La última misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en España ha concluido con un informe nada favorable. Reconoce que los cambios impulsados por Trabajo han reducido la temporalidad pero duda de que hayan mejorado la estabilidad en el empleo. Avisa de que la subidas de cotizaciones decretadas por Escrivá afectarán a la creación de puestos de trabajo y no garantizan el futuro de las pensiones
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprecia lagunas relevantes en las reformas estrella acometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez en la primera legislatura del autodenominado gobierno progresista. El informe anual que la institución realiza sobre la situación en España en el marco del llamado capítulo IV, incluye una primera valoración de resultados sobre las reformas laboral y de las pensiones, en la que se pondera los avances conseguidos pero también se los tilda de insuficientes a la hora de alcanzar los objetivos que se plantearon, al punto de que no solo plantea la necesidad de aprobar nuevas medidas sino que también sugiere un cambio de enfoque en las mismas.
Más allá del escenario macroeconómico en el corto plazo, el FMI evalúa las actuaciones del Gobierno contra los ‘grandes’ males de la economía española: la temporalidad en el empleo, el envejecimiento poblacional y el elevado endeudamiento público.
El FMI cuestiona la eficacia de la reforma de pensiones tal y como está planteada y asegura que “en el futuro, muy probablemente será necesario adoptar nuevas medidas para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones”. También tiene objeciones sobre el impacto de la reforma laboral en las transiciones del empleo al desempleo, con la figura del fijo discontinuo como protagonista, la subida del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral.
FMI: “Se necesitarán más medidas en pensiones”
Sugiere subir la edad media de jubilación -que no la legal- con medidas como la reforma del subsidio por desempleo, y que la pensión se calcule en base a toda la vida laboral. El informe sobre España del organismo internacional observa una inclinación excesiva hacia las subidas de cotizaciones sociales a la hora de tratar de equilibrar las cuentas del sistema público de pensiones y advierte de que esta fórmula genera incrementos de costes laborales y podría tener un impacto negativo sobre el empleo.
«En el futuro, muy probablemente será necesario adoptar nuevas medidas para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones», advierten los técnicos del FMI. «La cláusula de salvaguarda instituida en 2023 es una herramienta importante para corregir posibles desequilibrios, pero, en caso de ser activada, deberá considerarse un conjunto equilibrado de reformas, evitando una dependencia excesiva de la opción de último recurso de aumentar las cotizaciones sociales», avisan. El coste total para las empresas por el aumento del 5% de la base mínima de cotización rozará los 3.000 millones de euros en 2024
El camino alternativo que plantea el organismo internacional ya es conocido porque lo ha planteado en otras ocasiones. El sistema público de pensiones español garantiza una de las tasas de cobertura más elevadas sobre el último salario del trabajador y el FMI cree que ahí hay margen para ajustar esa tasa por la vía de extender el periodo de cálculo que se tiene en cuenta para calcular la prestación a toda la vida laboral, no los últimos 25 años como sucede ahora, o profundizando en la estrategia de subir la edad real de jubilación a través de medidas como reformar el actual subsidio para mayores de 52 años, cuyas ratios de reinserción laboral son mínimas.
En su opinión, la cláusula de salvaguarda instituida en 2023 “es una herramienta importante para corregir posibles desequilibrios”, pero en caso de ser activada, “deberá considerarse un conjunto equilibrado de reformas, evitando una dependencia excesiva de la opción de último recurso de aumentar las cotizaciones sociales, que incrementaría los costes laborales y podría tener un impacto en el empleo”.
Sugiere que se considere la reducción de las tasas de reemplazo (relación entre la cuantía de la pensión y el último salario), que son significativamente superiores a las de países comparables, mediante una extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, considerando la carrera completa.
La reforma laboral y los fijos discontinuos
También expone su visión sobre la reforma laboral de 2021. El FMI reconoce que “logró bajar la tasa de temporalidad en más de 10 puntos porcentuales, al nivel promedio de la UE”, pero añade que “se necesitan políticas adicionales para alcanzar una mayor estabilidad del empleo en sentido amplio”.
“La reforma redujo la dualidad en el mercado laboral, pero su impacto general sobre las transiciones del empleo al desempleo es menos claro. De cara al futuro, relajar la legislación de protección del empleo -entre otras cosas, reduciendo la incertidumbre en torno a los costes de despido- le daría más incentivos a los empleadores para crear contratos permanentes indefinidos”.
Asimismo, cree que “incrementar las cotizaciones para la prestación por desempleo por parte de empleadores con mayor rotación de personal podría desalentar excesivas transiciones entre actividad e inactividad bajo los contratos fijos discontinuos, que a su vez deberían estar sujetos a un monitoreo más preciso utilizando información estadística adicional. Finalmente, también recomienda restringir el uso de contratos temporales en el sector público.
