El 22 febrero en el Consejo de Ministros, el Gobierno dejó lista la ley del macrofondo de pensiones de empleo y así queda lista para su debate y votación en el Parlamento, una iniciativa impulsada al margen de la negociación con sindicatos y patronal. Pero en el caso de que estos planes de empleo se extiendan supondría un agujero de millones de euros en las cuentas de la seguridad social, y además el macrofondo quedaría en manos de bancos o gestores de fondos.
Los planes de pensiones de empleo son productos financieros de ahorro pensados para la jubilación, promovidos por las empresas y los sindicatos, y puestos a disposición de los trabajadores para que cuenten con un complemento a su pensión pública. Aunque existen desde hace años en España, su incidencia es mínima pues solo participan en este tipo de planes 1,9 millones de personas, mientras que los planes privados individuales llegan a 7,4 millones, una cifra también baja para los estándares europeos.
Pero el Estado compromete los ingresos de Hacienda y de la Seguridad Social para hacer atractivos unos planes privados de pensiones pues las desgravaciones fiscales para las personas que se acojan a estos planes de empleo, ya incluidas en los presupuestos de este año, permiten elevar el límite en la deducción de la base imponible hasta los 10.500 € al tiempo que bajaban ese límite hasta los 1.500 € para los planes individuales de pensiones.
El Ejecutivo no ha incluido ningún tipo de incentivo fiscal para las empresas pero si incluye la elevación a 115 €/mes de la cantidad de aportaciones de las empresas a los fondos de pensiones colectivos que se podrán sacar de la base de cotización del trabajador. Esto supondría poder excluir de dichas bases de cotización hasta 1.380 €/año, lo que según los cálculos del ministerio supondrá un ahorro de casi 400 €/año por trabajador
Estos descuentos en la base de cotización de los trabajadores arrojan una ecuación perversa: cuánto mejor le vaya al macrofondo de Escrivá peor le irá al sistema público de pensiones cuya viabilidad y sostenibilidad es tema de debate continuo por la precariedad laboral, los cambios demográficos y la jubilación de la generación del baby boom.
Si las cosas salen como las pensaba Escrivá cuando lanzó su idea del macrofondo de pensiones de empleo, para 2030 más de 13 millones de trabajadores, el 80% de la población activa, deberían contar con un plan de empleo. Este sueño de Escrivá se traduciría en unas pérdidas para la Seguridad Social y las pensiones públicas de 5.200 millones de euros, y eso sin contar con los perjuicios para el Estado de las desgravaciones fiscales para fomentar estos planes.
En definitiva, hay al menos tres “peros” conceptuales sobre estos planes de empleo:
1.- Los sistemas de empleo son sistemas paralelos al régimen de la Seguridad Social y si así se compensan las pensiones públicas ya no será tan problemático recortar la cuantía de estas.
2.- Suponen trasvasar capital ahorro desde la gestión pública (la Seguridad Social) a la empresa privada lo que de hecho es una privatización de parte del Sistema Público de Pensiones
3.- Las deducciones fiscales para hacerlos más atractivo, en definitiva es financiar con dinero público un producto privado.
Los planes de empleo pueden encerrar un Caballo de Troya muy peligroso y es un sendero deslizante donde se juega, en buena parte, el diseño del sistema futuro de pensiones públicas y puede ser que se desnude un santo para vestir a otro.
Cuando todo sea privado, estaremos privados de todo.
