El pasado martes 22 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó, para su remisión al Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. El proyecto de ley da luz verde a la promoción de los nuevos Fondos de Pensiones de Empleo por parte del sector público y regula también los nuevos planes de pensiones de empleo, pero que quede claro que los Fondos públicos solo los promueve el gobierno y los planes de empleo los promueven las entidades asociativas (de autónomos o sectoriales, mutualidades de previsión social u otros promotores cualificados).
El número de veces en que los ahorros para la jubilación (tanto en planes de pensiones personales como en planes de pensiones de empleo) superan el PIB es en Holanda, con 2,13 veces el PIB , los EEUU tienen 1,5 veces el PIB, España 0,031 veces el PIB y China 0,022 veces el PIB. “Parece” así que el ahorro para la jubilación en España es insuficiente, aunque muchos piensan que no ahorramos para la jubilación porque ya pagamos bastante a la Seguridad Social y, además, esta nos da pensiones que sustituyen el salario previo a la jubilación en un 80%. Sin embargo, el “ahorro/inversión” en vivienda en España equivale a 3,5 veces el PIB, bastante más de lo que Holanda tiene en forma de ahorros en planes de pensiones.
Por muy bien que lo haga, la Seguridad Social ya está exhausta y ya hay millones de pensionistas (en febrero de 2022 hay 6,2 millones pensionistas de jubilación, 2,3 de viudedad, 1 millón de incapacidad permanente, y casi 390.000 de orfandad y en favor de familiares) y habrá muchos más (los actuales trabajadores/cotizantes) que además en muchos casos necesitarán complementos de pensiones para simplemente “poder sobrevivir” mes a mes. Por ejemplo, en la actualidad ya gastamos más de 315 millones mensuales en el complemento a mínimos de las pensiones de jubilación
Si cada uno de los trabajadores aportase 1.500 € al año (125 €/mes) a los planes de pensiones, con 20 millones de trabajadores, se ingresarían en las cuentas de ahorro para la pensión unos 30.000 millones de euros al año, solo algo menos de lo que, tras más de tres décadas de actividad, ha logrado reunir en activos totales el sistema convencional de planes y fondos de pensiones de empleo.
Lo cierto es que el proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, no convence ni a sindicatos ni a empresarios y hay que tener en cuenta que, al contrario de la reforma de las pensiones, el proyecto de ley fue aprobado por el Gobierno sin el respaldo de los agentes sociales. Tras su aprobación, el Gobierno enviará el proyecto de ley al Parlamento para su tramitación y espera tenerlo aprobado en el primer semestre de este año.
“Es insuficiente para promover la implantación de esquemas de ahorro colectivo en las empresas españolas”, estiman desde la patronal del seguro Unespa, y creen que “es una ocasión perdida para la revisión estructural del sistema de pensiones”.
También fuentes del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria argumentan que el texto aprobado “tiene buenas intenciones y poco más”. Prevén que “puede quedar en una caja vacía si los agentes sociales, que tienen la llave mediante la negociación colectiva, no incorporan la previsión social complementaria de empleo en los convenios colectivos, donde se establezcan las aportaciones necesarias para su financiación”.
Los expertos le recriminan que la norma no contiene ninguna propuesta concreta para lograr su objetivo de llegar a 13 millones de trabajadores y acumular un ahorro de 10.000 millones de euros de aquí a 2030. Además, señalan que contiene tres grandes fallos que le pueden hacer fracasar.
Mínimos incentivos fiscales
Su primer defecto, apuntado por aseguradoras y gestoras, es la falta de incentivos fiscales a las empresas que las impulse a implantar planes de pensiones colectivos. Los incentivos aprobados “distan de ser relevantes”, señalan desde la patronal del seguro, y se centran en elevar a 115 euros mensuales (1.380 euros al año), las contribuciones de las empresas a los fondos de pensiones colectivos que no cotizarán a la seguridad social, lo que les supondrá un ahorro de casi 400 euros por trabajador al año.
Estas bonificaciones son inferiores a las que existían hasta 2005, por lo que argumentan que “si con aquellos incentivos la previsión social empresarial no se desarrolló más allá de algunas grandes empresas, lo previsible ahora es que la situación siga sin cambiar“.
Otros beneficios que los empresarios echan de menos son las retribuciones en el impuesto de sociedades para las empresas que hagan aportaciones a los planes de sus empleados.
Límites a las aportaciones de los trabajadores
Los agentes sociales también critican los límites que establece el proyecto de ley a las aportaciones máximas de los trabajadores a sus planes de empleo y que estas dependan de la cantidad que ingrese en el plan su empresa. El máximo que puede aportar el trabajador es 2,5 veces la aportación de la empresa si esta es menor o igual a 500 euros. Es decir, que el máximo con que podría contribuir un trabajador son 1.250 euros si la empresa realiza una aportación de 500 euros. Se trata de una medida complicada de entender pues se debería permitir que el trabajador pueda ahorrar la cuantía que considere oportuna con independencia de la aportación de la empresa, y además compleja en su funcionamiento. “Veremos cómo las gestoras controlan que ningún partícipe se exceda en los límites“.
Desde la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), también critican esta medida y creen que “es totalmente discriminatoria y más teniendo en cuenta que ya existen planes de pensiones en los que los trabajadores ya están ingresando en el plan más importe del que aporta la empresa”. Consideran que va a “destruir el ahorro de muchos planes de pensiones de empleo que llevan años fomentando que los trabajadores realicen aportaciones de forma voluntaria muy superiores a las realizadas por sus compañías”.
Penalización a los planes de pensiones individuales
La nueva norma incorpora los incentivos fiscales recogidos en los PGE de 2022 para los planes de pensiones individuales y de empresa que establecen una deducción de la base imponible de 1.500 euros en los planes individuales y de 10.000 euros en los de empleo. El Gobierno redujo en 2021 de 8.000 a 2.000 euros el límite de las aportaciones a los planes individuales con derecho a desgravación en el IRPF, lo que supuso una merma del 75 % y este año los han vuelto a reducir 500 euros más.
Un recorte muy criticado por empresas, sindicatos y partícipes. “Es un error que se plantee el intento de generalizar en España la previsión social complementaria en el ámbito colectivo a costa de fagocitar el ahorro de los particulares para la jubilación”, señalan desde Unespa.
Opinan que el Gobierno ha “cercenado” la capacidad de los ciudadanos de preparar su jubilación de forma individual antes de que el nuevo proyecto de ley les ofrezca una vía alternativa para ahorrar a través de planes de empresa.
“Los sistemas de empleo propuestos por el Gobierno tardarán lustros, tal vez décadas, en alcanzar velocidad de crucero, pues su adopción queda sujeta a la negociación colectiva. Entre tanto, las aportaciones deducibles a sistemas individuales de ahorro se encontrarán limitadas a un máximo de 1.500 euros”, señalan fuentes de la patronal del seguro.
