EL CALENDARIO DE LAS REFORMAS DE LAS PENSIONES. LAS 12 ESTACIONES DEL CALVARIO DE ESCRIVÁ

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ya está publicado en el DOUEL y vigente desde hoy 19 de febrero

En un momento en el que el gasto en pensiones contributivas supera los 10.000 millones mensuales -en 14 pagas-, Bruselas presiona para que España aborde una reforma profunda y sostenible en el tiempo.”La reforma de las pensiones es clave para acceder a los fondos de la UE y está en el propio interés de España”, aseguraba recientemente el ministro Escrivá, responsable de las pensiones .

La Unión Europea reclama a España, de forma urgente, un plan sostenible, creíble y coherente. Tanto la reforma de pensiones como la laboral, que supondrán recortes, condicionan el acceso a los fondos de recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU) y no quiere que los cambios que se introduzcan sean un simple maquillaje para salvar la cara.

INTRODUCCIÓN: LAS “FICHAS” PARA LA UE

El Gobierno mantiene un intensa negociación con la Comisión Europea para aprobar antes del 31 de marzo el Plan de Inversiones y Reformas que desbloqueará la llegada a España de los primeros millones de los fondos europeos. Es la Vicepresidencia tercera de Nadia Calviño quien está liderando los contactos con Bruselas. Ya ha llegado un primer ‘feedback’ y es positivo: las treinta fichas enviadas a Bruselas, por tanto, han pasado el primer corte, incluidas las dos más polémicas: la del mercado de trabajo y la de las pensiones. 

La ficha número 30, como se denomina en el argot político y económico al documento que recoge las medidas a adoptar en materia de pensiones, ha sido aceptada en el primer envío realizado por el Gobierno. En ella, no está incluida finalmente la parte más agresiva de la denominada por algunos “reforma Escrivá”: la de elevar el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones de 25 a 35 años.

El Gobierno había redactado en un primer momento de una forma ambigua esa ficha 30 para, siempre ateniéndose al acuerdo que salió del Pacto de Toledo, poder abrir la vía a elevar el periodo de cálculo de las pensiones tal y como se hizo en 2011, pasando de 15 a los últimos 25 años de cotización de forma progresiva hasta 2022. Pero Escrivá quiso precisar en esos borradores la cifra concreta de los 35 años, lo que provocó un terremoto en el seno de la coalición de Gobierno. Así, la denominada ‘reforma Escrivá’ quedó finalmente difuminada.

Bruselas, en cualquier caso, prefiere no entrar en los pormenores de los detalles, si se van a computar los últimos 25 ó 35 años. Lo que quiere conocer la Comisión, “con todo lujo de detalles”, son las cifras de las reformas y las interrelaciones de todo el plan. Es decir, por ejemplo, si el nuevo modelo de Formación Profesional que se está preparando ayudará a reducir el paro juvenil,. La UE, en definitiva, busca un plan “coordinado”, en el que las treinta “fichas” tengan una conexión clara.

El Gobierno quiere tener ese Plan de Inversiones y Reformas cerrado con Bruselas el citado 31 de marzo y, a continuación, la voluntad del equipo de Sánchez es llevarlo al Congreso de los Diputados para, en un pleno monográfico, ofrecer explicaciones a la cámara. De hecho, está previsto que la vicepresidenta Nadia Calviño estuvo el pasado 28 de enero en Bruselas reunida con varios comisarios europeos y la orden de Sánchez que han recibido los ministros implicados en la negociación del Plan de Inversiones y Reformas es clara: que todo se haga con acuerdo en el diálogo social. Calviño volverá a la Comisión mixta de la UE a finales de febrero para actualizar los avances de la negociación.

El Consejo Europeo dio el visto bueno definitivo el pasado viernes 12 de febrero a su Reglamento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este documento establece las reglas bajo las que se articularán las ayudas comunitarias a todos los países. Uno de los puntos más importantes del Reglamento es el artículo 19: “En caso de que la Comisión haga una evaluación positiva adoptará sin demora indebida una decisión por la que se autoriza el desembolso de la contribución financiera”. Es decir, el país cumplidor no tendrá problemas. Sin embargo, prosigue el mismo artículo 19, “cuando, como resultado de una evaluación, no se haya cumplido satisfactoriamente [con los compromisos acordados en el Plan de Inversiones y Reformas] el pago de la totalidad o parte de la contribución se suspenderá”. De forma inmediata, además. En ese caso el país afectado podrá presentar sus explicaciones para cobrar la ayuda paralizada. Se trata, por tanto, un mecanismo duro: primero se suspende la transferencia y posteriormente el Estado miembro podrá recurrir la decisión. Prosigue el reglamento: “Cuando el Estado miembro no haya adoptado medidas necesarias en un plazo de seis meses después de la suspensión [de las ayudas] la Comisión reducirá el monto de la contribución financiera”. Es un aviso a navegantes: si no se cumple, el fondo europeo que le corresponde a cada país podría rebajarse.

LA “FICHA DE LAS PENSIONES” REMITIDA A BRUSELAS

El Ejecutivo remitió a Bruselas un texto con las reformas que no genera excesivas complicaciones internas. El Ministerio de Economía quería enviar propuestas concretadas, pero finalmente el criterio de Moncloa terminó por imponerse. Una ‘patada hacia adelante’ que permite al Ejecutivo ganar tiempo.

El Gobierno decidió difuminar en el documento sobre la reforma de pensiones que ha enviado a Bruselas la medida estrella para contener el gasto. El documento final no concreta la ampliación paulatina del periodo de cómputo de 25 a 35 años, pero sí deja clara la intención del Gobierno de caminar en esa dirección. El texto habla de “profundizar en la reforma de 2011″, en la que, entre otras cosas se amplió ese parámetro al incrementarlo progresivamente de 15 a 25 años. “Se plantea ampliar y adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora por encima de los actuales de manera progresiva junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional”, señala el texto.

Esto supone un cambio sobre el escenario que se había dibujado en las semanas previas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, envió a todos los ministerios de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos una propuesta para aumentar de 25 a 35 los años.  Pero en el resumen que el Gobierno ha entregado a los agentes sociales con las principales reformas enviadas a Bruselas ya no se concreta este aspecto que tanta indignación ha causado entre los sindicatos y los socios de Unidas Podemos.

El Gobierno quiere hacer todas reformas en el marco del Pacto de Toledo y con acuerdo en el diálogo social entre sindicatos y patronal, aunque si no hay acuerdo el Ejecutivo tendrá que seguir adelante con las reformas comprometidas con Bruselas, ya que de ellas depende el gran fondo de recuperación que salvará la economía española.

En la ficha para la UE sobre pensiones se recoge la reforma en dos tiempos, aunque se espera que todos los cambios legislativos lleguen al Parlamento a lo largo de este 2021. En la reforma se incluirá fijar por ley la fórmula de revalorización de las pensiones o medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal, mediante el endurecimiento de la jubilación anticipada voluntaria o los incentivos al retiro más tarde de la edad legal.

El Gobierno “previene y avisa” (¡a buen entendedor!):

“Dada la dimensión intergeneracional del sistema de pensiones, y la carga excepcional que para su equilibrio va a suponer la jubilación de la generación del baby boom, es necesario recuperar para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento consensuado en la reforma de 2011. Ello implica incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población, y que liberen a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas”.

Telegráficamente el Ejecutivo plantea 9 reformas muy poco concretas sobre pensiones e la “ficha” remitida a Bruselas:

1.- Financiación de gastos impropios. “La reforma consiste en la asunción por el Estado de partidas de gasto que en la actualidad son sufragadas a través de cotizaciones sociales limitando la capacidad del sistema de afrontar el volumen de gasto en pensiones”

2.-Mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Se deroga el acuerdo de 2013 que implicaba una subida anual de 0,25% (en la práctica una semicongelación) y el Gobierno anuncia ahora “garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante una fórmula que la vincule con el IPC y que simultáneamente evite la necesidad de reducciones nominales en el eventual caso de que se produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo, por inflación negativa, por ejemplo”.

