La ex primera ministra británica (1979-1990) declaró en octubre de 1983 que “no hay ‘dinero público’, solo hay dinero de los contribuyentes”.
La frase traducida literalmente de su fuente original es: “No olvidemos nunca esta verdad fundamental: el Estado no tiene otra fuente de dinero que el dinero que la gente gana por sí misma. Si el Estado desea gastar más, sólo puede hacerlo pidiendo prestados sus ahorros o gravándolos más. No es bueno pensar que alguien más pagará, que “alguien más” eres tú. No existe el dinero público; solo hay dinero de los contribuyentes”.
En política económica española las promesas gozan de una salud excelente. Se reproducen durante las campañas, sobreviven a los Presupuestos y terminan convertidas en una subvención, una comisión o una oficina encargada de estudiar por qué las anteriores no funcionaron.
El problema es que toda promesa tiene una factura. Puede pagarse con impuestos, deuda, inflación o crecimiento perdido, pero siempre se paga. La contabilidad pública no elimina la escasez: procura que el ciudadano no la vea La progresía española ha contribuido decisivamente a convertir esta ficción en método de gobierno. Durante años ha presentado el gasto como solución y la deuda como solidaridad intergeneracional. El resultado es una política económica que trata a los ciudadanos como menores de edad: el Estado promete cuidar de todo, decide por todos y envía la factura a alguien que todavía no ha nacido. Pero una medida deja de ser provisional exactamente cuando encuentra una partida presupuestaria. El impuesto extraordinario se vuelve ordinario, la ayuda temporal se transforma en derecho adquirido No se trata de negar la existencia de problemas sociales ni de ignorar que el Estado debe atender determinadas necesidades. Se trata de preguntar qué se puede hacer realmente, cuánto cuesta y qué consecuencias tiene cada decisión. La economía no mejora porque una rueda de prensa utilice la palabra «progresista», ni porque una ley incluya «justicia social» cada tres artículos. La factura de la deuda se envía a alguien que todavía no ha nacido. La de la inflación, en cambio, llega hoy: aparece como un recargo silencioso en cada compra y pesa especialmente sobre los más pobres, que no pueden protegerse comprando activos o renegociando sus ingresos. Mientras unos discuten si la inflación es transitoria, estructural o importada, muchas familias descubren que el mismo carro de la compra exige más dinero.
El error fundamental consiste en creer que el Gobierno posee la información necesaria para organizar la vida económica de millones de personas. No la posee. Ningún ministerio sabe qué vivienda necesita cada familia, qué inversión resulta rentable, qué empresa debe crecer o qué actividad merece sobrevivir. Los precios, la competencia y la propiedad privada coordinan millones de decisiones dispersas con una eficacia que ningún comité puede replicar. Cuando el poder político manipula los precios, subsidia actividades inviables o protege empresas por razones electorales, no elimina los problemas: falsifica las señales que permiten descubrirlos. El resultado suele ser más caro ymenos productivo. La economía española ha acumulado regulaciones, ayudas y excepciones como quien guarda cables viejos: nadie sabe para qué sirven, pero todos temen tirar alguno.
¿Quién se atreverá a decir la verdad? Explicar que defender la soberanía nacional no consiste en subvencionar cualquier actividad, que proteger al trabajador no exige proteger cada empleo improductivo
La ortodoxia comienza cuando termina el catálogo de deseos. Bajar impuestos exige recortar gasto. Reducir deuda exige gastar menos de lo que se ingresa. Aumentar salarios de forma sostenible exige mayor productividad. Proteger a los ciudadanos requiere decirles, en ocasiones, que el Estado no puede garantizar todos los resultados ni resolver cada frustración mediante un decreto. No promete que todos ganarán sin que nadie pierda: esa es una fantasía cortoplacista que confunde el reparto de una riqueza limitada con la creación de prosperidad. Es posible que este mensaje no entusiasme. No ofrece cheques, ni soluciones de veinticuatro horas. No convierte cada dificultad en una conspiración. El populismo económico promete beneficios visibles y oculta costes dispersos que más pronto que tarde desenmascara la inviable y peligrosa ingenuidad
