- Ambas consumen un tercio de la nómina mensual que desembolsa el sistema
- Las de incapacidad permanente generan el mayor desequilibrio a Seguridad Social
- Un análisis de Fedea propone que parte se financie a través de los Presupuestos
La reforma de las pensiones en España sigue centrando sus esfuerzos en contener el gasto de la jubilación ordinaria de la generación del baby boom mediante el retraso de la edad de retiro y el endurecimiento de las cotizaciones. Sin embargo, las grandes costuras financieras de la Seguridad Social aparecen en un flanco mucho menos regulado. Hasta ahora, el debate que gira en torno al Pacto de Toledo se ha limitado a exigir que el Estado asuma los «gastos impropios» de la Seguridad Social mediante transferencias directas que ya rondan los 20.000 millones de euros anuales para asegurar que el equilibrio en la ‘caja contributiva’. Sin embargo, un análisis publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) demuestra que este saneamiento contable es ficticio porque las propias pensiones de incapacidad permanente y viudedad llevan implícito un subsidio masivo que desborda cualquier equivalencia con las cotizaciones reales de los trabajadores.
El informe, firmado por los economistas Ahmed Ación López y Carlos Vidal-Meliá, analiza microdatos de más de 31.000 vidas laborales y revela que las pensiones de incapacidad permanente representan el mayor vector de desequilibrio del sistema.
De acuerdo con los datos oficiales de la nómina mensual de la Seguridad Social, el sistema público español abona actualmente más de 10 millones de pensiones contributivas, con un coste mensual que ya supera los 12.700 millones de euros. De este volumen, la jubilación ordinaria representa en torno a 6.500.000 prestaciones. El resto, casi un tercio del total, corresponde a pensiones de viudedad (unas 2.350.000) e incapacidad permanente (cercanas a las 950.000). Es decir, este bloque «no ordinario» absorbe de manera silenciosa más de 4.200 millones de euros cada mes.
Para la cohorte de nuevos pensionistas de 2023, una mujer que accede a una pensión de incapacidad permanente recibe, en términos medianos, un retorno equivalente a 3,47 veces el capital que realmente aportó a lo largo de su carrera laboral (frente al 1,710 registrado en la jubilación). Esto supone garantizarle una rentabilidad real sobre sus cotizaciones del 15,39% anual, una cifra dinamita el debate de la sostenibilidad macroeconómica. En el caso de los hombres, el retorno por incapacidad duplica las aportaciones reales (un ratio de 2,11 veces lo cotizado, frente al 1,280 en jubilación), con un interés real del 9,82%.
Según los autores, esta brecha actuarial (lo que se percibe en el retiro es muy superior a lo aportado durante la vida laboral), que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) vigila con preocupación en sus proyecciones de deuda a largo plazo, se debe a que estas prestaciones actúan como un «seguro de mínimos» de alta generosidad, donde el Estado compensa carreras de cotización cortas o truncadas prematuramente por la enfermedad.
Hay casos individuales extremos -definidos por la irrupción de una invalidez a edades muy tempranas con un historial de cotización muy corto- en los que estas cifras se disparan de forma exponencial, destapando los autores picos en los que se llega a percibir hasta 313 veces (en el colectivo femenino de la cohorte de 2015) o incluso 998 veces (en el masculino de la cohorte de 2022) el valor de las aportaciones acumuladas.
El otro gran motor del desajuste es la viudedad. El sistema español sigue reconociendo derechos de supervivencia que generan un pasivo latente gigantesco para las arcas públicas.
Fedea calcula que la sola expectativa de generar una pensión de viudedad para el cónyuge (fijada en el 52% de la base reguladora) dispara de golpe el coste de la pensión de jubilación de un varón: su ratio de retorno pasa de 1,04 veces lo cotizado (prácticamente el equilibrio actuarial) a 1,26 veces. Este incremento del coste no se financia con una sobrecotización específica durante la vida activa del trabajador, sino que se carga directamente a la cuenta de pérdidas de la Seguridad Social, lo que engrosa el déficit estructural del sistema que Bruselas exige corregir.
La investigación de Fedea cuestiona la arquitectura del sistema sin defender que el camino de la sostenibilidad pase por recortar la protección a las personas incapacitadas o a los viudos. Lo que propone es aplicar una honestidad fiscal estricta en la que las pensiones se dividan en dos tramos nítidos: una parte estrictamente contributiva ligada al capital real cotizado por el trabajador, y un «suplemento de protección social» que debe financiarse directamente a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) mediante impuestos y no de la caja común de la Seguridad Socia
Fuente: Sánchez respalda a Hernández de Cos como futuro presidente del Banco Central Europeo
