) pues la economía depende de muchos y variados factores fuera de control que hace que lo verdaderamente “normal” es lo que se sale de la “normalidad deseable”.
Ahora, tras más de un año de pandemia, sin que el horizonte esté todavía despejado, gobiernos y ciudadanos sueñan con un futuro repleto de cisnes blancos, como expresión de una vuelta a la normalidad que será muy diferente a la anterior.
