DESMONTANDO LAS FALACIAS DE LAS PENSIONES. LA SUPUESTA CONTRIBUTIVIDAD DEL SISTEMA

Desde la Ley de 1 de septiembre de 1939 el régimen de Seguridad Social (anteriormente seguro social de vejez) vigente en España pasó a ser un sistema de reparto. El régimen de reparto fue adoptado tras la guerra civil debido a la quiebra del sistema de capitalización, facilitando el tránsito de uno a otro al reconocer en el artículo 4 de la Ley de 1 de septiembre de 1939 el derecho a una pensión de cuantía fija, independiente de cualquier requisito de cotización, a quienes acreditasen un único día de cotización al retiro obrero (institución conocida en su momento con el nombre popular de “perra gorda“). Aunque inicialmente se previó volver al sistema de capitalización, ello nunca llegó a hacerse, puesto que jamás se desarrolló el Decreto de 18 de abril de 1947, que previó el paso progresivo de un régimen de “reparto simple” a un régimen “con fundamento actuarial en el que se guarden la correcta proporcionalidad técnica las pensiones a alcanzar con el volumen de las cotizaciones ingresadas”.

En un sistema de reparto se pierde la correlación entre cotizaciones efectuadas y prestaciones. La finalidad del sistema de reparto es mantener las rentas del trabajador afectado por determinadas contingencias (vejez, invalidez, enfermedad), utilizando para su financiación las cotizaciones sociales a modo de impuesto o figura tributaria. La cuantía de las prestaciones es la definida por la Ley por razones de justicia social que solamente competen al legislador, donde pueda tomar en consideración los salarios percibidos (en su caso con determinados mínimos y máximos), los ingresos mínimos que deben garantizarse para la subsistencia en condiciones de dignidad, etc..

En este contexto y como un principio propio de un sistema de reparto es donde aparece la “contributividad”, que es un principio abstracto que solamente sirve para justificar el endurecimiento de los requisitos para el acceso a las prestaciones elevando los periodos de carencia exigibles y la valoración de periodos extensos de cotización para el cálculo de la base reguladora. En España la introducción de la contributividad se produce esencialmente a partir de la Ley 26/1985, si bien ya el texto articulado de la Ley General de la Seguridad Social de 1966 se elevó el periodo de carencia para acceso a la jubilación por vejez desde los 1.800 días del antiguo SOVI al doble (diez años). Como consecuencia se eleva el periodo de carencia para el acceso a la jubilación a quince años y se amplía de forma muy significativa hasta los ocho años el periodo de referencia para el cálculo de la base reguladora.

Es decir, invocando el principio de contributividad se adoptan medidas que serían propios de un sistema de capitalización (como es señaladamente la supresión del requisito de alta o la toma en consideración de periodos temporales amplios para el cálculo de la base reguladora) junto con medidas propias de un régimen de reparto (como es la elevación del periodo de carencia) y que dejan de presentarse ideológicamente como medidas contra el fraude. Hay que subrayar sin embargo que la introducción de periodos de carencia poco tiene que ver con un régimen de capitalización, salvo que se estableciese, como ocurre en el Derecho de la Seguridad Social alemán, el derecho a la devolución de las cotizaciones de quienes, habiendo cotizado alguna cantidad a lo largo de su vida, no accedan después a la correspondiente pensión por no alcanzar el periodo de carencia de cinco años.

Todo lo anterior debe servir para establecer una verdad básica: nuestro sistema de Seguridad Social, aunque se hayan endurecido progresivamente las normas de acceso a las prestaciones y las aplicables al cálculo de la cuantía de las mismas, es un sistema de reparto y por ello no existe lo que el artículo 6 del Decreto de 18 de abril de 1947 , llamaba “fundamento actuarial en el que se guarden la correcta proporcionalidad técnica las pensiones a alcanzar con el volumen de las cotizaciones ingresadas“.

Es decir, la “contributividad” es una mera idea política que guía la legislación, pero no tiene una traducción técnica, de manera que la correlación entre cotizaciones y prestaciones es una mera idea-fuerza que no sigue pautas matemáticas ni actuariales. De ahí que en nuestro sistema se puedan buscar numerosos ejemplos llamativos de falta de correlación entre lo cotizado a lo largo de la vida laboral y el derecho prestacional causado, suscitando, si así se desea, todo tipo de agravios comparativos entre personas y colectivos, baste pensar, a título de ejemplo, en que un trabajador que tenga veinte o más años de cotización a tiempo completo a lo largo de su vida laboral se puede ver privado de la protección del sistema de Seguridad Social por no alcanzar la carencia específica si en los últimos quince años de su vida no cotiza al menos los 2 años exigidos, lo que constituye un significativo ejemplo de ruptura del principio de contributividad al recibir un retorno cero por sus cotizaciones a lo largo de décadas, una ruptura producida precisamente por la aplicación de una medida supuestamente contributiva, como es el periodo de carencia.

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