Paro del 11% y deuda por encima del 100%
Del lado del mercado laboral, prevé una reducción del paro hasta un 11% a medio plazo, pero exige políticas adicionales para “alcanzar una mayor estabilidad en el empleo”. Es decir, “relajar la legislación de protección del empleo, reduciendo la incertidumbre en torno a los costes del despido”, o restringir el uso de interinos en el sector público, entre otras. Además, reforzar las políticas activas de empleo para reducir más el desempleo, inclusive aumentando el gasto, y mejorando los incentivos para la aceptación de ofertas, “tal como lo contempla la propuesta de reforma del subsidio por desempleo que pretende compatibilizar las prestaciones del subsidio con el ingreso laboral”.
La evaluación de la reforma laboral de Yolanda Díaz es también crítica. Los analistas del FMI, entre los que se cuentan algunos de los economistas más prestigiosos del mundo, valoran la reducción de diez puntos de la tasa temporalidad propiciada por el nuevo marco regulatorio establecido por el Gobierno y el papel clave que éste ha jugado en la resolución de la endémica dualidad del mercado de trabajo español entre fijos y temporales, pero desliza que «su impacto general sobre las transiciones del empleo al desempleo es menos claro». Es decir, que no terminan de ver claro que haya contribuido a una mayor estabilidad en el empleo.
«No está claro que haya mejorado la estabilidad y por eso planteamos la necesidad de desarrollar nuevas medidas para aumentar la estabilidad en el empleo y reducir la tasa de paro estructural a niveles de un solo dígito», ha explicado este viernes el economista jefe de la misión del FMI para España, Romain Duval, en una conferencia con medios.
Los datos que maneja el organismo apuntan a que la reforma laboral no ha reducido en suficiente medida la tasa estructural de desempleo del mercado de trabajo español, que continúan situando en el 11%, muy por encima de las de la inmensa mayoría de economías desarrolladas y muy lejos del pleno empleo comprometido por Sánchez. Y creen necesarias nuevas medidas para abordar ese desequilibrio. En este sentido, plantean, por una parte, elevar la cotización al desempleo que pagan las empresas con mayores niveles de rotación laboral; y, por otra, «relajar la legislación de protección del empleo» para incrementar los incentivos a las empleadores para crear contratos permanentes indefinidos.
El informe del FMI advierte de paso sobre los riesgos de alguno de los debates abiertos por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en los últimos tiempos. Señala que sería aconsejable reducir la incertidumbre en torno a los costes del despido en España, que ha vuelto a ser alentada este mismo viernes por la ministra asegurando que se incrementarán bajo el argumento de conseguir que despedir no sea rentable y de que las empresas reparen el daño causado; también insta a mejorar el monitoreo estadístico de los contratos fijos discontinuos, uno de los grandes enigmas que Trabajo se ha empeñado en sostener casi desde la aprobación misma de la reforma laboral; y advierte sobre los efectos no deseados de una eventual reducción por ley de la jornada laboral, que, avisa, podría afectar al empleo y reducir los salarios de los trabajadores si no se hace con la suficiente flexibilidad.
El FMI hace estas evaluaciones en un panorama donde, según dice, el crecimiento del empleo se moderará a medida que se normalicen las afluencias migratorias y la tasa de desempleo disminuirá lentamente hacia el nivel estructural a medio plazo de 11%, aproximadamente.
“A medio plazo, a medida que el crecimiento se modere, la inflación se normalice y el auge de ingresos fiscales se atenúe, el déficit fiscal y la deuda pública se estabilizarían en torno a 3% y 104% del PIB, respectivamente, en ausencia de medidas adicionales de consolidación fiscal discrecional”, estima el FMI.
A esto se suman “las fuertes presiones” sobre las finanzas públicas que generará el creciente gasto vinculado al envejecimiento de la población en la próxima década. En este sentido, el personal técnico recomienda una reducción acumulada del déficit primario estructural de tres puntos porcentuales del PIB en 2024-2028, lograda mediante un ajuste fiscal anual promedio de alrededor de 0,6 puntos porcentuales.
“La consolidación de este orden de magnitud contemplada por las autoridades en 2024 -mediante la imposición de gravámenes temporales sobre ganancias extraordinarias y la retirada paulatina de medidas de apoyo para paliar los efectos de la crisis energética- es adecuada. Sin embargo, será necesario mantener este ritmo de consolidación en los años siguientes, lo cual requiere medidas suplementarias de carácter más estructural”, advierte.
De esta forma, torpedea la intención que tiene el Gobierno de suavizar el impacto de las reglas fiscales, que volverán a estar vigentes en 2025. El Gobierno debe presentar a la Comisión Europea el próximo mes de septiembre la hoja de ruta que seguirá durante los próximos cuatro años para reducir la deuda y el déficit, pero planea extender ese plan a siete años, con ajustes anuales más bajos que el 0,6%, teniendo las reformas e inversiones vinculadas a los fondos europeos como excusa.
Por último, el FMI desliza la importancia de reforzar la función de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fsical (AIReF) en la evaluación de los efectos de las políticas fiscales propuestas. Según sus técnicos, esto “podría afianzar la credibilidad del plan” del Gobierno para los próximos años.
Fuentes:
