Las pensiones, la sanidad y la educación públicas han sido durante años el orgullo y el cimiento de las democracias europeas. Ahora, una suma de factores pone en jaque un modelo que trajo un bienestar nunca antes visto
Un cerco de problemas está poniendo en peligro la era del Estado de bienestar en diferentes naciones que durante décadas ha sido su orgullo y usado como elemento de su cohesión social. Especialmente palpable está siendo este asedio en Europa, ya que sus democracias han sido los lugares en los que esta concepción de un gobierno que trata de garantizar sanidad, educación y pensiones a su población se ha vuelto más sofisticada.
Los datos muestran que este desarrollo ha sido de hecho una rara avis. Así, según la Organización Mundial del Trabajo, en 2020 menos del 47% de la población mundial estaba efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social. El resto no tenían ninguna clase de protección. Pero no solamente estos esquemas de salvaguarda social son escasos, sino que gozan de mala salud y según el Mercer CFA Global Pension Index de 2021 de 43 países analizados consideró que solo tres de ellos (Países Bajos, Dinamarca e Islandia) tenían sistemas de pensiones sostenibles, robustos y con buenas prestaciones y la mayor parte de países con Estado del bienestar tienen cosas buenas, pero se enfrentan a riesgos mayores que ponen en peligro su sostenibilidad. España es uno de los países en esta categoría.
La demografía
Al igual que en el resto de Europa, la demografía es una de las principales explicaciones de la vulnerabilidad del sistema español, pues la pirámide poblacional se está invirtiendo y cada vez son más los que cobran, mientras que los que aportan son cada vez menos. Los sistemas actuales se afianzaron cuando había una parte mayor de la población en activo y pocos estaban jubilados. En cuanto esto empezó a cambiar, el diseño se reveló incapaz de afrontar el nuevo entorno poblacional de una mayor longevidad y menos juventud para trabajar.
El precariado laboral juvenil
En el caso de Europa, hay un riesgo de que los bajos salarios, especialmente los que perciben los trabajadores jóvenes, se conviertan en algo estructural y mientras que en los EEUU tienen asumido que quien crea empleo son las empresas, en Europa vamos cada vez más a un modelo en el que la única esperanza de tener una cierta seguridad económica para los jóvenes pasa por ser funcionario. Según cifras del Banco Mundial, entre 2008 y 2021 el PIB estadounidense ha crecido un 55,72%, mientras que el español ha bajado en ese mismo periodo un 14,37%. En cuanto a los sueldos, el salario medio estadounidense repuntó un 34% entre 2008 y 2020, el español subió alrededor de un 15%. Todo depende de cómo se apoye a las empresas e incluso, el papel que se les dé a nivel social. En un país en el que la empresa se demoniza, habrá menos dinamismo. A esta diferencia cultural, se le suma el hecho de la burocracia que es como un traje de cemento que limita a las empresas y provoca también un menor dinamismo. Según la CEOE, en España, el conjunto de las páginas publicadas por los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico alcanzó 1.088.249 páginas en 2021, siendo el sumatorio más alto de los últimos 10 años, y es un 10% superior a la media anual
El número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 6,8% en junio de 2022 respecto al mismo mes de 2021, hasta sumar un total de 8.909 empresas, y con esta caída de junio, la creación de empresas encadena tres meses consecutivos de retrocesos interanuales, después de que en abril disminuyera un 8,2% y en mayo, un 4,6%. Al tiempo que disminuyó la creación de sociedades, en junio aumentó la disolución de empresas, un 8,1% respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 1.698.
Para la constitución de las 8.909 empresas creadas en junio se suscribieron más de 362 millones de euros, lo que supone un 23,2% menos que en igual mes de 2021, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 40.739 euros, cayó un 17,6% interanual. Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 0,4% en junio, hasta las 2.430 empresas.
El 19,7% de las sociedades mercantiles que se crearon en el sexto mes del año se dedicaba al comercio y el 18,2% a actividades inmobiliarias, financieras y seguros.
Todo esto impacta en los salarios. La fórmula para que suban los salarios es que haya mucho empleo porque entonces los jóvenes tienen una posición negociadora mucho más fuerte a la hora de discutir sus sueldos. La fuerza negociadora de los trabajadores pasa por el hecho de que las empresas vayan bien y haya puestos de trabajo. Con un paro alto, la capacidad de negociar de los trabajadores y especialmente la de los jóvenes es mínima, porque si ese trabajador no acepta las condiciones, llegará otro. En el momento en el que pretendes pagar las pensiones de una población cada vez más envejecida con sueldos raquíticos en jóvenes tenemos un problema.
