El sector del transporte lleva meses convulsos y ya en diciembre 2021, las principales asociaciones que agrupan al sector convocaron un paro en vísperas de Navidad, que se frenó tras un acuerdo con el Gobierno para mejorar las condiciones de trabajo de los transportistas que fue ratificado el jueves 17 de marzo en el Congreso con la aprobación de un decreto-ley que contó con el apoyo de todos los grupos políticos, salvo Vox.
El Comité Nacional del Transporte por Carretera es la voz ‘oficial’ del sector. Se trata del interlocutor “legítimo y democrático” de los transportistas, en palabras de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
El paro indefinido que comenzó el lunes 14 de marzo está convocado por la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional. Se trata de una asociación que, según otros representantes del sector, es minoritaria pero muy activa y organizada. La organización afirma tener la representatividad de pequeños camioneros y autónomos que, en total, serían alrededor de 100.000, que están al margen de las organizaciones del transporte más mayoritarias. Otras fuentes aseguran que es difícil saber la representatividad real en un sector que se estima, en toda España, en 600.000 camioneros
El relato del Gobierno frente a las protestas de los transportistas que están poniendo en jaque la distribución de suministros básicos en España ha dado un paso más y vincula a los huelguistas ya no solo con grupos de extrema derecha, sino con Vladímir Putin. Desde el Gobierno no aclaran qué información tienen para vincular las protestas con la ultraderecha o acusarlos de hacer el juego a Putin. En privado, fuentes del Ejecutivo apuntan a las declaraciones de uno de los portavoces de la plataforma convocante de las protestas, José Fernández, que en una entrevista se lamentó: “Quieren echar la culpa a Putin de los problemas que tenemos en España. Pero Putin está a miles de kilómetros. Putin no tiene la culpa de que en España tengamos unos políticos ineptos, inútiles y corruptos. ¿Por qué metes en el conflicto a Ucrania? ¿Sabes lo que está pasando en Ucrania con ese nazi de Zelenski que tenía laboratorios de armas biológicas para matar a la mitad de media humanidad?” Es evidente que las opiniones descerebradas de un único portavoz no pueden ser excusas para soslayar los problemas reales de fondo en un sector que ha pasado de ser uno de los “héroes de la pandemia” a ser considerado poco menos que un “hervidero de nazis” (curiosamente el mismo argumento que utiliza Putin para justificarse)
Isabel Rodríguez, ministra portavoz del Gobierno: “Los paros son un boicot alentado desde esas posiciones violentas, de odio, de la extrema derecha, de la ultraderecha. Nada tiene que ver con el derecho a huelga, pero sí con problemas que además están generando desabastecimiento de algunos productos”.
Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: “La mayoría de los transportistas quiere ejercer su derecho a trabajar y no vamos a tolerar este pulso. Vamos a ser contundentes en la aplicación de la ley y en la represión de las conductas violentas”.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública: “No se puede ser rehén del chantaje que puedan estar produciendo determinados colectivos. No está siendo un paro, sino un boicot que aprovecha la ultraderecha. Quienes están impidiendo que los productos lleguen a destino, le están haciendo el juego a Putin que busca la inestabilidad en el conjunto de los países europeos“.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia: “Los participantes en los piquetes son personas violentas e irresponsables. La crispación ahora es aliada de inestabilidad y es lo que le gustaría a Putin, que hubiera en Europa y en los países europeos inestabilidad, división y desunión“.
El escaso sentido común por todas las partes en este contencioso viene esta vez, sorpresivamente, de Unidas-Podemos. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso: ”Que la ultraderecha esté aprovechando el malestar de algunos sectores para infiltrarse, para engañarlos (porque no defienden sus intereses) y para desgastar al Gobierno no significa que los problemas de esos sectores no sean reales. Muchos lo son, y el Gobierno debe resolverlos”.
¿DÓNDE ESTÁN LOS “SINDICATOS DE CLASE” MIENTRAS ESPAÑA “ARDE”?
Una de las anomalías provocada por el Gobierno progresista de coalición es la actuación de los sindicatos llamados de clase. Igual es casualidad que haya una partida millonaria para subvencionarles porque son los únicos sindicatos de Europa que no han salido a la calle por la subida de la luz. España es el único país Europeo en el que no se manifiestan los grandes sindicatos contra el aumento de los precios. No lo hicieron durante la pandemia, ni en los largos meses que llevamos con récords históricos en el precio de la luz, los alimentos, el gas y los carburantes.
