De Guindos lanza una advertencias a los países de la UE para que sus políticas fiscales acompañen a la estrategia restrictiva del banco central
La deuda pública se ha elevado un 5% en el último año (son 70.805 millones de euros más).
La deuda del conjunto de las administraciones públicas marca un nuevo máximo histórico en julio en los 1,487 billones de euros en su tercer mes consecutivo al alza. Esta cifra supone un incremento del pasivo nacional del 0,8% en relación al mes previo
El incremento se debe al alza del endeudamiento del Estado y ayuntamientos, mientras que baja en las comunidades autónomas. La administración central copó cerca del 88% de la deuda pública, valorada en 1,307 billones de euros, 82.864 millones de euros más que en julio del pasado año.
Las administraciones locales también han repuntado su gasto en un 1,1% desde junio de 2022 hasta los 23.100 millones de euros, un 2,8% más que en julio del año pasado. Por otro lado, las Comunidades Autónomas han reducido su endeudamiento en un 0,7% respecto a junio, aunque el valor de la deuda aumentó en un 1% interanual.
El déficit de la Seguridad Social ronda los 99.184 millones de euros, un millón menos que en junio, por lo que la variación es prácticamente inexistente, aunque en tasas interanuales un 8%, aumentando en 7.330 millones de euros la deuda.
Bruselas decidió a mediados de año mantener suspendidas un año más las reglas fiscales, es decir, hasta 2024, ante la fuerte desaceleración que las economías europeas vienen registrando a consecuencia de la incertidumbre económica. La Comisión Europea ya se vio obligada a adoptar esta medida a causa de la pandemia de Covid, puesto que el cierre total de las economías obligó a los estados a elevar su pasivo para poder aprobar toda una batería de ayudas excepcionales. Tal cual están diseñadas en la actualidad, estas reglas implican que los estados deben reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB y la deuda pública por debajo del 60% del PIB.
Los Gobiernos de los Veintisiete quieren que las futuras normas de disciplina fiscal comunitarias garanticen una senda realista de reducción de la deuda pública y, sobre todo, que tengan en cuenta la necesidad de invertir en la transición verde y en la defensa de la región. La institución que encabeza Úrsula von der Leen va a presentar en las próximas semanas unas primeras ‘orientaciones’ sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del que este año se cumplen ya tres décadas.
El mensaje que este lunes lanzó el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, sobre la necesidad de control de la política fiscal ha sido interpretado por los expertos como una clara advertencia a países de la Unión Europea cuya deuda pública está desbordada y como una alerta de contención al gasto público: «El BCE lo que está pidiendo es una contención del gasto público y, en consecuencia, de la deuda pública».
Es totalmente lógico que De Guindos lance este mensaje. Los políticos europeos acuden a la emisión de deuda para solucionar todos los problemas. Ahora querrán hacerlo para solucionar la crisis energética y el estancamiento económico fruto de las sanciones a Rusia.
Ahora mismo en Alemania gobierna un coalición que no tiene ningún reparo en elevar el endeudamiento o aceptar que otros Ejecutivos lo hagan, países, que, como España, no solo no tienen reparo, sino que es básicamente su fórmula general de actuación ante cualquier inconveniente.
Es muy serio el aviso del BCE, máxime cuando el banco central ha de ocuparse de que su política monetaria restrictiva sea acompañada por una política fiscal coherente. Si las políticas fiscales son expansivas, entran en contradicción con la política monetaria y la esterilizan y en este contexto, cualquier estímulo, por ejemplo, de rebajas fiscales, que incremente el consumo privado debe ser compensado con reducciones del gasto público que lo compensen.
El Banco de España redunda en el mensaje
Este mismo lunes, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido de que el panorama económico se ha «ensombrecido recientemente por la escalada del conflicto energético» con Rusia, por lo que ha afirmado que el episodio inflacionista «va a ser más intenso y duradero», al tiempo que las perspectivas de crecimiento económico en el área del euro se siguen moderando.
El mensaje de De Cos redunda en el de De Guindos, y es una seria admonición para que los gobiernos colaboren con la política fiscal de modo que canalice el esfuerzo de la artillería monetaria para combatir, quizá, la situación económica más extrema por la dificulta de luchar contra ella: la estanflación.
La política fiscal expansiva perpetúa y enquista la inflación, y el Gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado contener la evolución del IPC por debajo de otro países de la UE, pese a sufrir todos el mismo impacto de la guerra en Ucrania, el coste energético, y los cuellos de botella en las cadenas de suministro.
Desde la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, su presidente, Antonio Pedraza, refrenda que la expansión fiscal -aumento de gasto y, por ende, de deuda pública- restaría fuerza a la política monetaria emprendida por los bancos centrales. Pedraza interpreta también que «suavizar los efectos de esa política, especialmente en países, como España, donde se ha disparado desorbitadamente la recaudación por la inflación, o por impuestos indirectos, y donde se viene dando hasta ahora una congelación seria de la masa salarial, sería algo que considerar».
La deuda pública española roza el 118% del PIB y el gasto público está en récord, superando el 50% de la producción anual del país. Mientras, el poder adquisitivo ha caído un 24% desde que gobierna Sánchez, y la recaudación está en máximos por no haber adaptado Hacienda los tipos impositivos a la inflación. Y, como añade De Lucio, los fondos europeos ya son en sí mismos una política fiscal expansiva.