3.-Alineación de la edad efectiva con la edad legal de jubilación. “La reforma pretende mostrar a la población la conveniencia de retrasar la edad de jubilación y crear incentivos para ello. En esta línea, se hace preciso realizar cambios en el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada para eliminar distorsiones, incluyendo su carácter regresivo, y racionalizar el recurso a esta modalidad” Además, se establecerán beneficios para las empresas que mantengan a estos trabajadores mayores y se fomentará su capacitación permanente para mejorar su empleabilidad.

4.- Mecanismo de equidad intergeneracional. ¿Otra forma de denominar el demonizado “factor se Sostenibilidad” de la reforma de 2013?. “Dada la dimensión intergeneracional del sistema de pensiones, y la carga excepcional que para su equilibrio va a suponer la jubilación de la generación del baby boom, es necesario recuperar para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento consensuado en la reforma de 2011. Ello implica incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población, y que liberen a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas”,

5.- Cálculo de la base reguladora de las pensiones. “La medida pretende aumentar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y reflejando la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales y afectan de manera particular a las mujeres y a trabajadores que son despedidos en la última mitad de su vida laboral”, puede leerse en el texto. El aumento del “carácter contributivo”, en el lenguaje propio de las pensiones, siempre habla de tomar más años de cotización para calcular la pensión y acercar lo que se cotiza con lo que finalmente se cobra. No obstante, en el mismo párrafo se incluye una compensación: “Esta reforma iría en paralelo con una revisión del procedimiento actual de integración de lagunas de cotización, que es inadecuado para las carreras más intermitentes, especialmente asociadas a la temporalidad”, remata el Gobierno. También recuerda el texto que incrementar el periodo de cómputo suele beneficiar a los trabajadores que pierden el empleo en los últimos años de su vida laboral.

6.-Cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales

7.- Modificación del complemento de maternidad de pensiones, para que no sea discriminatorio para los hombres

8.- Revisión de los sistemas complementarios de pensiones “con el fin de impulsar los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial”.

9.-Adecuación de la base máxima de cotización del sistema. “La adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema”

LAS 12 ESTACIONES DEL CALVARIO DE ESCRIVÁ

Más de 9,9 millones de pensionistas se benefician del sistema, pero Escrivá mantiene la vista puesta en el aluvión de jubilados que llegará en los próximos años, en un contexto de retroceso de la natalidad y aumento de la esperanza de vida. Uno de cada tres ocupados (6,45 millones) tiene en la actualidad 50 años o más y durante los próximos 15 años tendrán la edad legal para jubilarse.

La reforma de las pensiones, que pretende dar estabilidad al sistema y garantizar las prestaciones a largo plazo, es el proyecto más relevante que contempla el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en esta legislatura, tras casi decenas de años de retraso. Con los informes del Pacto de Toledo en la mesa, infinitos cálculos y proyecciones estadísticas y tras numerosos encuentros, y desencuentros, con agentes sociales, asociaciones, expertos y partidos, el ministro, José Luis Escrivá, que tiene una hoja de ruta clara, se ha fijado como objetivo que los cambios entren en vigor en enero de 2022. Bruselas ha reclamado un trabajo ‘fino’, que dure en el tiempo, y cuyo resultado condiciona, en parte, la llegada de fondos millonarios.

