LA DEUDA CIERRA EN 2024 POR ENCIMA DE LOS 1,6 BILLONES
Pese a algún mes en el que la deuda desciende por los distintos ritmos entre las amortizaciones y las refinanciaciones, como sucede este mes, la tendencia de la deuda sigue siendo alcista, pues el déficit no cesa, y mientras haya déficit, la deuda aumentará. Es cierto que llevamos tres meses consecutivos en los que ha descendido la deuda mensual, pero no se debe más que al diferente ritmo entre las refinanciaciones y las amortizaciones, porque la deuda aumenta en valores absolutos, debido a que sigue habiendo déficit.
El aumento de los ingresos derivado de la inflación mitiga el déficit y, con ello, la deuda en valores absolutos, pero, aun así, el déficit sigue teniendo gran potencia porque se gasta casi todo el nuevo ingreso que se genera. Del mismo modo, la rebaja del cociente entre la deuda y el PIB no es más que fruto tanto de la inflación, de nuevo, que eleva el PIB nominal, como de la revisión extraordinaria del PIB acometida en septiembre de 2024.
Como podemos observar, la rebaja del cociente entre la deuda y el PIB se produce porque el PIB nominal se incrementa de manera muy importante, en primer lugar, por la inflación. En segundo lugar, por la revisión extraordinaria, sin precedentes cercanos en su magnitud, que el INE realizó en septiembre, elevando el PIB nominal de 2021 en 35.000 millones de euros, con efecto arrastre.
La deuda puede rebajarse ficticiamente, pero sigue existiendo, sigue creciendo y sigue acumulándose como una losa para la economía española, tanto por su capacidad para devolverla, como para su capacidad para pagar los intereses por la misma, que drenarán recursos a otros servicios esenciales.
En noviembre, la deuda bajó en 744 millones de euros debido al distinto ritmo entre refinanciaciones y amortizaciones, no a descenso de la deuda real, pues al haber déficit sigue incrementándose y mantiene, así, su tendencia creciente, como ha hecho Sánchez durante todo el sexenio de su mandato. La deuda supera los 1,6 billones de euros y se sitúa en noviembre en 1,621515 billones de euros de endeudamiento, con 465.000 millones de euros de incremento desde que gobierna Sánchez (464.178 millones), según las notas iniciales de deuda de las AAPP emitidas por el Banco de España con carácter mensual.
De esta forma, la deuda sigue incrementándose en alrededor de 200 millones de euros al día (195,44 millones) -casi 1.500 millones a la semana, 6.000 millones al mes, 8 millones cada hora- desde que gobierna Sánchez. O dicho de otra manera, Sánchez incrementa la deuda cada minuto en 135.725 euros. Es decir, mientras un ciudadano hace una pausa de quince minutos para tomarse un café por la mañana, Sánchez habría incrementado la deuda en más de 2 millones de euros. Y durante una jornada laboral completa, en la que un ciudadano habrá estado trabajando duramente ocho horas, generando actividad económica, empleo y pagando sus impuestos, Sánchez habrá aumentado la deuda en 65 millones de euros.
El descenso de la deuda sobre el PIB sólo se produce por el incremento del PIB nominal debido a la revisión extraordinaria que llevó a cabo el INE, al aumentar en la última revisión el PIB nominal en 35.000 millones de euros, con efecto arrastre sobre los años siguientes, en mero efecto espejismo, como se ve al comparar el dato con revisión del PIB y sin revisión del PIB, revisión que aminora el cociente en casi cuatro puntos de PIB.
El incremento del endeudamiento puede poner en peligro a la economía española, tanto por su capacidad para financiarla si el BCE deja de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y que, a su vez, incrementará el gasto. Así, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público, especialmente en el Gobierno de la nación, que nos lleva a una situación de insostenibilidad: con una recaudación adicional de más de 30.000 millones en 2022, el déficit sólo se redujo 2 décimas sobre el objetivo, que denota el importante incremento del gasto que se está produciendo (tres décimas si empleamos la revisión del PIB, pero no es comparable con la previsión inicial, realizada con un PIB estimado menor, al no haberse revisado entonces).
