La búsqueda de estabilidad y facilidades para conciliar llevan a muchas personas a virar sus carreras laborales y abandonar el sector privado
La gente está harta de enfrentarse a un mercado laboral sanguinario
España: el peor mercado laboral de Europa y con altísima rotación
Cuando se analiza el mercado laboral español, conviven dos visiones contrapuestas. Una, la oficial, que destaca los sucesivos máximos históricos que ha alcanzado la afiliación a la Seguridad Social; la otra, que apunta, principalmente, a la caída de la productividad y la adulteración de las cifras de parados (por haber convertido parte de ellos en «fijos discontinuos inactivos»).
Lo cierto es que tenemos el peor mercado laboral de Europa, por la sencilla razón de que nuestra tasa de paro es la mayor del continente. El número de parados verdadero se acerca a los cuatro millones de personas; alrededor de un 40 % más que los 2,8 millones que son el paro registrado oficial. Así, la tasa de paro real sería cuatro puntos porcentuales más alta: 15,8 % en lugar de 11,8 % oficial.
La afiliación a la Seguridad Social viene mostrando un mayor crecimiento del empleo público que del privado. España gasta en salarios públicos 21.000 millones de euros, 1,5 % del PIB más que la media de la Eurozona.
Entre 34 países avanzados analizados, España es donde peor evolucionó la productividad: una caída de 4 % entre 2018 y 2023. Una menor productividad significa que es necesario más personal para alcanzar una misma producción. Es decir, implica una subida del coste laboral por unidad producida.
Lejos de contribuir a paliar esa situación, el gobierno la agravó con una subida del salario mínimo del 73 % desde 2016. La alocada subida del salario mínimo evitó la creación de 210.000 empleos que podrían haber sido ocupados por trabajadores con menos experiencia y/o formación. El salario mínimo español, se ha convertido en el segundo más caro de la UE, y tiene una incidencia más dañina en las provincias donde la remuneración media es más baja. En Ávila, Zamora, Badajoz, Murcia y Alicante, el salario mínimo equivale a más del 75 % del salario promedio.
En Canadá, Japón y Suiza, el salario mínimo es distinto en cada región. En Reino Unido, Holanda e Irlanda, el salario mínimo es más bajo para los jóvenes, para facilitar su inserción laboral. En Alemania, dicho mínimo no rige para trabajadores en prácticas ni tampoco se aplica para los parados de larga duración que se reincorporan al empleo.
El informe de tendencias de recursos humanos para 2024 de la consultora Randstad, con una encuesta a una muestra representativa de 300 empresas en noviembre y diciembre del año anterior, muestra que casi la mitad cuentan entre sus principales desafíos la fidelización de talento y equipos. El estudio señala como una de las causas los problemas de rotación, que ya venía percibiendo en ejercicios anteriores. En 2022, situaba la cifra media anual en España en el 17%.
Empleo público, en busca de la estabilidad
Según los datos recogidos en la EPA del primer trimestre de 2023, el 17,2% de los ocupados en España están trabajando en el sector público. Por lo tanto, el 82,7% de los trabajadores estarían en el sector privado.
Clasificados por tipo de administración, 515.449 trabajadores dependen del sector público del Estado (18,87% del total), 1.617.142 dependen de las comunidades autónomas (59,21%) y 598.526 de entidades locales (21,92%). Según Eurostat, la proporción de empleo público en la Unión Europea es del 17%, en línea a la de España. Las proporciones más altas de empleados públicos en la Unión Europea se encuentran en Suecia (29% del empleo total), Dinamarca (28%), Finlandia (25%), Estonia y Croacia (ambas 23%), y las más bajas en Alemania (11%), los Países Bajos (12%), Italia y Luxemburgo (ambas 14%).
“Cuando pasamos la pandemia, con muchas situaciones de regulaciones de empleo, muchas personas entre los treinta y tantos y los 50 se plantearon opositar”, señala la directora de empleo público de Adams. Las edades de sus alumnos pueden no ser extrapolables al grueso de opositores, pero dan una idea de la situación: solo el 15% tienen menos de 30 años; entorno al 20% se encuentran en la siguiente década; y el 35% están entre los 40 y los 50 años; por encima, según sus datos, está alrededor del 25%.
Si entre 2010 y 2014 la oferta de empleo público se redujo a unas 5.000 plazas, en los últimos años el aumento ha sido notable. En 2016 se convocaron más de 19.000 plazas, en 2019 salieron a concurso unas 38.000, en el año 2020 fueron 28.000 y en 2021, 30.000 y en 2022, solo las de acceso libre de la Administración General del Estado superaron las 16.800. Y esta oferta no parece que se vaya a reducir en los próximos ejercicios pues la administración pública tiene el gran reto de reponer casi el millón de plazas que se van a quedar vacantes en la próxima década por el envejecimiento de las plantillas.
Según los datos del Registro Central de Personal, entre el 2019 y el 2022, los últimos disponibles, el grueso de los funcionarios y laborales fijos del Estado de nuevo ingreso en la administración general tenían entre 30 y 40 años. El porcentaje muestra el momento del ingreso, pero no cuándo se empezó a estudiar la oposición, un periodo que puede alargarse varios años, según la categoría, ni cuándo se realiza el examen, hasta dos años antes de acceder de facto al puesto, por lo que posibles cambios en los patrones pueden tardar en apreciarse.
En 2022, uno de cada tres nuevos funcionarios tenía menos de 30 años. El estudio de la plataforma OpositaTest, El peso del opositor en España, publicado en marzo, señala que dos de cada 10 españoles, entre 18 y 55 años, se ha planteado opositar en el último año y que un 10% de la población en edad activa ha empezado a hacerlo. Según el estudio, seis de cada 10 interesados por esta vía tienen entre 18 y 34 años y “la mayoría afirma buscar estabilidad por encima del salario y vienen motivados por la dificultad que tienen para encontrar trabajo y la precariedad de las ofertas laborales con las que se encuentran al acabar sus estudios”.