Toda una carrera de obstáculos en la que el titular de la cartera se ha encontrado con demandas de asociaciones, sindicatos, partidos e, incluso socios del Gobierno de coalición. Unidas Podemos, el socio de Gobierno de Pedro Sánchez, aliado en muchos momentos con los sindicatos, se ha convertido en una auténtica piedra en el zapato del ministro José Luis Escrivá, que no ha podido ocultar su malestar con la actitud de algunos dirigentes morados en el Ejecutivo, con los ataques de responsables de la formación de Pablo Iglesias y con las filtraciones ‘malintencionadas’ de algunas iniciativas.

Las 12 principales estaciones del “vía crucis” del ministro son:

1.- Nueva fórmula de revalorización anual de las pensiones

El mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas es uno de los compromisos del Gobierno de coalición, que además cuenta con el respaldo del texto consensuado en la comisión del Pacto de Toledo y aprobado en el Congreso. Así, los sindicatos exigen que la nueva fórmula se vincule exclusivamente al IPC, y no se tengan en cuenta otros parámetros.

El Ministerio de Seguridad Social ya presentó a sindicatos y patronal el nuevo mecanismo de revalorización anual de las pensiones y su vinculación al IPC. La propuesta es un deflactor que se basará en datos del IPC de periodos anteriores y, a su vez, en estimaciones de cómo puede evolucionar en el futuro.

Se descarta así la fórmula que se ha utilizado estos últimos años y que es el cálculo que hace el Gobierno del IPC que habrá en dicho ejercicio. Así es como se subieron las pensiones un 0,9% en 2020, el mismo porcentaje que en 2021. Tampoco se utilizará como se hacía antes la inflación de noviembre, ni se basará en la media de los últimos doce meses, una fórmula por la que abogaba el anterior secretario de Estado, Octavio Granado.

Se hará, por tanto, con una franja de tiempo mayor, que puede abarcar varios años, y con esta fórmula lo que podría perseguir el Ejecutivo es compensar las ganancias de poder adquisitivo que pueda haber en un ejercicio con las pérdidas que pudiera darse en otro, para que el gasto no se desboque en demasía.

2.-Periodo de cálculo de la pensión de jubilación.

Sin duda, el roce más importante ha tenido que ver con la ampliación del período del cálculo de la pensión. Un asunto que sin duda perjudica a los que han tenido carreras largas y su sueldo ha ido aumentado de forma progresiva año a año. Mientras, beneficia notablemente a los que contaban con un trabajo bien retribuido y lo perdieron durante o después de las crisis. En cualquier caso, la idea de Escrivá sigue en la mesa, aplazada, pero desde luego no olvidada, y se llevará adelante de forma progresiva.

En relación a la posible ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, Escrivá ha insistido en que el Pacto de Toledo ha pedido aumentar la contributividad y al mismo tiempo dar soluciones a las nuevas realidades del mercado laboral. Y en esas realidades, ha explicado el ministro, se encuentra el hecho de que en torno al 30% de los trabajadores no presentan sus mejores años de cotización en el tramo final de su carrera laboral, por lo que el sistema actual “no funciona” para ellos. De todo el análisis y los números que está haciendo la Seguridad Social, puede salir o no como resultado que haya que ampliar el periodo de cálculo y combinar esta medida con la cobertura de lagunas de cotización o con la elección de los mejores años de cotización a la hora de calcular la pensión. En todo caso, el ministro ha reiterado que la ampliación del periodo de cálculo “no es en ningún caso” un recorte.

3.- Destope de las bases de cotización y de la pensión máxima

Consiste en eliminar el límite máximo de las bases de cotización, de manera que cada trabajador cotice por los ingresos reales que obtiene. En este momento cada trabajador cotiza a la Seguridad Social una cuota que se calcula aplicando a su base de cotización (es decir, a su sueldo bruto) el porcentaje que corresponde a cada contingencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe una base de cotización máxima lo que significa que, si se supera esta cifra, y aunque el sueldo bruto sea mayor, el trabajador seguirá pagando lo mismo a la Seguridad Social.

