En primer lugar, se ha producido el debate del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. El texto ha sido derogado con 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención. Entre las medidas se encontraban la revalorización de las pensiones, la prórroga de las deducciones en el IRPF de gastos relacionados con el vehículo eléctrico o la eficiencia energética; la actualización de los porcentajes de descuento del bono social eléctrico y la ampliación hasta el 30 de junio de 2025 de las ayudas al transporte y la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables.
En segundo lugar, se sometió a debate el Real Decreto-ley 10/2024, de 23 de diciembre, para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025. El texto fue derogado con 183 votos en contra, 165 a favor y una abstención. El texto derogado establecía un impuesto durante el presente año, con carácter general, a las personas o entidades que tengan la consideración de operador principal en los sectores energéticos cuya cifra de negocios en 2019 tuviera un importe neto superior a los 1.000 millones de euros.
Estas normas, al haber sido derogadas por el Congreso, dejan de estar en vigor.
A continuación, el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo fue convalidado con 298 votos a favor y 51 en contra. Este texto reforma la Ley General de la Seguridad Social y otras normas legales, en relación con la recomendación 12 del Pacto de Toledo sobre edad de jubilación. Según la exposición de motivos, el texto introduce una nueva regulación de la jubilación parcial y de la jubilación activa “con la finalidad de acabar con la dicotomía entre trabajador y pensionista, de forma que los trabajadores, llegada la hora de su jubilación, puedan salir del mercado de trabajo de forma más progresiva y flexible”.
La última “reformita” de pensiones (RDL 11/2024) con medidas sobre la jubilación parcial, demorada y activa pactadas por sindicatos y empresarios sale adelante con el apoyo del PP y el ‘no’ algunos socios habituales del Gobierno como EH Bildu, Podemos y BNG justificado su rechazo por incentivar que se siga trabajando más allá de la edad legal de jubilación.
Aunque tanto Sumar como ERC tienen reticencias sobre algunos aspectos han apoyado el decreto por las mejoras en la jubilación parcial, el contrato relevo y la cotización de los contratos fijos discontinuos.
Tras votar en contra del decreto del Gobierno, el PP ha presentado una proposición de ley «que pueda garantizar dicha subida pero su tramitación lleva unos plazos y pondría en riesgo la subida de febrero. La propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que esta proposición de ley necesitará «seis meses para tramitarse», lo que llevaría a los pensionistas a cobrar menos hasta el segundo semestre del año. Sin embargo desde el PP aseguran que si la proposición se tramita de urgencia, se tardaría «bastante menos» e incluso se llegaría a tiempo de abonar las nóminas de febrero con la subida incluida. Por otra parte, se apunta la posibilidad de que el Gobierno convoque un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un nuevo real decreto-ley que mantenga la subida Fuentes del PP aseguran que el partido estaría abierto a apoyar ese nuevo decreto sólo para las pensiones, sin el resto de medidas que iban incluidas en el ómnibus. Y en todo caso, hay que recordar que el peor de los escenarios para los pensionistas, que sería una nómina sin subida en febrero, tarde o temprano se pagaría con carácter retroactivo. Esto es algo que se ha hecho con las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) o con los incrementos en las retribuciones de los funcionarios. En cuanto al resto de medidas sociales que decaerán con el decreto fallido, el PP añade que también registraran iniciativas para garantizar las medidas relacionadas con los afectados por la… Leer más »
LA PENSIÓN DE ENERO LLEVARÁ LA REVALORIZACIÓN APROBADA PARA 2025 La decisión del Congreso de no convalidar el decreto ómnibus ha dejado una situación inédita para más de 12 millones de pensionistas: la revalorización del 2,8% cuya aplicación estaba prevista a partir de la nómina de enero queda en el aire temporalmente. De momento, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado de que “el cobro y la subida de las pensiones en el mes de enero están asegurados gracias a que el decreto ha estado vigente hasta hoy”. Sin embargo, estas mismas fuentes anticipan que la actualización conforme al IPC no se repetirá en febrero. Según distintas fuentes administrativas, la orden de pago de las nóminas de los pensionistas para este mes ya se habría dado, lo que garantiza que lo que cobren a partir de la próxima semana sí recogerá la subida vigente hasta este miércoles. Varios juristas apuntan a que, tras lo ocurrido en la Cámara Baja, la actualización de las cuantías que cobran los pensionistas se suspende de forma al menos temporal. Esto se enmendaría si el Gobierno aprobara inmediatamente otro decreto y lo publicara en el BOE antes de que se cierren las nóminas de pensiones de febrero, algo que ocurre en la primera mitad del mes. Si bien, a tenor de lo dicho por el Ministerio de Seguridad Social, el Ejecutivo no parece dispuesto de momento a recurrir a esta solución. De no recogerse la revalorización de forma inmediata en otro real… Leer más »