Los acontecimientos vividos en apenas 72 horas certifican el colapso de un Gobierno que ya no tiene capacidad de respuesta ante los escándalos
Ante la avalancha de registros y detenciones que se produjeron esta semana en apenas 72 horas -UCO de la Guardia Civil en el caso de la fontanera de Ferraz y UDEF de la Policía Nacional en el caso Plus Ultra- el Gobierno ofreció una respuesta tibia, pese a que ambas investigaciones alcanzan de pleno los estamentos más intrínsecos de Moncloa. Ya no es que a Pedro Sánchez y su equipo más cercano se le escapara el control del relato; es que apenas tenían capacidad de respuesta ante la magnitud de los hechos.
Porque este último golpe -policial, pero de consecuencias notables a nivel político- llega en medio de un profundo desgaste, después de que el Gobierno haya centrado sus esfuerzos en contrarrestar escándalos como los de Begoña Gómez; el hermano, en Badajoz; las adjudicaciones desde el Ministerio de Transportes; Ábalos, Koldo, Aldama o Leire Díez; el del fiscal general del Estado. Amén del bloqueo político, ante el paulatino abandono de sus socios habituales, con el principal ejemplo de Junts.
El desgaste está vinculado a una intensa cronología. Algo ocurrió ante los ojos de todos los españoles el 12 de julio de 2021, aunque por entonces era imposible -con los elementos que se conocían hasta la fecha- anticipar todos los acontecimientos que estaban por venir. Ese día, contra todo pronóstico, Pedro Sánchez citó a José Luis Ábalos y le despojó de sus tres cargos más destacados: ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y principal confidente y valedor.
Un punto de inflexión
Ese fue el punto de inflexión de un Gobierno que ya venía de desmentir, con múltiples cambios de versión, todas las informaciones del Delcygate reveladas por este diario; también las relacionadas con las adjudicaciones para la compra de material sanitario que ahora desbrozan la Justicia y la UCO; y de sufrir en sus propias filas escándalos como el de Tito Berni. Desde entonces, el Gobierno ha entrado de lleno en una centrifugadora de revelaciones, informes y casos judicializados que sigue aumentando su velocidad.
Los nombres de Koldo García y Víctor de Aldama apenas había trascendido a la opinión pública hasta el 20 de febrero de 2024, fecha en la que fue detenido por un supuesto fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia. También fueron detenidos otros empresarios, en una trama que tenía en el epicentro a la empresa Soluciones de Gestión S.A., de la que Vozpópuli ya venía informando desde 2020. El Gobierno trató de encapsular el caso y lo atribuyó a un verso suelto en el Ministerio de Transportes.
Pero dos meses después estalló el caso Begoña Gómez. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por el juez Juan Carlos Peinado, admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias investigando la posible comisión de delitos como tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La cátedra de la Complutense y la adjudicación de contratos públicos a un empresario próximo a Gómez estaban bajo sospecha.
Cinco días de «reflexión»
¿Cómo neutralizar este frente judicial en términos políticos? Pedro Sánchez tomó una decisión inédita en democracia. Anunció que se tomaba cinco días para “reflexionar” sobre su futuro. Todas las estructuras del Gobierno, paralizadas; la comunidad internacional estudiaba los acontecimientos con perplejidad.
Concluido el periodo de “reflexión”, Sánchez anunció que volvía con más fuerza, con intención plena de limpiar el “fango” de la ultraderecha, atribuyendo el proceso a “bulos” y atacando directamente a los jueces, a los que ligaba en una confabulación con sectores reaccionarios que sólo pretendían dinamitar el Gobierno desde los tribunales.
No habían pasado ni dos meses cuando estalló otro escándalo judicial en el entorno más cercano de Pedro Sánchez. En este caso era su hermano, de nombre artístico David Azagra, quien afrontaba las consecuencias sobre su puesto de trabajo musical en Badajoz. De nuevo, desde el Gobierno, el mismo relato: “fango”, “fachosfera”, “ultraderecha” y “lawfare”.
Llegó el verano. Y, con él, la habitual desconexión política. Ya habría tiempo para desactivar políticamente todas esas causas… O no. Porque el juez Peinado, el 30 de julio, decidió citar a Pedro Sánchez como testigo en la causa relacionada con su mujer.
Agenda judicial cargada en octubre
En Moncloa se trabajaba a pleno rendimiento para combatir el relato judicial; también para satisfacer a unos socios que parecían más preocupados por el incremento en el presupuesto de Defensa pactado con la OTAN que en los casos de corrupción.
