Las pensiones se han convertido en las absolutas protagonistas de las cuentas de los PGE 2023 pues experimentarán el próximo año una subida lineal del 8,5% y se prevé el mayor gasto en pensiones de la historia, hasta más de 190.000 millones de euros. La partida contribuirá a agrandar las diferencias económicas que separan a jóvenes y mayores, a pesar de que el propio Pedro Sánchez se había propuesto atajar este problema cuando el Gobierno publicó su informe ‘España 2050’, en mayo del pasado año.
Ese documento, que repasa los retos a los que se enfrenta el país en los próximos 30 años, abarca en el apartado de «cuentas pendientes» la necesidad de solucionar las desigualdades económicas existentes entre las generaciones más mayores y los más jóvenes, una brecha que se ha ido ampliando durante los últimos años.
Lo cierto es que las personas con 65 años atesoran en España cinco veces más riqueza que las personas de 35 años, según el propio documento que compartió el Ejecutivo. Una circunstancia que el Gobierno de Sánchez calificó de preocupación prioritaria hace algo más de un año y que se agravará en 2023, en vista de que las cuentas públicas acordadas por el Ejecutivo establecen un aumento considerable de las pensiones, especialmente en los tramos más altos, mientras el resto de medidas de apoyo a los jóvenes no crecen al mismo ritmo.
La revaloración del IPC hará que la pensión máxima experimente el mayor crecimiento, con una subida de 3.355 euros al año (240 euros cada mes) y en el otro extremo, el aumento de sueldo para los trabajadores de entre 20 y 24 años rondará los 336 euros anuales (24 cada mes). Los ciudadanos de la siguiente franja de edad, que va de los 25 a los 29 años, experimentarán una subida de sueldo de en torno a 478 euros al año (34 al mes)
A lo largo de las últimas décadas, tal y como explica el informe del Gobierno, el riesgo de pobreza se ha reducido «considerablemente» entre los mayores de 65 años, pero ha crecido entre los menores de 25, como resultado de la alta tasa de desempleo juvenil, los bajos salarios de entrada en el mercado laboral y el encarecimiento de la vivienda. La pobreza, además de estar presente en las situaciones de desempleo, afecta ya a un 13% de los trabajadores a tiempo completo, con lo que ni siquiera el trabajo es garante de protección contra la pobreza y la vulnerabilidad social, que afecta especialmente a los más jóvenes.
Lo cierto es que el Estado del Bienestar se ha convertido en una gestora de planes de pensiones. 1 de cada 2 euros del presupuesto de 2023 se gastará en pensiones (41,8%) y en pagar los intereses de la deuda pública (6,9%)
Los PGE 2023 traen 19.500 millones de euros extra para pensiones, y 390 millones de euros extra para becas. Lo cierto es que el Gobierno sabe que el sistema de pensiones es insostenible, y su estrategia es transparente y electoralista: “Patada a seguir” y beneficiar a los casi 10 millones de pensionistas “votantes” y hacerlo sabiendo que en a partir de 2023 posiblemente ya no esté en el poder y que el embrollo lo resuelvan los siguientes.
Es cierto que los pensionistas es la población con más necesidades de dependencia. Todos los Estados de bienestar tienen una responsabilidad moral de proteger a sus ancianos. También es cierto que es una población que tiene una renta (y un patrimonio) mayor que el de los jóvenes, y normalmente (abrumadoramente) no sufre problemas tan acuciantes como el acceso a la vivienda (el 90% de los pensionistas son propietarios).
Si en 2012 la renta media per cápita de los ocupados era parecida a la de los pensionistas (en torno a los 13.000 euros), hoy los pensionistas tienen una renta per cápita mayor que los ocupados. En la Encuesta de Condiciones de Vida de 2021, los pensionistas tenían una renta anual neta media de 14.426 euros; los individuos entre 30 y 44 años, de 12.012. Es decir, los pensionistas tienen más renta que sus hijos de 45. No es normal que tenga menor renta el demográfico con mayor porcentaje de ocupación que una clase desocupada como los pensionistas.