Lo que sucede en los “sindicatos de clase” de España no podemos saberlo porque las cifras de afiliación no son transparentes, las dan los sindicatos sin que se pueda comprobar quién paga la cuota y quien no. Ni CCOO ni UGT han querido nunca sumarse a la ley de transparencia como el resto de administraciones públicas y partidos políticos, aunque gestionen millones de dinero público. Aun dando como buenos sus datos “oficiales” de casi un millón de afiliados cada uno, no representarían más de 12% de los trabajadores por cuenta ajena.
Ahora, tímidamente y varios meses después, convocan unas manifestaciones forzados por la poca vergüenza que les queda, eso sí, tras decir bien alto que están en contra de rebajar los impuestos sobre la luz y la gasolina , que son los acuerdos alcanzados con su nueva benefactora Yolanda Díaz, y tirando de demagogia señalan que “hay empresas que se están beneficiando de manera absolutamente indecente, un argumento que va en la misma línea de la “elegante y papal” vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que es partidaria de aprobar un impuesto extraordinario a las eléctricas.
¡QUIEN PAGA MANDA!
Estas semanas hemos visto que CCOO y UGT se manifestaban en Cataluña junto a los independentistas contra el 25% de castellano en las escuelas, y en el País Vasco en defensa de los presos de ETA, porque estos dos sindicatos son súbditos del poder ejecutivo, que es quien les subvenciona. Hace ya mucho tiempo que CCOO y UGT no viven de las cuotas de sus afiliados, sino de las subvenciones del Gobierno y en los últimos diez años: más de 74 millones de euros de dinero público solo para ellos dos.
Hoy los trabajadores están bien informados y saben que durante los cuatro años que duró la gran crisis económica con Rodríguez Zapatero de presidente, CCOO y UGT no vieron reducidas sus subvenciones ni un céntimo, mientras ellos perdían su trabajo. El gobierno de Rajoy les rebajó las subvenciones a la mitad y le organizaron 4 jornadas de manifestaciones en 2017 porque la luz estaba en 70 megavatios /hora, hoy un 240% más cara se quedan en casa. Pagar millones con nuestro dinero por conseguir lo que llama el gobierno “la paz social” es la paz de los cementerios. Saben que durante la pandemia y con millones de trabajadores en ERTE el gobierno de Sánchez solo les rescató a ellos, duplicando las subvenciones que recibían: de los 9 millones de euros que recibieron en el año 2020 a los 17 millones que reciben ahora, el 100% más de subvención pública en tan solo dos años, un máximo histórico sin precedentes en la historia de España.
LOS “SINDICATOS DE CLASE HACEN LA AVESTRUZ”
La virulencia con la que los sindicatos mayoritarios salían a la calle a protestar contra el Gobierno de Mariano Rajoy es hoy mutismo absoluto. Si al anterior jefe del Ejecutivo le montaron una huelga general cuando llevaba menos de cien días en el cargo, ahora no han convocado ni una sola protesta tras meses de carestía con una inflación especialmente significativa en la electricidad.
El 29 de marzo del 2012, unos meses después de las elecciones del 20-N, CC.OO y UGT llamaron a los españoles a la huelga general. Habían pasado 98 días desde que Rajoy tomó posesión. Antes de que se cumpliese un año desde los últimos comicios, el 14 de noviembre, los sindicatos convocaron otra huelga general en protesta por la reforma laboral, los recortes y los Presupuestos para el 2013. Fue la primera vez que se iba dos veces a la huelga en un mismo año. Entre medias, en el colofón de la protesta social, se llegó a llamar a rodear el Congreso.
Los “sindicatos de clase” no han convocado manifestaciones masivas contra el alza de la luz o los carburantes y sólo se concentrarán en las empresas el 23 de marzo, pero para rechazar rebajar impuestos para contener los precios. Los sindicatos de clase no dudan en lanzarse contra los camioneros autónomos en huelga, en este caso, contra los trabajadores autónomos, y es que les gustan mucho más los asalariados de las grandes empresas y los funcionarios. El objetivo oficial es reclamar al Gobierno medidas urgentes ante la inflación: «Contener los precios, proteger el empleo, frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida» será el lema de las reivindicaciones. Asimismo, los convocantes han propuesto al Gobierno medidas de acción, de la limitación de los beneficios empresariales, así como del precio de la luz en el mercado mayorista.
