El momento complicado que vive nuestro país, y que irá a más por la inacción del Gobierno, tiene como protagonistas a un buen número de trabajadores, autónomos y pymes.
El presidente Sánchez está de gira por Europa para hablar de temas energéticos amparado por nuestro gas, que viene en su mayoría precisamente de Argelia. Los caminos de Sánchez son inescrutables
LOS TRANSPORTISTAS POR CARRETERA
El paro de los transportistas está triunfando a pesar de la oposición de los agentes sociales institucionales (“sindicatos de clase” y patronales).
El paro indefinido que comenzó el lunes está convocado por la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional. Se trata de una asociación que, según otros representantes del sector, es minoritaria pero muy activa y organizada.
La organización afirma tener la representatividad de pequeños camioneros y autónomos que, en total, serían alrededor de 100.000, que están al margen de las organizaciones del transporte más mayoritarias. Otras fuentes aseguran que es difícil saber la representatividad real en un sector que se estima, en toda España, en 600.000 camioneros.
Aunque este paro, en teoría, se debe al alza de los precios de combustibles que se ha incrementado con la guerra de Ucrania, la realidad es que esta asociación minoritaria exige múltiples peticiones para frenar el paro que van desde limitar la intermediación en el contrato de transporte a un solo contratista pasando la jubilación a los 60 años pasando por la prohibición por Ley de la carga y descarga por parte de los conductores y autónomos que realicen la conducción de sus vehículos o la eliminación de las restricciones a camiones en periodos vacacionales y/o en puentes por días festivos.
Sus 14 reivindicaciones:
- Limitar la intermediación en el contrato de Transporte a un solo contratista y legislar el plazo de pago máximo a 30 días por servicios los servicios de transporte.
- Prohibición por Ley de la carga y descarga por parte de los Conductores y Autónomos que realicen la conducción de sus vehículos. Ley que obligue al límite de las labores de carga y descarga de los camiones en un tiempo máximo de 1 hora desde su llegada y clausula para la facturación automática si se rebasa el tiempo máximo
- Erradicación del modelo cooperativista por parte de grandes empresas, que de manera paralela a sus actividades principales, para reconvertir a sus conductores en falsos autónomos
- Cumplimiento a la limitación del cabotaje por parte de transportistas comunitarios. Igualdad de tributación para los tráficos nacionales realizados por las empresas buzón en territorio español.
- Eliminación de las autorizaciones de operador de transporte, las empresas deberán contar con flota de vehículos adaptados para el transporte público de mercancías y disponer de conductores inscritos en el RGSS.
- Creación de nuevas áreas de descanso que den respuesta al flujo actual de vehículos ubicadas en toda la red viaria. Seguridad vigilada por parte del Estado en áreas de descanso y polígonos industriales
- Espacios acondicionados para Conductores en centros de carga y descarga, para la entrega y recogida de documentación, esperas y poder satisfacer unas mínimas necesidades de alimentación e higiene.
- Eliminación de las restricciones a camiones en periodos vacacionales y/o en puentes por días festivos.
- NO al pago por la utilización de infraestructuras a las empresas de transporte nacionales, debido a que todo el gravamen que soporta una empresa de transporte española, ya paga sobradamente la partida correspondiente al mantenimiento de las infraestructuras que se utilizan.
- Jubilación a los 60 años para los Conductores Profesionales, por ser una Profesión clasificada de alto riesgo, aplicando los coeficientes reductores.
- Reconocimiento de la totalidad de las enfermedades profesionales derivadas de esta Profesión, tanto para los conductores asalariados como para los autónomos.
- Consideren de accidentes laborales en todo caso, los sucedidos en los periodos de trabajo y disponibilidad dentro de la actividad.
- La creación de un Convenio Único Estatal de obligado cumplimiento para los conductores asalariados
- Habilitación de la cuota de formación profesional pata los conductores autónomos que se viene pagando desde hace 2 años, en igualdad a los conductores asalariados que ya la tienen habilitada a través de los seguros sociales desde hace muchos años.
EL CAMPO
El campo estalla entre la incertidumbre y la desesperación .
Las principales asociaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) junto con la Real Federación Española de Caza o la Unión de Criadores del Toro de Lidia, han convocado la “marcha del siglo” hacia Madrid del domingo 20 de marzo a la que han asistido más de 200.000 agricultores y ganaderos de toda España bajo los lemas “Todos juntos, por el campo” y “El mundo rural despierta”.
La movilización plantea una serie de reivindicaciones donde, a las demandas históricas sin resolver, se han sumado otras coyunturales, especialmente en materia de costes de producción que se han agravado en las últimas semanas por los efectos de la guerra en Ucrania, poniendo en dificultades la actividad agrícola y en peligro de cierre a las explotaciones ganaderas.
