EL PARO VIP
Los exmiembros del Gobierno que se acogen a la indemnización cobran entre 70.000 y 120.000 euros anuales
Los ministros y determinados altos cargos, una vez son cesados en su puesto, tienen derecho a recibir una indemnización, equivalente al 80% de su sueldo. Este paro para los miembros de Ejecutivo está previsto hasta que no realicen otra actividad remunerada pública o privada. La fórmula, que supone entre 70.000 euros y 120.000 euros anuales sin desempeñar trabajo alguno, es cada vez más utilizada. Algunos incluso reciben esta paga durante dos años, el tope máximo.
Tienen derecho a esta paga las personas que forman parte del Gobierno, los secretarios de Estado y los máximos responsables de la Fiscalía, los organismos reguladores y la Casa del Rey. A ella se han acogido 81 responsables desde octubre de 2012, primer dato disponible. Los datos de Transparencia muestran que hasta 26 cargos destituidos o que renunciaron a su puesto voluntariamente entre el 12 de enero de 2020 hasta hoy se han acogido a esta indemnización.
Pese a todo, algunos, los menos, no solicitan la indemnización por ética, pese a no incorporarse inmediatamente a un puesto privado o público. Una vez se renuncia a esta paga mensual, no se puede volver a solicitar. Solo en el caso de infracciones graves o muy graves que supongan el cese del cargo no tendrían derecho a la indemnización.
El exvicepresidente Pablo Iglesias estuvo cobrando durante cinco meses de 2021 un total de 5.300 euros/mes y percibió en total alrededor de 27.000 euros. Luego solicitó su paso a la actividad privada colaborando con numerosos medios de comunicación. Mientras, la exministra de Industria Reyes Maroto se embolsó 13.400; Pedro Duque, 45.300; Arancha González Laya, 35.000; e Isabel Celaá, 29.200 euros.
Mientras, Isabel Pardo de Vera, ex secretaria de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana; Roberto Sánchez, ex secretario de Estado de Telecomunicaciones; Manuel Rodríguez, ex secretario general del Consejo General de Seguridad Nuclear; y Paz Esteban, exdirectora del CNI; tienen prevista indemnización durante 2024.
Hana Jalloul Muro, ex secretaria de Estado de Migraciones, cobró más de 15.000 euros tras dejar el cargo. Por su parte, Iván Redondo, exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, se embolsó 15.000 euros de paga. La mano derecha del presidente Sánchez ejerce ahora como consejero del Grupo Godó y asesora a medianas empresas.
Cristina Gallach, ex secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, obtuvo casi 50.000 euros extra en apenas seis meses. Mientras, el ex secretario de Estado de la Seguridad Social Octavio Granado recibió 130.000 en un periodo posterior a su cese. En total cobró la indemnización durante un año y medio.
LAS PENSIONES VIP DE LOA ASESORES POLÍTICOS
La partida presupuestaria habilitada para las pensiones privadas de los asesores de los partidos puede alcanzar el millón de euros a finales de año. Por primera vez en la historia parlamentaria, hay más asesores contratados a dedo que diputados
El Congreso y el Senado han duplicado este año las aportaciones de dinero público que vienen realizando en los últimos años a los planes de pensiones privados de los asesores de los grupos políticos en ambas cámaras, y también a los funcionarios. Ambas instituciones tienen habilitadas unas partidas de gasto inicial en los presupuestos de este año de casi 700.000 euros, que pueden llegar al millón a fin de año por el aumento exponencial del número de efectivos de este personal de confianza.
Por primera vez en la historia parlamentaria ya hay más personal contratado ‘a dedo’ que diputados. Esa cifra supera con creces los 336.300 euros dedicados conjuntamente el año pasado a esta financiación y los 146.347 euros en 2021. Mientras, el personal funcionario y el laboral fijo de ambas cámaras suma otros 2,2 millones de aportaciones públicas a planes de pensiones, frente a los 1,2 millones del año pasado y los 517.000 euros en 2021. En total, la financiación a estas pensiones privadas de estas instituciones se acerca ya a los tres millones. De momento, ‘sus señorías’ no se han restaurado todavía este abono, que en su momento incluía un seguro de vida, otro de invalidez y un pago indemnizatorio al llegar a la edad de jubilación. No se descarta a medio plazo pues la partida figura en los presupuestos, pero con cero euros en el saldo crediticio.
Se trata de una dádiva que fue instaurada en 2004 para todas las nóminas públicas, incluyendo a los 615 representantes de los partidos en las Cortes. Pero fue suprimida mediante un decreto de Rajoy a partir de en 2012 por la crisis económica y presupuestaria. Sin embargo, estas instituciones han retomado estas aportaciones a su personal de confianza y demás empleados públicos a partir de 2021, en plena pandemia, aunque el Senado siempre la ha mantenido de forma testimonial con unos 31.000 euros anuales.
Aunque tiene la misma estructura y clasificación de los Presupuestos Generales del Estado, el poder legislativo dispone de autonomía presupuestaria para no seguir las consignas de las demás actuaciones públicas. Además, sus empleados tienen un Estatuto de Personal propio, a pesar de que existe una norma de rango superior como es la Ley Básica del Empleado Público, que se supone que debería afectar por igual a todos los trabajadores públicos. Según fuentes del Congreso, estas aportaciones a planes de pensiones, junto a la actualización de las nóminas este año con el IPC medio, se han acordado en el proceso de negociación colectiva como compensación de la pérdida de poder adquisitivo.
Nueva eclosión de ‘enchufes’
Lo que es evidente es que ‘sus señorías’ necesitan cada vez más asesores o asistentes, ajenos a las Administraciones, para realizar su labor. La mayor parte procede de los propios partidos y de ellos sólo se conoce su nombre porque su nombramiento se publica en el Boletín Oficial de las Cortes. Pero, sus méritos académicos, profesionales o curriculares son una inmensa laguna informativa. Su sueldo pude oscilar entre 35.000 y 65.000 euros.
A la espera de nuevas contrataciones de asesores que se avecinan, el Congreso, con 350 diputados, ya dispone de 386 personas de confianza. La cifra se incrementará hasta al menos 407 cuando se formen las Comisiones de trabajo parlamentario (en la anterior legislatura había 21). Es decir, el ratio es ahora de 1,1 contratados ‘a dedo’ por cada parlamentario si se tiene en cuenta a los que ha nombrado la Mesa; y llegará a 1,2 cuando se constituyan las Comisiones, que dispondrán de un asesor más por cada una.
De momento, el coste previsto de estas nóminas más el complemento de pensiones privadas, que irá subiendo, alcanza en los presupuestos iniciales los 16,5 millones, incluyendo las cotizaciones sociales a cargo del empleador. Este coste no lo sufragan los partidos políticos, aunque disponen de casi 12 millones para su financiación directa en esta cámara, sino que corre a cargo del erario público.
En cuanto al Senado, los 265 senadores cuentas con 129 asesores (frente a los 76 de años anteriores). Sale un ratio de 0,5 personas de confianza por parlamentario. El coste de sus nóminas, incluyendo la financiación de las pensiones privadas (unos 200.000 euros con un aumento ya del 20% de los créditos iniciales), es de unos seis millones.
En su conjunto, la actividad parlamentaria del Estado cuenta en la actualidad con al menos 515 asesores con un gasto total de más de 20 millones, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social y los fondos de pensiones.
