En España está vigente un sistema público de pensiones de reparto, que arrastra desde hace años importantes problemas de sostenibilidad, especialmente puestos de manifiesto a raíz de las consecuencias de la denominada “Gran Recesión” de 2008-2014, y posteriormente agravados en el contexto de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus de 2020-2022.
Un sistema de pensiones de reparto es un sistema que desafía la lógica económica y que fía su continuidad a la progresiva incorporación de cohortes al mercado de trabajo con altas tasas de ocupación. Por su propia configuración, al carecer de una consistencia económica intrínseca, se muestra altamente vulnerable al juego de variables económicas y demográficas que pueden ocasionar agudos desequilibrios entre los flujos de entrada y de salida de recursos.
A partir de un sistema en funcionamiento, basado en unas expectativas por parte de los cotizantes y en compromisos con los beneficiarios, resulta sumamente complicado arbitrar soluciones que requieran ajustes severos de las aportaciones (cotizaciones) y, singularmente, de las prestaciones (pensiones). La accidentada trayectoria de las reformas y de los planteamientos de revisión de esquemas en España acredita sobradamente los escollos que se han de afrontado
El funcionamiento de un sistema de pensiones de reparto responde a la interacción de un amplio conjunto de factores y variables que afectan tanto a los ingresos obtenidos a partir de las cotizaciones sociales como al montante de las prestaciones a satisfacer. Los más relevantes y significativos aparecen reflejados en el esquema
La encrucijada en la que se encuentran los sistemas de pensiones de reparto viene ilustrada por la condición de equilibrio financiero. Se trata de una ecuación bastante simple y cuando disminuye la ratio empleados/pensionistas, solo hay tres alternativas:
- a) aumentar los salarios;
- b) aumentar el tipo de las cotizaciones;
- c) disminuir las prestaciones.
En un sistema de pensiones de reparto, mientras los flujos de entrada sean iguales o superiores a los de salida, no se presenta problema alguno; sin embargo, cuando los primeros se frenan (insuficiente ritmo de creación de empleo, evolución lenta de los salarios) o se amplían los segundos (mayor período de percepción de prestaciones por la mayor longevidad, importe superior de las pensiones entrantes en comparación con las salientes), aparecerá un desequilibrio. La inversión de la pirámide demográfica española, unida a otros factores, representa un reto extraordinario.
La sostenibilidad de un sistema de pensiones de reparto depende del mantenimiento de un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Básicamente, los primeros dependen de las siguientes variables: empleo, salarios, economía sumergida, años de cotización, bases de cotización y tipos de cotización; los segundos, de estas otras: edad de jubilación, importe de la pensión inicial, criterio de evolución de la pensión anual y longevidad.
Adicionalmente, las crisis económicas impactan de lleno en el esquema anterior. La reciente crisis provocada por la pandemia del coronavirus ha afectado a los sistemas de pensiones, con carácter general, a través de fundamentalmente dos vías:
- una mayor probabilidad de que haya individuos que abandonen el mercado de trabajo y soliciten el cobro de pensiones;
- la disminución de las bases de cotización como consecuencia de la contracción del empleo y de salarios reales estancados o decrecientes;
Según los distintos escenarios económicos explorados, en ausencia de un incremento de los ingresos del sistema, se tendría que producir una disminución de la magnitud relativa de las prestaciones (importe de las pensiones respecto al salario medio) para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Aparentemente, la mayoría de los pensionistas presentes y futuros aspira a que el sistema sea justo con ellos. Una interpretación razonable de la justicia en el ámbito previsional es que la suma actualizada de todas las aportaciones efectuadas se equipare a la suma, también actualizada, del conjunto de las prestaciones recibidas. Pues bien, a pesar de la percepción generalizada acerca de la supuesta injusticia del sistema, en la práctica, éste es generoso para aquellas personas que perciban prestaciones durante un período no inferior a unos nueve años.
Por un cúmulo de circunstancias, el sistema de pensiones se encuentra en la actualidad en un atolladero. Para lograr encontrar la senda liberadora y no tomar falsos atajos es preciso desplegar un plan de actuación en varios frentes:
- una política económica orientada al crecimiento sostenible e inclusivo;
- fomento de la innovación y la productividad;
- lucha contra el fraude y la economía sumergida;
- aplicación de ajustes paramétricos a fin de adecuar la cuantía de los compromisos por pensiones a los recursos generados para su cobertura;
- incorporación de aportaciones extraordinarias y transitorias para cubrir los déficits, mediante alternativas que no penalicen el empleo;
- estudio de la implementación de una reforma estructural que permita, mediante elementos de contribución definida aquilatar el montante de los compromisos asumidos.
Las pensiones tienen importantes componentes políticos, sociales y psicológicos, pero la viabilidad del sistema ha de descansar en bases económicas. Sin percibir claramente cuál es la esencia de éstas seguiremos atrapados en un laberinto.
Para intentar localizar la salida del laberinto es necesario primero eliminar los espejos deformantes empañados por ideologías políticas que impiden orientarnos en él