Además, la IGAE detectó un pequeño incremento del déficit posteriormente, que se come una décima. En 2023, el gasto siguió aumentando y si el déficit disminuyó se debió sólo al incremento de ingresos por aumento de la inflación, al igual que en 2022. En 2024, el saldo se salvará por el incremento extraordinario del PIB en su revisión. El Gobierno también fía todo a los ingresos en 2025, ya que el gasto se encuentra disparado, como hemos podido ver con el techo de gasto no financiero que previó para 2025, donde cada vez se vuelve más estructural. Si cumple el objetivo, será por el impulso inflacionista de la recaudación y del PIB nominal, revisado de manera extraordinaria por el INE, incrementado en 35.000 millones por dicha revisión, no por crecimiento sano ni por ajuste del gasto, que sigue creciendo. Sin embargo, es probable que el aumento de gasto eleve el déficit por encima de lo previsto.
Este endeudamiento se agravará, con mayor crecimiento de gasto, que incrementará el gasto estructural y el déficit estructural, con presiones de gasto adicionales muy importantes como el desequilibrio existente en la Seguridad Social, que con la reforma del Gobierno se desajusta todavía más, al presionar fuertemente al gasto.
Adicionalmente, si se termina de aplicar el concierto catalán, la Administración General del Estado puede perder varios miles de millones de euros, con el agravamiento de dicho déficit, al tiempo que tendría que cubrir los servicios esenciales de las CCAA receptoras de fondos ante la insolidaridad del cupo catalán, tal y como distintos organismos han publicado, el último, el Colegio de Economistas de Madrid. De esa manera, el déficit estructural español se sitúa alrededor de cuatro puntos porcentuales sobre el PIB, elemento que señala un grave desequilibrio de la economía española. Déficit estructural que es la gran preocupación de la Comisión Europea.
Sánchez no rectifica, pues la disminución de la deuda que algún mes se produce, como éste, no es real, sino por efecto estadístico del distinto decalaje entre amortizaciones y nueva financiación. La tendencia, así, sigue siendo alcista -y así seguirá mientras siga habiendo déficit, pues la deuda no es más que el sumatorio de los distintos saldos presupuestarios de cada ejercicio- con la aportación de inestabilidad a la economía que ello supone, como también ha sucedido en 2022 y en 2023, pese al incremento extraordinario de recaudación motivado por la inflación, que ya se desacelera a pasos agigantados, situando el gran problema en la actualidad, donde la ralentización económica -más allá del impulso artificial del efecto base estadístico- será mayor y los ingresos podrán cubrir todavía peor los gastos. La propia AIReF ha advertido de la aceleración del gasto y ha pedido que se tomen medidas para corregir lo que será un incumplimiento de la regla de gasto. Si el cupo catalán sale adelante, contribuirá a introducir inestabilidad presupuestaria, con más déficit y más deuda.
La deuda con esos 1,621 billones de euros, supone el 101,8% del PIB español, pero sólo por el efecto del incremento extraordinario del PIB en la revisión de 2021…
…sin esa revisión, sería del 104,1% del PIB. Es decir, la revisión extraordinaria del PIB rebaja en casi 3 puntos el cociente, pero la deuda sube con fuerza en valores absolutos:
Aunque es obvio que el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitiga el cociente, como vemos, seguirá siendo muy elevado porcentualmente y, lo que es más preocupante, creciente en valores absolutos. Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 464.178 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo de seis años y medio de mandato el incremento es de 465.000 millones de euros, según las notas mensuales iniciales publicadas por el Banco de España sobre la deuda de las AAPP.
Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los más de cuatro años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 9.512 euros (más de diez veces el incremento del primer año).
O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras casi siete años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 192,93 millones de euros cada día.
De esa forma, seguimos con un incremento exponencial del gasto, manteniéndonos en el furgón de cola de la recuperación de la UE, pese a la revisión extraordinaria al alza que ha realizado el INE y al impulso que en el último sexenio le ha dado el gasto público al PIB, en un entorno económico complicado. Esto impulsa el crecimiento a corto plazo, sobre unos cimientos muy débiles, que perjudican, además, a la estructura económica del medio y largo plazo, debido a la composición insana del crecimiento, donde crece el gasto público en detrimento de la inversión, que no crece como debería, dándose un efecto expulsión de la inversión privada por parte del gasto público.
Los ciudadanos necesitan que el Gobierno les aligere de cargas, como, por ejemplo, la deflactación del IRPF, y la bajada de impuestos, no que los endeuden más. Es imprescindible, por tanto, reducir el gasto ineficiente, porque es el origen del problema y vuelve insostenible el mantenimiento de la estructura económica con semejante endeudamiento, y devolver a los ciudadanos la recaudación extra que el Gobierno está consiguiendo gracias a la inflación, que asfixia a los españoles, les hace perder poder adquisitivo y les impide llegar a fin de mes y poder competir, en el caso de las empresas, en los mercados. Es decir, se necesita una política económica radicalmente distinta a la de Sánchez.
