El Gobierno debe presentar a Bruselas un plan de reformas vinculado al acceso a los Fondos de Recuperación (Next Generation) y las dos reformas de más calado son las de las pensiones y la del mercado laboral.
En la primera fase de la reforma de las pensiones se han evidenciado las divergencias internas en el Gobierno de coalición sobre cuestión tan sensible (social, económica y políticamente) y se ha saldado con una declaración de intenciones (la famosa “ficha”) remitida a Bruselas el pasado lunes 18 de enero.
La filtración de un documento en el que se incluía la propuesta de alargar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para el cálculo de las nuevas pensiones de jubilación, lo que supondría una reducción del 6,3% de las nuevas pensiones, desató públicamente las hostilidades. Contra esa propuesta (¿”borrador de trabajo”?) se pronunciaron tanto Pablo Iglesias y Yolanda Díaz como Pepe Álvarez y Unai Sordo, responsables de UGT y CC.OO. respectivamente. Estos ministros y los sindicalistas reprocharon a Escrivá no haber presentado su propuesta en la mesa de diálogo social.
Escrivá. por su parte, se ha desmarcado también de esa supuesta propuesta y ha señalado que circulan muchos borradores con propuestas de todo tipo. La posición formal del ministerio es que están estudiando muchas propuestas y cálculos para aplicar los acuerdos del Pacto de Toledo. Las mismas fuentes subrayan que el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad de las pensiones queda de manifiesto con la aportación de 14.000 millones desde los presupuestos para asumir los gastos impropios de la Seguridad Social.
Mientras José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social continúa estudiando los diferentes escenarios antes de formular una propuesta firme de reforma de las pensiones, y al parecer no hay ninguna decisión tomada
Al final, todos los sectores del Gobierno implicados admiten que el debate queda pendiente y debe cerrase en el transcurso de poco más de un mes, cuando Escrivá envíe una propuesta concreta con las líneas maestras de la reforma a Bruselas.
Por su parte Nadia Calviño, defiende que hay que asegurar su sostenibilidad y que la propuesta ha de ser aceptada por la Comisión Europea, pero desde los ministerios más cercanos al área de Podemos, matizan que Europa no impone una determinada vía y que el cargo a los presupuestos del Estado de los gastos impropios de la Seguridad Social, junto al incremento de las cotizaciones (hasta 9.000 millones en el caso de los salarios más altos, según los sindicatos) y también asumido por Escrivá, permitirían alcanzar el equilibrio.
Respecto a los “gastos impropios de la SS” el déficit del Estado se mantendría, con lo que Bruselas –que a priori siempre prefiere recortes antes que subidas de impuestos– acabaría pidiendo soluciones en cuanto recupere las normas de estabilidad fiscal, ahora suspendidas por la pandemia. Respecto a la subida de cotizaciones (incluyendo el destope de la cotización máxima) los empresarios la rechazan con dureza pues comporta un incremento del coste salarial en un momento especialmente delicado para la supervivencia del tejido empresarial.
Pese a esa “patada hacia delante”, las dos sensibilidades del Gobierno se muestran satisfechas tras haber superado la crisis de las pensiones. La presión sindical elevará a su vez la interna en el Gobierno pues en este estado de cosas, los sindicatos han iniciado un viraje de distanciamiento del Gobierno que se ha exacerbado con la supuesta propuesta de las pensiones.
No obstante, parece ser que la “socialista” UGT está virando hacia el sector morado del Gobierno dado que su afiliación está reduciéndose substancialmente y precisa publicitar planteamientos más reivindicativos de “trinchera” para frenar esa sangría. Sin embargo, CCOO, históricamente más radical e incluso “comunista”, y número de afiliados le hace ser el primer “sindicato de clase” de España tiene unos planteamientos más sosegados y, aseguran fuentes internas, que Unai Sordo apuesta por no enfrentarse directamente al presidente Sánchez si éste se compromete a no deshacer de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aunque pueda parecer pertenecer al área morada del Gobierno, en realidad no pertenece ni a Podemos ni a IU, es una “simple” afiliada al PCE, lo que hace que Pablo Iglesias intente reiteradamente socavar su labor intentado que las medidas que adopta se “vendan” con la firma y el protagonismo directo de Unidas-Podemos.
Las espadas están en alto y en un mes será el combate definitivo de esta lid interna dentro del Gobierno de coalición y del “movimiento sindical de clase”
