El gasto público supone ya el 45,5% del PIB, casi la mitad de lo que la economía produce al año
Cuatro de cada diez euros del gasto público de 2023 -último ejercicio completo facilitado por Hacienda- se dedicaron al pago de pensiones, prestaciones de desempleo y ayudas sociales. Estas partidas sumaron 277.104 millones de un gasto público total para ese año de 681.000 millones. Los datos procedentes del Informe sobre la Clasificación de las Funciones de las Administraciones Públicas (Cofog), muestran además que el presupuesto para pensiones y otras prestaciones de tipo social se incrementó un 27,9% desde 2019.
Mientras, el gasto público, que supuso el 45,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2023, lo que representa casi la mitad de lo que produce la economía española en un año, aumentó un 29,3%. El detalle del informe muestra que después de los fondos sociales, las partidas destinadas a salud y servicios públicos generales son las más importantes, aunque considerablemente menores. Para medicamentos, servicios ambulatorios y prestaciones hospitalarias se destinaron 98.600 millones, 15.000 más que los previstos para servicios públicos.
El denominado epígrafe de gasto social -lo que conocemos como Estado del bienestar y que agrupa vivienda, salud, educación y protección social- ya representa el 66% del total del gasto público. En términos del PIB, el Estado del bienestar supuso a finales de 2023 el 29,79% de dicha magnitud, dos puntos más que en 2023. Alrededor de dos de cada tres euros de gasto público corresponden a gasto social.
Gasto del sector público
Gasto público y gasto social
Fue en 2020, el año de la pandemia, el ejercicio en el que gasto público superó el 50% del PIB. En 2023 cayó cinco puntos con respecto a ese porcentaje máximo. En 2020, el gasto en medicamento, los ERTEs y las ayudas sociales dispararon la partida. En total fueron 580.000 millones, 100.000 menos que en 2023. Este gasto, totalmente necesario, inició en el año del covid una senda que ya es imparable. Las nuevas ayudas sociales, cada vez más importantes para un parte importante de la población, pero sobre todo las pensiones y las necesidades de las población mayor seguirán aumentando la factura.
Las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su último informe de pensiones muestran que el aumento del gasto será imparable en los próximos años. En 2035 rondará el 48% del PIB y 15 años más tarde, el 52,4%. La previsión está supeditada a un escenario sin grandes tensiones económicas y con un incremento importante de la edad de jubilación y del cómputo de años para jubilarse. Los gastos crecerían hasta alcanzar un máximo del 53% del PIB en 2058 y posteriormente se estabilizarían, descendiendo levemente hasta el 52,6% en 2070.
Pensiones y envejecimiento
Este considerable incremento se debería a la presión derivada del proceso de envejecimiento. Este no solo queda patente en el gasto pensiones, sino también en sanidad, educación y cuidados de larga duración. Además, las dinámicas de acumulación de deuda junto con el incremento de los tipos de interés irían elevando también el peso de los gastos en intereses hasta alcanzar el 6,9% en 2070.
Por su parte, Funcas, en su monográfico Retos pendientes del sector público español, deja claro que aunque el porcentaje de gasto público de España es menor que el promedio europeo en términos de renta per cápita, nuestro país se encuentra un 11,6% por debajo del promedio de la UE. Países como Francia y Bélgica tienen un tamaño significativamente mayor, mientras otros como Holanda o Irlanda, con una renta per cápita superior, muestran un sector público más reducido.
Peso de la inversión pública
En cuanto a la estructura del gasto público, el artículo señala que España tiene un mayor peso del gasto social con relación al productivo que en la UE. Por el contrario, desde hace años, el peso de la inversión pública en el PIB de la economía española se sitúa entre los niveles más bajos de los países de la UE. Esto, se advierte, condiciona el potencial de crecimiento económico a largo plazo. Además, la estructura de los ingresos públicos también es diferente. Con una imposición sobre el capital similar a la de la UE, la renta indirecta y las del trabajo en el impuesto de la renta son inferiores. Mientras, las cotizaciones sociales son superiores, por la mayor imposición que recae sobre las empresas.
Los autores concluyen que la economía española tiene un amplio margen para mejorar la eficiencia de su sector público, que se encuentra significativamente por detrás de los países con sectores públicos más eficientes. Esta mejora es una condición necesaria, destacan, para afrontar con éxito la sostenibilidad del Estado de bienestar, «sobre todo por el hecho de que España tiene unos niveles de deuda y déficit públicos más elevados». Esto aumenta su vulnerabilidad frente a posibles choques económicos en un entorno de «mayores exigencias por los procesos de envejecimiento poblacional y descarbonización».
Fuente: Cuatro de cada diez euros del gasto público ya se dedican a pensiones, desempleo y ayudas
