El Gobierno presentó el jueves a la Comisión Europea un plan presupuestario ambicioso que incluye una escalada de los ingresos públicos a máximos históricos y un recorte del déficit sin ajustes del gasto público. Sin embargo, hay una partida que se reduce considerablemente gracias a la reactivación económica: el desempleo. El Ejecutivo prevé que el gasto en estas prestaciones se reduzca drásticamente en 2021, pasando de casi 41.000 millones de euros en 2020 a 22.000 millones en 2021, un recorte de 18.900 millones de euros. De esta forma, el gasto en desempleo en 2021 sería prácticamente el mismo que hubo en 2019, cuando la tasa de paro era muy inferior y el PIB era un 3% superior.
Tal recorte en la partida de desempleo solo puede tener dos interpretaciones. La primera, que el Gobierno no pretende prorrogar más allá de enero las medidas extraordinarias que puso en marcha durante la cuarentena, en especial los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) y el cese de actividad de los autónomos. La segunda, que sí pretende prorrogarlos, pero que no reservará los fondos necesarios en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, lo que significa que si se necesitan, se recurrirá a elevar el déficit público, invalidando así los datos enviados este jueves a Bruselas.
El Gobierno estima que en todo el año 2020 se gastará 17.840 millones de euros en financiar las prestaciones de los ERTE y otros 6.349 millones en las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social para estos trabajadores. En total, más de 24.000 millones de euros. Sin embargo, para 2021, estas dos partidas caen drásticamente. En concreto, la partida para financiar los ERTE se reduce hasta 718 millones de euros, un 96% menos. Si se tiene en cuenta que el gasto en ERTE en septiembre fue de 867 millones, esto significa que el presupuesto reservado para los ERTE solo permitirá financiar un mes de prestación.
Esta cuantía podría ser suficiente para financiar un año completo de ERTE si la reincorporación de trabajadores fuese mayoritaria, pero la realidad es que en las últimas semanas se ha frenado bruscamente y todo apunta a que queda una bolsa de cerca de 700.000 trabajadores que difícilmente podrán volver a su empleo. De los 729.000 trabajadores que seguían en ERTE a 30 de septiembre, un 63% está en sectores muy relacionados con el turismo (hostelería, transporte, ocio y comercio). Sus probabilidades de salir del ERTE antes de que se descubra la vacuna contra el virus son remotas. Salvo que salgan porque se agote la ayuda extraordinaria.
También se reduce bruscamente el presupuesto destinado a financiar exoneraciones en las cotizaciones sociales de trabajadores en ERTE, que pasan de 6.350 millones en 2020 a 435 millones en 2021, un recorte del 93%. Un recorte que va en línea con el de las prestaciones extraordinarias de ERTE.
El plan presupuestario también siembra dudas sobre la continuidad del cese de actividad extraordinario, conocido como el ‘paro de los autónomos’. La suma de prestaciones y exoneraciones de cuotas tuvo un coste de más de 8.000 millones de euros en 2020, pero para 2021 el Gobierno solo contempla un gasto de 570 millones.
Además, desaparecen las prestaciones extraordinarias creadas para cubrir la crisis del coronavirus: la ayuda a fijos-discontinuos, la de trabajadores despedidos durante el periodo de prueba, el subsidio a las trabajadoras del hogar y el de trabajadores temporales despedidos. Este desmontaje de las ayudas extraordinarias se producirá con la tasa de paro todavía cerca del 17%, más cerca de los máximos de la crisis que de los niveles previos a la pandemia. Eso significa que, además de todas las medidas extraordinarias, el Gobierno tendrá que seguir abonando el paro ordinario a los más de tres millones y medio de desempleados. ¿Cómo podrá hacerlo con 19.000 millones menos?
Fuente: El Confidencial
