Tras la euforia del discurso gubernamental sobre el PIB o el empleo aflora la realidad: bajos salarios, inflación disparada, precariedad laboral, escasa productividad… y una ‘montaña’ de deuda
El ‘cohete’ económico de Pedro Sánchez se funde, por lo que está ocurriendo y por lo que se viene encima. Y el ‘batacazo’ tendrá impacto directo en las urnas: la debilidad del bolsillo de los españoles puede hundir más aún al PSOE. Han pasado 3.046 días desde que el líder socialista fue investido presidente y otros 1.410 desde que el Congreso aprobó los últimos Presupuestos Generales del Estado. La legislatura agoniza, en medio de una parálisis legislativa, y el balance final refleja una economía aparentemente fuerte en términos de PIB y empleo, pero famélica en el fondo.
Una cosa es el relato triunfalista oficial y otra la realidad de un país convertido en territorio hostil para grandes inversores y pequeños propietarios, donde la inflación crece a mayor velocidad que en Europa, en el que los salarios y la productividad no levantan cabeza, y donde la recaudación tributaria récord no revierte en las clases medias. El gran símbolo del falso ‘cohete’ es el fracaso de la política de vivienda, el asunto que puede espolear la salida de Sánchez de La Moncloa. La preocupación de los españoles por la crisis de habitabilidad ha escalado en los barómetros del CIS desde la posición 16 de 2018 a la número 1.
Desde 2024 hasta hoy ocupa el liderazgo, pero el Gobierno no ha movido un dedo. Sólo un suceso mediático -el desahucio de Maricarmen- ha hecho sobreactuar a Moncloa, con su intento descabellado de solventar en seis días lo que no ha arreglado en ocho años. Desde 2021, en España se han construido unas 90.000 viviendas anuales. En ese periodo, se han creado 1,2 millones de nuevos hogares, generando un déficit próximo a las 750.000 casas. El Banco de España pronostica que el ‘agujero’ alcanzará el millón en 2028. La consecuencia ya es conocida: se ha producido una escalada brutal de los precios de compra y de alquiler (en torno al 50% en ambos casos).
Mientras tanto, los sueldos han subido de forma pausada. Hay dos realidades distintas: la que vende el Gobierno con su intervención en el salario mínimo y la que viven las clases medias. En lo que va de legislatura, el SMI ha subido un 11%. Paralelamente, los convenios colectivos arrojan una subida media próxima al 7%.
La gran mayoría de los españoles ha perdido poder adquisitivo, ya que la inflación acumulada desde 2023 llega al 9,5%. Y lo que queda: en septiembre, el IPC alcanzó el 4,9%, muy por encima de la media de la Eurozona (3,8%), empujado por una crisis energética que tiene visos de empeorar. Por eso, Génova está armando su discurso en torno a la necesidad de devolver el oxígeno a las clases medias. El PP denuncia que el 80% de los trabajadores a tiempo completo tiene rentas inferiores a 30.000 euros, “una realidad que desmiente cualquier discurso de prosperidad y deja claro que tener un empleo ya no te abre la puerta a una vida de clase media”.
El empleo, precisamente, es uno de los motores que alimentan el discurso económico eufórico de Moncloa. Este viernes, tras conocer los datos de afiliación, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se apresuró a presumir del “mejor septiembre de la historia”. El mes cerró con 92.327 afiliados más, superando los 22,4 millones de media.
La cantidad es elevada, pero no tanto la calidad. Por un lado, la regularización está contribuyendo a engordar la estadística oficial. “Estamos regularizando inmigrantes, no acelerando la creación el empleo. Al contrario se está ralentizando”, advertía este viernes el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, quien cifra en 421.000 las regularizaciones afloradas.
La ‘tapadera’ de los fijos discontinuos
Por otro, la dependencia perenne del sector servicios provocó una subida del paro de 23.587 personas en septiembre, el peor registro desde 2017, sin contar la pandemia. Y lo más significativo: una parte importante de los empleados eran los fijos discontinuos (en torno a 903.000). El economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle, cifra el paro ‘real’ en 3,8 millones de personas, al sumar los desempleados inscritos y los fijos discontinuos en periodo inactivo.
Esa polémica figura contractual ha servido para camuflar el elevado grado de precariedad que sigue soportando el mercado laboral español. Ese es uno de los ‘legados’ de Yolanda Díaz. La coalición se despedirá tras las próximas elecciones dejando al país con la tasa de paro más alta de la OCDE (a la par con Finlandia) y la más elevada en desempleo juvenil.
Ni la titular de Trabajo ni el resto de ministros económicos han sido capaces tampoco de curar otro gran ‘talón de Aquiles’ de la economía: la baja productividad. El economista Santiago Sánchez recuerda que durante el doble mandato de la coalición, la productividad real por persona empleada se hundió un 0,9%, frente a incremento del 2,8% en la UE. Si ese indicador no levanta el vuelo, la economía no genera el valor añadido suficiente para crear mejores empleos acompañados de mejores salarios, indispensables para afrontar la escalada inflacionaria.
Si el PIB crece tanto como presume Sánchez, no se debe a una transformación del modelo económico, sino al efecto de la inmigración y al impulso que ha dado el ‘manguerazo’ de fondos europeos (más de 70.000 millones sólo en subvenciones). Según BBVA Research, entre 2022 y 2025, la población nacida en el extranjero creció en cerca de dos millones de personas, hasta alcanzar los 9,5 millones. Y los economistas de Funcas aseguran que la incorporación de fuerza laboral extranjera explica el 47% del crecimiento acumulado del PIB en ese mismo periodo.
Menos riqueza por habitante
El fuerte incremento poblacional ha permitido al Gobierno sacar pecho por el diferencial favorable respecto a la Eurozona. Por ejemplo, en 2025, el PIB español creció un 2,8%, muy por encima del 0,9% que lograron de media los socios europeos. Este año, la velocidad es similar: las previsiones apuntan a un 2,4% frente a un 0,9% en la Eurozona. Sin embargo, el relato positivo se desmorona al dividir la riqueza por habitante. En la ‘liga’ del PIB per cápita, España sale perdiendo. Según Eurostat, estamos ocho puntos por debajo de la media europea, Ni la inmigración ni los fondos europeos han servido para acortar la brecha que nos separa de Alemania, Francia e incluso Italia.
Tampoco ha servido el fuerte endeudamiento público, el último de los combustibles que ha tirado del ‘cohete’. Desde 2018, cuando Sánchez se instaló en La Moncloa, la deuda ha aumentado la friolera de 563.000 millones de euros, un 48%. Según la actualización recién publicada por el Banco de España, alcanza hoy los 1,73 billones de euros, equivalentes al 101% del PIB. Cuando la coalición empezó a gobernar, se situaba en el 97,1%.
Sánchez dejará en herencia no sólo una montaña de deuda: esa factura hay que pagarla y los intereses son cada vez más caros. Los Presupuestos de 2018 contemplaban una partida de 29.000 millones en intereses de la deuda. Según los cálculos de Funcas, ese montante superó los 40.000 en 2025 y crecerá hasta los 43.400 millones este año. Pero la cifra más alarmante se registrará al final de esta década: 60.600 millones en 2030.
La gran paradoja es que el incremento de la deuda pública ni siquiera ha servido para corregir el enorme déficit de infraestructuras. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) lo cifra en 60.000 millones. Es el dinero que necesita España para que las infraestructuras -carreteras, vías ferroviarias, canalizaciones hidráulicas- funcionen como merece un país desarrollado. Es el mínimo que exigen los ciudadanos, que también votan pensando en su bolsillo.
fUENTE: El ‘cohete’ económico de Sánchez se estrella: el bolsillo también hunde al PSOE ante las urnas