Sus 12 reivindicaciones:
- Costes de producción. Durante los últimos meses, pero muy especialmente tras el inicio de la guerra en Ucrania, se ha registrado un fuerte incremento de los precios de los medios de producción. Frente al 40% o menos que significaban hace una década sobre el valor de la producción final agraria, en 2021 ya suponían el 45%, con 23.700 millones de euros. Hoy se sitúan en el 60%, con unos 32.000 millones, por el incremento de más del 50% en los piensos, hasta un 100% en los fertilizantes o más del 200% en la energía. Esto pone a las explotaciones ganaderas al borde del cierre y a las agrícolas las obliga a reducir el empleo de abonos al mínimo. El campo reclama un plan de choque. En el caso de los cultivos de cereales, los buenos precios percibidos durante la campaña pasada ya se los han comido los fertilizantes, el gasóleo y la maquinaria.
- Una Ley de la Cadena Alimentaria eficiente. Esta preocupación del sector por los incrementos de los costes y por recibir unos precios justos no debería ser un problema para el campo si se cumpliera lo previsto en la Ley de la Cadena, por la que los precios de venta en origen deberían cubrir los costes de producción. Sin embargo, esa exigencia no se cumple de forma muy generalizada. De un lado, por la falta de controles suficientes. Por otro, existe un desequilibrio de poder entre quien compra (industrias y distribución) y los agricultores y ganaderos que, además, venden productos perecederos como frutas y hortalizas con fechas de salida. No tienen la posibilidad de almacenar o de mantener más tiempo el ganado en la granja, generando así más costes y deteriorando su precio. El sector reclama al Gobierno elaborar semanalmente los índices de los precios de coste para facilitar su cumplimiento.
- Distribución. El sector denuncia la banalización y ventas a precios de oferta de los productos agrarios en la distribución a causa de las guerras por las cuotas de mercado y la persistencia de la venta a pérdidas, estrategias que se traducen en bajadas de precios en origen.
- Comercio exterior. Rechazo a las políticas de acuerdos con terceros países por los que se disparan las importaciones más baratas sin exigir a las mismas las condiciones de laboreo, uso de abonos, fitosanitarios, alimentación o bienestar animal que las pedidas a los agricultores y ganaderos de la UE, lo que supone, a la postre, más dependencia exterior y poner en peligro la autosuficiencia alimentaria.
- Política Agraria Común (PAC) y plan estratégico. Demanda de una nueva PAC y un plan estratégico para su aplicación en España que no suponga una pérdida de renta y donde las exigencias de la política verde no supongan solo mayores costes y menos rentabilidad, sin compensaciones.
- Seguros Agrarios. Se reclama un debate sobre el sistema de seguros agrarios, donde en los últimos años se ha disparado la siniestralidad y las indemnizaciones de las compañías aseguradoras. Frente a esta situación, el sector agrario plantea que la solución no puede ser solo un aumento del coste de las primas y menos coberturas, cuando además en los últimos años se han reducido las subvenciones públicas para apoyar el pago de las primas contratación. Los mayores fondos actuales por parte del Ministerio de Agricultura no han solventado el problema.
- Reforma laboral. El sector denuncia que la reforma laboral no contempla adecuadamente la temporalidad y estacionalidad de una parte muy importante de la actividad agraria a efectos del modelo de contratación.
- Regadíos y tarifas. Se reclama un impulso a las políticas de modernización de los regadíos a través de los planes hidrológicos para lograr un ahorro de agua y una mayor eficiencia y rebajar su coste. Y que se cumpla la ley que permite que en las tarifas eléctricas para los riegos se puedan suscribir dos contratos: un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro con una potencia mínima el resto del año.
- Fiscalidad. Se demanda una bonificación del 35% en la factura del gasóleo y del 15% para plásticos y fertilizantes a efectos del IRPF. El Gobierno ya decidió, a causa de la sequía, una reducción del 20% en el sistema de módulos, créditos y avales, junto a otra serie de medidas decididas unilateralmente por el Ejecutivo que se consideran insuficientes. El sector denuncia que no han sido producto de una negociación con todos los departamentos afectados, como se hacía antaño ante crisis similares y donde Moncloa solo daba luz verde a los acuerdos.
- Bienestar animal y medio ambiente. Normativas que permitan la adaptación del sector de forma progresiva hasta 2030, apoyo a las inversiones en esta dirección y reconocimiento del papel del sector en la lucha contra el cambio climático.
- Jóvenes. Nuevas medidas para apoyar la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y al medio rural, aunque se considera que el mejor reclamo es una política que suponga rentabilidad para las explotaciones y servicios en el territorio.
- Medio Rural. Se demanda otra política que suponga ofrecer a los habitantes del medio rural disponer de unos servicios (en materia de sanidad, asistenciales, educación, transporte, movilidad, comunicación o banda ancha) iguales a los que disponen los habitantes urbanos. Unos impuestos acordes con los servicios que se reciben y apoyo a inversiones para otras actividades en el medio para ganar más población.