Hasta que llegó octubre. Y, con él, la avalancha de novedades judiciales.
El día 10, el juez Santiago Pedraz ordenaba prisión provisional para Víctor de Aldama por el caso de hidrocarburos; éste no tardaría en quedar en libertad y asegurar que estaba dispuesto a tirar de la manta, apuntando al entorno más directo de Pedro Sánchez.
El 16, el Tribunal Supremo abría una causa contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos.
El 23, la Audiencia Nacional proponía al Tribunal Supremo juzgar a José Luis Ábalos.
El 29, el juez Peinado ampliaba las imputaciones a Begoña Gómez, incluyendo los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional.
¿La respuesta que brindaban Ferraz y Moncloa? Desacreditar a Víctor de Aldama, respaldar al fiscal general del Estado, redoblar los ataques contra los jueces y atribuir los escándalos del Ministerio de Transportes a “dos personas”; a saber, Koldo García y José Luis Ábalos.
La «mano quemada» por Santos Cerdán
Los escándalos de corrupción siguieron sus particulares derroteros judiciales. El único de todos los citados sobre el que ya hay un fallo es el de García Ortiz, condenado e inhabilitado. A los demás no se les intuye un horizonte definitivo a corto plazo.
Pero hay más. Porque si dura fue la caída de José Luis Ábalos, no fue menor la de Santos Cerdán, su relevo al frente de la secretaría de organización del PSOE. Medio Gobierno y la mitad de la bancada socialista pusieron “la mano en el fuego” por él.
El informe de la UCO, no obstante, no dejaba margen a la interpretación. Ya se investigan adjudicaciones millonarias de obras públicas en una trama que tenía su epicentro en Navarra, con la empresa Servinabar, y en la que se sigue el rastro de prebendas, “chistorras, lechugas y soles”.
A medida que avanzaban los acontecimientos, el Gobierno cedía énfasis en su relato sobre el “fango” e incidía en sus ataques a los jueces. A todo ello había que sumar un nuevo término, “decepción”; “decepción” por “súper Santos Cerdán” -bautizado por José Luis Rodríguez Zapatero-, muñidor de los acuerdos de investidura con Carles Puigdemont y otras formaciones políticas.
Sánchez, por su parte, definió a Ábalos como “un gran desconocido en lo personal”, a pesar de haber sido su principal valedor, quien le brindó el apoyo territorial en las primarias del PSOE, haber recorrido media España a bordo del Peugeot y de haber sido su ministro de Transportes y secretario de organización. Parecía haber olvidado el “echo de menos trabajar contigo” que el presidente le escribió el 30 de julio de 2023, a las 21.29 horas, tras la caída en desgracia -política- de Ábalos.
La crisis del caso Salazar
Y cuando el barco hacía agua por varios puntos de fuga, un último torpedo ha alcanzado de pleno a la línea de flotación. Éste está relacionado con los escándalos sexuales, con denuncias contra Paco Salazar -a punto de tomar el relevo de Santos Cerdán y Ábalos en Ferraz-, pero con otros casos que han sacudido los cimientos del partido… y de Moncloa. Esta vez la información llegaba desde eldiario.es, un medio al que difícilmente se le podía atribuir el calificativo de “fachosfera”.
Las denuncias por acoso han desatado lo que hasta ahora no había ocurrido: una reacción en tromba de las federaciones y de rostros reconocibles entre las filas socialistas que apuntan directamente a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero como los principales responsables de no tomar las medidas oportunas. El sanchismo, en entredicho.
Con la munición agotada, el Gobierno ha asistido esta semana a una batería de registros e intervenciones policiales de escasos precedentes. En 72 horas se ha detenido a Leire Díez, conocida como la fontanera de Ferraz, y a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y persona de máxima confianza de María Jesús Montero.
SEPI, Plus Ultra, Forestalia, los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, Correos… La UDEF y la UCO han llevado a cabo casi una treintena de registros y requerimientos en apenas tres días. De todos ellos se desprenderán nuevos informes y no se descartan nuevas detenciones.
Apenas se han escuchado voces del Gobierno que hayan valorado estos acontecimientos. Es la cronología de un derrumbe, entre escándalos sexuales y de corrupción, y al que desde crecientes sectores del PSOE ya se le pone una etiqueta: el fin del sanchismo, tal y como ha existido hasta ahora, y el inicio de una nueva etapa, con la incógnita abeirta de la sucesión.
Fuente: Cronología de un derrumbe: el sanchismo sucumbe y abre las quinielas a su sucesión | Vozpópuli
