El escudo social está resquebrajado, agrietado, no defiende las clases sociales con menor poder adquisitivo. El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida social tan publicitada y presentada como un “hito histórico” por parte del actual Gobierno llega a una quinta parte de las personas que preveía el propio Gobierno (160.000 familias frente a las 850.000 anunciadas). Solicitar una prestación de desempleo al SEPE o solicitar la jubilación al INSS es casi un acto de fe en estos momentos. La Administración está semiparalizada por la caótica coordinación de un Gobierno (¡con 23 ministerios y más de cien secretarías de Estado!). Desde mediados de marzo muchas de las prestaciones de desempleo asociadas a los ERTEs están en el limbo de los justos junto a las prestaciones para las empleadas del hogar después de más de medio año. Las tan anunciadas ayudas a la hostelería se retrasan por las discrepancias entre Industria y Hacienda. Un rosario de ineficiencias interminable que no protegen lo que deberían.
La factura económica de este necesario “escudo social” es carísima para el Estado y más en un momento como el actual, con el déficit y la deuda por las nubes. Esta semana el Ejecutivo prorrogó la prohibición de los cortes de luz y gas, y es inminente que el veto a los desahucios se extienda a todo el ejercicio, al menos para los grandes tenedores de vivienda que dice el Gobierno son especuladores despreciables y fondos buitres que no merecen, por definición, se les respete ningún posible derecho.
Ahora toca los “fuegos de distracción” y la “batallita” del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que cuenta con el apoyo coral de los secretarios generales de CCOO y UGT, pues después de alzas del 0,9 % en las pensiones y el sueldo de los funcionarios, ¿cómo no van a subir el resto?. Lo que parece evidente que no se respeta es el art. 27 del Estatuto de los Trabajadores que indica las causas de revisión del SMI. Los sindicatos ponen como modelo paradigmático las subidas en Alemania, Holanda ó Portugal, pero lo que no dicen es que en ninguno de estos países, el SMI se incrementó el año pasado más del 20 %, que su tasa de paro está en menos de la mitad de la española y que sus economías han sufrido mucho menos por el coronavirus: el PIB alemán caerá el 8 €, mientras que el español lo hará el 12 %. El último incremento del SMI dejó en la cuneta a miles de empleadas de hogar y de trabajadores del campo, que tendrán difícil volver a la vida laboral tras pasar a la “economía sumergida”. El SMI golpeará, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, que en su mayoría tuvieron que acudir a expedientes de regulación del trabajo (ERTEs) o de extinción (EREs). Pero esto tampoco importa, lo único que preocupa es ganarse el apoyo de miles de funcionarios y de ciudadanos ingenuos, cuando en realidad lo único que logrará es que muchos de ellos se queden en la calle. Parece como si el objetivo del Gobierno no el progreso sino el control.
Pero la gran batalla no se va a dar en el campo de los desahucios, ni en el del SMI, si no en el de las pensiones y la “reforma de la reforma laboral”. Sobre las pensiones la propuesta que presentó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriva, en la Comisión Delegada de Asuntos Económicas hace unos días, provocó un enfrentamiento de todos contra todos. Escrivá defendió alargar en diez años, de 25 a 35 años, el cómputo para calcular la pensión que es algo ya recogido en el Pacto de Toledo, ratificado recientemente también por los partidos que forman el Gobierno de coalición. Escrivá dejó caer otras guindas como el de alargar la edad de la jubilación efectiva mediante la concesión de incentivos. Un informe reciente de Fedea, un organismo dependiente del Banco de España, señalaba esta semana que cumplir con el incremento del poder adquisitivo de las pensiones recogido en el Pacto de Toledo exigirá elevar el 50 % el IRPF de aquí a 2050, el período en el que la generación del baby boom se irá retirando.
Sobre la reforma laboral, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, visitó el jueves 18 de diciembre al comisario de Economía, Paolo Gentiloni, para intentar convencerle de los cambios que quiere introducir en la reforma laboral, porque desconfía del mensaje que trasmite Calviño ante las instituciones europeas. Gentiloni despachó el asunto de manera fría, a juzgar por el comunicado conjunto, porque no está dispuesto a consentir una relajación de las normas que empeore la situación en el país europeo con mayor porcentaje de desempleo, tanto por término medio como en relación a los jóvenes, entre los que afecta casi a la mitad.
Parece claro que el área económica del Gobierno está partida en dos: Calviño, Escrivá y Montero versus Iglesias, Díaz y Garzón y que de seguir así el desencuentro de fondo seguirá arrasando a su paso con el empleo, la vivienda, los autónomos, las pymes,… Pero eso no importa, porque la tasa de paro y la capacidad adquisitiva seguirán sostenidas artificialmente a costa del déficit y de la deuda, y con las ayudas europeas permanecerá así un largo tiempo. Después habrá que empezar a reparar los destrozos y vendrán los ajustes y los problemas, pero…
ESO YA SERÁ OTRA HISTORIA, ¡¡¡AUNQUE YA CONOCIDA POR TODOS!!!
Fuente: El Economista