EL GASTO PÚBLICO SE DISPARA UN 30% CON SÁNCHEZ: CADA ESPAÑOL ‘DEBE’ 14.000 EUROS
En 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el gasto público per cápita se situaba por debajo de los 11.000 euros anuales
En pleno debate sobre la condonación de deuda por parte del Estado a las autonomías, las agencias de calificación S&P y Moody’s así como la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han alertado del verdadero riesgo que conlleva el plan de Hacienda: la indisciplina fiscal y el descontrol del gasto.
En el último lustro el gasto del conjunto de las administraciones públicas se ha disparado un 30% en términos per cápita, alcanzando los 14.000 euros por habitante en 2023. En 2018, cuando Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno, se situaba por debajo de los 11.000 euros anuales.
En base a los cálculos realizados con las cifras de gasto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 superó ese umbral y desde entonces ha batido un nuevo récord cada año.
El gasto público per cápita alcanzó los 12.000 euros en 2020, rozó los 13.000 en 2021, superó los 13.000 en 2022, y llegó a los 14.000 ya en 2023. Al falta de conocer las cifras del 2024, todo apunta a que, de nuevo, registrará un incremento anual y alcanzará un nuevo máximo.
El gasto total de las administraciones públicas ascendió en 2023 hasta los 680.952 millones de euros, un 7% más que el año anterior (637.117 millones) y un 35% más que en 2018 (503.193 millones). El mayor aumento respecto a 2018 se ha registrado a nivel local (del 40%) y regional (38%), seguidas de la Seguridad Social (35%) y la Administración Central (30%).
Esto ha hecho que el Estado y los organismos de la Administración Central pierdan peso sobre el total del gasto mientras las CCAA han ganado (un punto porcentual de diferencia en ambos casos respecto a 2018), según se desprende de los datos por subsectores y en términos consolidados (descontando las transferencias e intereses).
El 33% de los 680.952 millones de gasto correspondió a la Administración Regional (las CCAA gastaron 223.238 millones) y otro 33% a la Seguridad Social (228.023 millones). El 44% restante, a la Administración Central (22% del total, con 148.608 millones) y a la Administración Local (12%, 81.083 millones).
Por partidas de gasto, destacan el dedicado a protección social (277.104 millones de euros que incluyen las pensiones y las prestaciones por desempleo), a salud (98.624 millones), a servicios públicos generales (84.784 millones), a asuntos económicos (74.958 millones) y a educación (63.040 millones).
Respecto a 2018, los mayores incrementos se han dado en la categoría de asuntos económicos (un 46%, al incluir las ayudas por la pandemia y la guerra en Ucrania), vivienda y servicios comunitarios (45%), protección del medio ambiente (39%), así como la partida de ocio, cultura y religión (38%). Les siguen salud (37%), protección social (36%) y defensa (36%).
La quita de deuda a las CCAA
La condonación de deuda diseñada por el Gobierno beneficiará a todas las comunidades autónomas de régimen común, pero no por igual. Cataluña y Madrid ocupan los dos extremos, con una diferencia de casi 1.000 euros por habitante. Dicho de otra manera: se perdonará casi el doble a un catalán que a un madrileño. Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha salen más beneficiadas que el resto. La deuda perdonada a estas CCAA por habitante ajustado asciende a los 2.284 euros porque no sólo tiene en cuenta la infrafinanciación como criterio adicional, sino que también premia el sobreendeudamiento y las subidas de IRPF.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha tumbado la fórmula diseñada por Hacienda al considerar, por un lado, que en vez de premiar la subida de impuestos debería haberse analizado el gasto computable; y, además, que «una operación de condonación de deuda debe llevar aparejada una condicionalidad fiscal».
El motivo no es otro, argumenta, que «los problemas de azar moral que rodean a este tipo de operaciones y por la necesidad de reforzar las garantías de cumplimiento de las reglas fiscales». El temor a que el gasto público se descontrole en las CCAA, que asumen ya que el Estado absorberá su deuda.
Fuente: El gasto público se dispara un 30% con Sánchez: cada español ‘debe’ 14.000 euros | Vozpópuli