De esta forma, entre los salarios más altos se produce un tope o techo máximo de pago a la Seguridad Social, que actualmente está marcado en los 4.070,10 euros brutos de salario. Por tanto, eliminar el tope máximo de cotización (o lo que es lo mismo, optar por el destope de las cotizaciones) sería una forma de aumentar la recaudación tocando directamente a las rentas más altas, que contribuirían en mayor medida al sistema de la SS.

Esta medida afectaría también a las empresas empleadoras, ya que éstas se hacen cargo de una parte de la Seguridad Social de sus trabajadores (en concreto, el 23,6 % de la base, frente al 4,7% de los trabajadores). Además, este mayor desembolso no tiene por qué corresponderse con una mayor pensión, a no ser que se elimine también el límite de la pensión máxima (“el tope” de las pensiones)

4.- La jubilación forzosa

La jubilación obligatoria o forzosa sigue presente en los convenios colectivos de sectores como la construcción (que ocupa a 1,5 millones de trabajadores), el metal (que da empleo a 200.000 personas) y el de las empresas de seguridad, pero también en los de muchas de las grandes compañías, como Iberdrola, Telefónica, Mahou, Orange, Ilunion o RTVE, en el propio sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) o en los de pequeñas y medianas empresas. También muchos convenios del sector público ponen como límite la edad para jubilarse, en la edad legal ordinaria (ELO) que, a su vez, depende de los años cotizados.

El Ministerio de Seguridad Social quiere acabar con esta práctica, demasiado habitual y perjudicial para las pretensiones de Escrivá, que quiere, cueste lo que cueste, que la jubilación a los 65 años pase a ser cosa del pasado, mediante incentivos o con penalizaciones que frenen el adelanto. Sin embargo, las empresas y las patronales defienden la jubilación forzosa, a la que Escrivá quiere poner coto, pero que curiosamente reactivó hace apenas dos años Sánchez, y que afecta a más de 3 millones de trabajadores. La justificación de los empresarios es que permite la renovación de plantillas, sobre todo en sectores como el industrial o la construcción.

5.- Coeficientes reductores por anticipar la jubilación

Mientras Escrivá busca resortes y mecanismos para incentivar la jubilación más allá de la edad legal en un momento que la edad de retiro medio es de apenas 64,6 años y trata de justificar las penalizaciones a los que se retiren pronto, las grandes empresas, muchas de ellas ‘beneficiadas’ desde hace meses por los ERTE, parecen haber pactado una carrera contrarreloj para ver quién prejubila a más trabajadores y con menos años.

Otro frente abierto que tiene el ministro con el vicepresidente ‘social’ Pablo Iglesias es la eliminación los coeficientes reductores con carácter retroactivo de los pensionistas afectados por la crisis. Desde el Ministerio se asegura que supone un coste altísimo, pero Iglesias tiene detrás a colectivos que representan a los trabajadores que se jubilaron anticipadamente con 40 o más años cotizados o a los que tuvieron que adelantar su retiro, a la fuerza, con importantes penalizaciones.

Unidas Podemos y numerosas asociaciones buscan recuperar en su pensión el dinero que perdieron por jubilarse anticipadamente, lo que implica una jubilación ‘a la carta’ en un sistema de reparto y solidaridad. Pero lo cierto es que las cotizaciones de los trabajadores no sirven solo para “pagar” (generar el derecho a recibirla) su propia pensión y todos los “excesos” de cotización de algunos permiten compensar a otros jubilados de forma solidaria.

El ministro Escrivá tendrá que mostrar en breve su parecer sobre esta cuestión, que tiene un coste importante (afecta a 530.000 jubilados, según algunas fuentes, y a más de 2 millones, según el Gobierno). La partida para contentar a estos jubilados podría multiplicarse por cuatro, dependiendo de la fuente, pero también se deberá tener en cuenta que en pocos años millones de trabajadores con largas carreras y sueldos importantes, procedentes del ‘baby boom’, se jubilaran. Todo un escollo en el objetivo de Escrivá de ajustar las cuentas.

6.- La pensión de viudedad

La 13ª recomendación del Pacto de Toledo se dedica a la viudedad y la orfandad y se propone reformular de manera gradual estas pensiones, particularmente las de viudedad. Si bien considera que deben seguir formando parte de las pensiones contributivas, aboga por una “reforma integral” de la viudedad que permita “acomodar” su alcance a las nuevas realidades sociales y a las circunstancias socioeconómicas de quienes las perciben, respondiendo así al debate que se ha situado en los últimos años ante los cambios sociales que se han producido.

El Pacto de Toledo señala que las pensiones de viudedad deben concentrarse en quienes tienen 65 o más años y esta prestación sea su principal fuente de ingresos. Para estos casos apunta a “garantizar una situación de renta equiparable a la existente antes del fallecimiento del cónyuge o conviviente”, para lo que postula elevar el porcentaje de la base reguladora que se usa para calcular la pensión y que es del 52% con carácter general, aunque puede elevarse al 70% en determinadas circunstancias.

7.- Sustituir el factor de sostenibilidad por otro de “equidad intergeneracional” 

El Gobierno de coalición cumple con su compromiso de derogar el factor de sostenibilidad de la reforma unilateral de pensiones del PP de 2013 que, aunque en hibernación, aún está vigente y retoma el reto de la reforma de 2011, pactada con los agentes sociales, que llamaba a explorar algún tipo de mecanismo que tuviera en cuenta la evolución de la esperanza de vida. 

Como adelantó Escrivá, el documento remitido a Bruselas apuesta por “un nuevo mecanismo que persiga la preservación de la equidad intergeneracional”, por el que “los parámetros fundamentales del sistema será objeto de revisión periódica en función de la evolución de la demografía y del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista”. Así, se tendrá en cuenta la evolución de la esperanza de vida, pero también otros “indicadores complementarios” que liberen a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de los ‘baby boomers’. Escrivá confía en poder llevar al Parlamento este nuevo elemento, tras negociarlo con los agentes sociales, en el segundo semestre del año. 

8.- Las “lagunas de cotización”

Dentro de las enmiendas que se aceptaron en el Congreso de los Diputados a los PGE 2021 se dio luz verde a dos en las que se abre la puerta a mejorar las pensiones de losautónomosobligando al Gobierno a realizar las reformas necesarias para la integración de las «lagunas de cotización» de algunos colectivos, fundamentalmente os autónomos.

En la Disposición final cuadragésima cuarta de los PGE 2021 se indica textualmente: “El Gobierno iniciará, a la mayor brevedad, los trabajos y consultas necesarios para emprender las reformas normativas que supriman la situación discriminatoria que sufren autónomos y trabajadores agrarios, incluidos los asalariados, respecto de la integración de lagunas de cotización, cuando tal obligación no existe, a efectos del cálculo de la pensión de jubilación aplicadas en el Régimen General, implantando para éstos los mismos o equivalentes mecanismos a los previstos para la integración de lagunas de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social”

9.- Clases Pasivas

Los funcionarios, adscritos al régimen de clases pasivas que ahora gestiona también la Seguridad Social, no han podido evitar que ciertos rumores apuntasen a un ‘tijeretazo’ en sus pensiones y a un retraso de la edad de jubilación. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada de forma contundente por Escrivá y por los representantes del PSOE y PP en la Comisión del Pacto de Toledo, que acordaron en noviembre blindar por escrito la jubilación de los funcionarios, pero no ha impedido poner nuevamente en el foco el régimen de clases pasivas. Los 630.000 funcionarios y militares adscritos a las clases pasivas se pueden retirar cuando cumplen los 60 y con prestaciones medias brutas de 2.185 euros, 814 euros más que las nuevas pensiones del sector privado, y justificando al menos 30 años cotizados en la Administración con penalización, o con 35 años o más, sin penalización alguna en su pensión.