Un país en el que los jóvenes en edad de trabajar se quedan a vivir en casa de sus padres, aunque estén empleados, porque no se pueden emancipar, está condenado al fracaso. Si además están desempleados, la situación empeora. La fotografía que hace el Observatorio de Emancipación, elaborado por el Consejo de la Juventud de España, es preocupantemente: solo un 15,6% de los jóvenes españoles de entre 16 y 29 años vivían emancipados en el segundo semestre de 2021, tres puntos menos que antes de la pandemia. Es posible achacar esa caída a la lenta recuperación por el largo periodo de inacción de actividad causado por el Covid, que hizo a muchos jóvenes retornar al hogar familiar, pero sería un error. El mismo que hablar de recuperación por el hecho de que el dato sea un 0,7% superior al del primer semestre y el primer repunte en 15 años. En este caso, porque en ese primer semestre del año pasado del que parte la supuesta recuperación, la emancipación de los jóvenes españoles estaba en mínimos: la cifra más baja del siglo. Y, en cuando a la pandemia como causa, baste decir que el actual porcentaje es aún diez puntos inferior al previo a la anterior crisis económica (26% en 2008).
La lógica recuperación del empleo destruido o aplazado durante lo más crudo de la pandemia tampoco ha servido para incentivar a los jóvenes para que se emancipen. A pesar de la reforma laboral del Gobierno, la tasa de temporalidad y el empleo parcial no deseado, unidos a los bajos salarios, pesan en las perspectivas de futuro de los jóvenes en forma de una precariedad que desanima la iniciativa de irse del nido familiar. Y lo hace tanto como el difícil acceso a la vivienda, los dos lastres que más hunden la emancipación. Según el propio Observatorio, la vivienda en propiedad es inalcanzable para la gran mayoría de los jóvenes, y de ahí que predomine el alquiler. Pero el alquiler compartido. Una persona joven dedicaría casi el 80% del sueldo a la renta si alquila un piso; por eso se ve obligada a compartir la vivienda. El resultado es que una de cada tres personas jóvenes emancipadas comparten piso, una forma incompleta de emancipación.
Quien no tiene miedo al despido tampoco lo tendrá a plantarse ante una situación injusta y, por lo tanto, tendrá más posibilidades de que se solucione; quien no levanta la voz aguantará más y más cargas sin rechistar. La vida laboral son una serie de apuestas, y unos pueden permitirse apostar más fuerte que otros. Pero uno solo apuesta lo que tiene, y hay quien si se cae del alambre tiene una red de seguridad y quien dará con sus huesos rotos en el pavimento y por eso no apuesta.
Lo que resulta iluso es creer que la dinámica de ayudas como el ingreso mínimo vital puede resolver este grave problema y si los jóvenes no toman el relevo, crean nuevos hogares y dan impulso a la rueda de la vida, el país estará condenado a la irrelevancia.
Demagogia cortoplacista
Los periodos electorales invitan a no hacer lo que se tendría que hacer y reina el cortoplacismo, atentando con ello contra la sostenibilidad. Se pretende pagar más a la gente mayor para obtener votos, pero se tiene que pagar con las contribuciones a la Seguridad Social de gente que cobra poco y de unas empresas que cada vez son menos. Todo el mundo trata de ganar las próximas elecciones y mientras tanto el problema va creciendo: el que está gobernando ahora no va a hacer nada y le va a dejar el problema al siguiente. El siguiente va a tener que subir los impuestos. Los subirá y, por lo tanto, perderá las elecciones posteriores. El que llega de nuevo no va a bajar esos impuestos, puede que no los suba más, pero no los va a bajar. El proceso es muy deprimente.
Los principales perjudicados de esta situación seria, la clase media. La clase alta no depende apenas del sistema público, con lo que no le afectan estos recortes. La clase baja será la última en ser objeto de los ajustes, ya que es un grueso de votantes mayor, el estrato social más afectado será la clase media y más número de personas viviendo con lo mínimo y dependiendo de las raquíticas cuentas del Estado. De esta forma, los problemas en los sistemas de protección se traducirán en agudizar la tendencia de desigualdad.
En 2020, la última edición del informe de riqueza global de Credit Suisse mostraba que el 1,1% de la población mundial tenía el 45,8% de la riqueza total. En el lado opuesto, el 55% de la población mundial acumula el equivalente al 1,3% de la riqueza.