El debate está lleno de demagogia. Aparece gente que señala que hay pensiones muy bajas, pero también hay muchos jóvenes privilegiados que nunca tendrán problemas para acceder a una vivienda o un trabajo. En un país con un desempleo juvenil subsahariano subimos tanto las pensiones (y además todas las pensiones, no solo las más bajas) que en 2023 va a haber, en la práctica, 15 pagas en las pensiones públicas y no las 14 pagas reglamentarias.
Lo más triste es que es algo que llevan años haciendo también sus predecesores en el poder y que seguirán haciendo sus sucesores.
Medidas de apoyo a los jóvenes
Los «presupuestos para los jóvenes» sólo les dedican un 3% del total, 15 veces menos que a las pensiones. El Gobierno destinará 12.741 millones de euros a políticas orientadas a la juventud, con 236 millones dedicados al acceso a la vivienda
Los Presupuestos Generales de 2023 son, según indica el Gobierno en el propio documento, «unos presupuestos para los jóvenes». «Son la garantía más sólida del futuro y progreso de las sociedades«, asegura el ‘libro amarillo’, que les dedica un 3% del total del gasto consolidado, 12.741 millones de euros, una cantidad 15 veces inferior a los 190.685 millones que recibirán todas las pensiones. «El principal activo de cualquier sociedad son las personas y, de manera especial, los jóvenes», reza el documento presentado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. «Es responsabilidad de los poderes públicos, tanto por razones de equidad intergeneracional como de eficiencia económica, proveer el entorno, las herramientas, la formación y las oportunidades que permitan a los jóvenes desarrollar sus capacidades y proyectos de vida», detallan los Presupuestos El grueso de las inversiones se lo lleva el apartado de Educación, que recibe 3.360 millones, 379 más que el año pasado.
A los mencionados 3.360 millones de la Educación habría que sumar, por ejemplo, los 236 millones dedicados al acceso a la vivienda y fomento de la edificación. La partida presupuestaria de la vivienda ha aumentado en un millón de euros respecto a 2022 en unos Presupuestos que presumen de atender «todos los aspectos críticos» con medidas destinadas a asegurar que los jóvenes tengan acceso, entre otros, «a una vivienda asequible» o «a un empleo digno».
El Gobierno va a «consolidar» el bono joven al alquiler con una dotación presupuestaria de otros 200 millones de euros, la misma cantidad prevista en 2022. También se pondrá en marcha un programa de alquileres accesibles dotado con otros 260 millones de euros. El plan, a la espera de conocer más detalles, estará gestionado en parte por la Entidad Pública del Suelo.
El bono joven al alquiler supone una ayuda de 250 euros mensuales por dos años para personas de entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el IPREM y alquilen una vivienda de 600 euros mensuales o menos (ampliables en cada comunidad a 900 euros) o una habitación de hasta 300 euros (ampliable a 450 euros). Según cálculos del Gobierno, podría beneficiar a cerca de 70.000 personas que tienen que destinar el total de la ayuda a sufragar la vivienda.
La mayor variación interanual es la registrada, precisamente, en pensiones, que pasan de no recibir nada a los 925 millones de este año. Se incluye la pensión de orfandad contributiva, que el proyecto de Ley estima que contribuiría a los jóvenes «con una cifra de en torno a 946 millones de euros». También hay un aumento considerable -719 millones- en lo invertido en Servicios Sociales y Promoción Social, que pasa de 69 a 788 millones. Cultura, que ‘gana’ 266 millones de euros para un total de 551 se ve fortalecida por el Bono Cultural, al que se destinan 210 millones.
Cabe destacar que el año pasado el cálculo de los recursos dedicados a la juventud se hizo en base a «la dotación total de los programas de gasto que se consideraba que tenían impacto directo o indirecto en los jóvenes», mientras que este año se han solicitado a todos los ministerios unos soportes de recogida de información «en los que se debían incluir las actuaciones que se llevaban a cabo en materia de juventud en el ámbito de cada Ministerio, así como las partidas presupuestarias que financiaban dichas actuaciones y la parte del crédito presupuestario que se estima que dedicaba a cada actividad«. Es decir, que la partida podía existir previamente, pero no estar considerada como una ayuda para la juventud.