10.- Impulso de los sistemas complementarios de pensiones 

Se pretende revisar los sistemas complementarios de pensiones para impulsar los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente el sectorial. El Gobierno ya ha comenzado a hacerlo en los Presupuestos de 2021, así como reducir las ventajas fiscales de los planes individuales de pensiones, que también se notifica a Bruselas. 

“Se prevé la aprobación de un nuevo marco jurídico que impulse la promoción de los planes de pensiones de empleo mediante la creación de un fondo de promoción pública de libre adscripción que permita dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresarios o autónomos, o integrar planes de empleo que así lo decidan”, plasma el texto de la mencionada ficha número 30. 

11.- Sacar “gastos impropios” de la Seguridad Social

Es lo que se conoce también como la “separación de fuentes de financiación”, para que la Seguridad Social no asuma gastos no contributivos y permita acabar con el déficit que actualmente tiene. “La reforma consiste en la asunción por el Estado de partidas de gasto que en la actualidad son sufragadas a través de cotizaciones sociales limitando la capacidad del sistema de afrontar el volumen del gasto en pensiones”, recoge un documento sobre la reforma remitida a Bruselas. 

El traspaso de los llamados “gastos impropios” de la Seguridad Social ya ha sido iniciado en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, de un total de 14.000 millones de euros, que se pretende completar en 2023, cuando se espera que se hayan trasladado 20.000 millones de euros. El Gobierno considera “clave” esta separación de fuentes para rectificar la imagen distorsionada de desequilibrio del sistema percibida por los ciudadanos y para “afrontar en buenas condiciones los desafíos de largo plazo del sistema. 

12.- Cotización de los autónomos por sus ingresos reales 

La implantación gradual de un nuevo sistema de cotización para los autónomos “basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada”, como ha recomendado el Pacto de Toledo. El Gobierno pretende corregir la distorsión generada por la facultad de elección de la base de cotización actual de los autónomos, por la que más del 80% del colectivo cotiza por la base mínima y que supone una merma de recursos para el sistema y un nivel bajo de acción protectora para los autónomos. 

El Ejecutivo apunta que la reforma se pondrá en marcha de forma gradual. El Ministerio de la Seguridad Social ya mandó a los autónomos una primera propuesta al respecto en octubre, que dejaba a la gran mayoría de los autónomos con el mismo nivel de cotización o inferior y suponía un aumento para los de mayores ingresos. Por el momento, su propuesta no afectaba a los autónomos societarios. El ministro Escrivá confía en que la reforma pueda estar vigente en 2022, aunque sea para un primer colectivo de autónomos. 

Son tiempos convulsos y con la que está cayendo a todos los niveles de convivencia (pandemia sanitaria, laboral y económica, secesionismos, luchas intestinas en el Gobierno y en la oposición,…) cualquier “apuesta” sobre calendarios nace muerta en el mismo momento de su parto . Lo que sí parece claro es que el Plan de Inversiones y Reformas que se debe presentar a Bruselas para el acceso a los Fondos de Recuperación (Next Generation UE) debe hacerse antes del 31 de marzo 2021, pero dicho Plan contempla el esquema general de reformas a desarrollar y su implementación requerirá la aprobación parlamentaria de diversas leyes (nuevas o modificaciones) que contemplen los aspectos concretos a reformar. El propósito del Gobierno actual es tenerlo todo “atado y bien atado” legalmente para finales del presente año, pero insistimos en que son todo especulaciones de aprendices de videntes sin rigor alguno, pues visto lo visto, lo más probable es que las “reformas” se adopten por goteo, “una a una”, mediante Reales Decretos Ley, y el orden dependerá de los acuerdos con los interlocutores sociales y para los asuntos más polémicos (años para el cálculo de la pensión, subida anual con el IPC “plurianual”, pensiones de viudedad, destope de cotizaciones y pensiones máximas, coeficientes reductores por anticipación, …) que requieren “más cocina” habrá que esperar a que amaine la tormenta actual. En resumen práctico: “ni pajolera idea”