El alivio relativo con el que los socialistas acabaron la noche electoral, por haber perdido solo por dos escaños y cuatro puntos habiendo podido caer mucho más, se ha tornando en preocupación con las horas. Las noticias llegadas desde el Parlamento de Cataluña y desde las sedes de Sumar y Podemos no son buenas.
EL PSOE, DE NUEVO SEGUNDÓN
En las horas siguientes a las elecciones europeas se le ha empezado a ver el cartón al PSOE, que ya reconoce que se ha dejado muchos pelos en la gatera por Begoña, no tanto por las actividades de la mujer del presidente del Gobierno ni por su investigación judicial, sino por la pérdida de credibilidad que supone la deriva populista: la segunda carta enviada por Sánchez en las redes sociales, los ataques a los jueces y el señalamiento a periodistas. Sólo así se explica que sean incapaces de romper con la barrera del 30% de voto, mientras desaparece su socio y avanza la derecha. Con un 49% participación, 23 puntos menos que las generales, pierden 700.000 votantes. La sensación generalizada es que han tocado techo, y que Pedro Sánchez es incapaz de remontar y volver a ganar elecciones, y que la legislatura siempre ha sido una «ilusión».
Tras este el hundimiento del espacio a su izquierda en 875.000 votantes parece claro que el socio ya no existe y el PSOE obtiene 2 millones de votos menos que en las europeas de hace cinco años, y el conjunto de los socios de la coalición (incluyendo a Podemos y Sumar) 3 millones menos.
Se ha esfumado el espejismo del 23-J tras la debacle de las municipales del 28-M y tras varios meses de agonía y muchas cesiones, hoy se vuelve a la casilla de salida. Algunos creen que han vuelto al 28-M porque nunca salieron verdaderamente de ahí, y el 23-J fue resultado de un simple truco de tahúres. Ya se han dado cuenta en Moncloa de que no van a volver a ganar unas elecciones, que no pueden vivir siempre de ser segundos. Ha cambiado el ciclo y cuanto más tiempo pase, será peor para el PSOE y, sobre todo, para España.
SUMAR IMPLOSIONA
Aunque pareciera que la crisis existencial de Sumar puede ser beneficiosa para Sánchez, porque elimina su competencia en la izquierda, en realidad es una bomba de relojería para el Gobierno. Sumar tiene cinco ministros en el Gobierno, incluida representación de Más Madrid –Mónica García–, Izquierda Unida –Sira Rego– y los Comunes –Ernest Urtasun–. Y un grupo parlamentario de 27 diputados. No es que, hasta ahora, Díaz hubiera demostrado mucha autoridad ni en el Ejecutivo ni en el grupo parlamentario, pero su marcha anticipa una mayor debilidad dentro del Gobierno.
De entrada, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo deberá superar una enorme prueba de fuego en cuestión de días. El Gobierno tiene que someter a convalidación del Congreso su decreto ley de reforma del subsidio de desempleo, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de mayo por segunda vez. En enero, Yolanda Díaz impulsó un primer decreto ley sin contar con los sindicatos ni los partidos socios y el resultado fue que Podemos lo hizo caer, al votar en contra de su convalidación.
Aquel el primer efecto de la salida de Podemos del grupo parlamentario de Sumar y su marcha al mixto. Desde allí nuevamente los morados tienen la sartén por el mango. Y ahora, después de haber sacado dos eurodiputados, están crecidos. «Éste (los dos escaños en las europeas) es el primer paso para volver a poner en pie una izquierda transformadora en España», señaló este lunes la líder de Podemos, Ione Belarra.
La estrella de Yolanda Díaz terminó de apagarse. Tras años dando lecciones de política a los demás, explicándoles lo que los españoles quieren, lo que son, lo que piensan; tantos años escalando puestos y dejando cadáveres, algunos aún vivos, por el camino; y el año en que tuvo la oportunidad de demostrar todo lo que valía en cinco convocatorias electorales -generales (retroceso), gallegas (cero diputados), vascas (uno y gracias), catalanas (retroceso), europeas (bajón). La popularidad es una cosa, el éxito político es otra. La ministra a la que aupó Iglesias a la vicepresidencia del gobierno y a la que llegaron a señalar como la más capacitada para convertirse en la primera mujer presidenta de gobierno en España, renuncia a gobernar su partido. Bien poco ha durado.
CATALUÑA: ¿ES CIERTO QUE EL ‘PROCÉS’ HA MUERTO?
El pleno del Parlamento de Cataluña terminó con el independentista Josep Rull –de Junts– como presidente de la cámara, tras un acuerdo entre los de Puigdemont, ERC y la CUP. Además, con el voto de dos prófugos, Carles Puigdemont y Lluís Puig, que la Mesa de edad aceptó, desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Otra vez el órgano de gobierno de la cámara catalana saltándose las resoluciones del TC, como hizo sistemáticamente en 2017.
A la vista está que Sánchez, el PSOE y el PSC corrieron demasiado cuando, tras la victoria de Salvador Illa el mes pasado, se apresuraron a sentenciar que el procés estaba muerto. Que los socialistas lo habían matado con su política de reconciliación. «Desde hoy se abre una nueva etapa en Cataluña para mejorar la vida de la ciudadanía, ampliar derechos y reforzar la convivencia», llegó a decir el presidente del Gobierno.
La primera parte del partido se resolvió ayer a favor del independentismo. La segunda y definitiva será la investidura de un presidente de la Generalitat antes del 25 de agosto. O habrá repetición electoral. Que los secesionistas controlen la Mesa del Parlamento no supone automáticamente que Puigdemont vaya a ser investido, porque para eso necesitaría el voto a favor de ERC y la abstención del PSC, puesto que el independentismo por sí mismo no alcanzaría la mayoría absoluta.
Aunque Esquerra accediera, el PSC no puede permitirse regalar la Generalitat al prófugo. Es más fácil que se repitan las elecciones. La formación de Illa es, hoy por hoy, el corazón que bombea la sangre a toda la estructura del PSOE. Volvió a verse en sus resultados del domingo, cuando le sacó casi 17 puntos al PP. De hecho, de no haber sido por el PSC la ventaja de los populares en las elecciones europeas habría superado el millón de votos (fue de 700.000). Pero todo ese caudal de confianza puede desaparecer si Illa no gobierna.
Y, si gobierna, más inestabilidad para Sánchez, que ya puede ir olvidándose de aprobar los Presupuestos de 2025. Aunque por él seguiría gobernando con las cuentas de 2023 prorrogadas, como está haciendo este año. Por si fuera poco, la ley de amnistía inicia una nueva fase en cuanto entre en vigor. Una en la que serán los jueces los protagonistas. Ni Sánchez, ni tampoco Puigdemont.
Hoy martes 11 de junio, entra en vigor la Ley de Amnistía que el Gobierno redactó con Junts y ERC que borra los delitos del ‘procés’. Un parto. Nueve meses de gestación con borradores, debates, discusiones, borrones, cambios de redacción, tensión… Fue un 17 de septiembre de 2023 cuando el PSOE hizo llegar a Junts su primera versión de la Ley de Amnistía, que excluía por completo los delitos de terrorismo y de traición establecidos en el Código Penal. Una negociación convertida en pulso en la que Junts arrancó numerosas modificaciones hasta cambiar la referencia del Código Penal al derecho de la Unión Europea con el propósito de blindarse.
Ahora se abre un plazo de dos meses para que jueces y tribunales apliquen la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que es su nombre oficial. La amnistía es la piedra sobre la que Pedro Sánchez edificó su gobernabilidad. Fue el canje que exigió Puigdemont para apoyar la investidura del líder socialista. Una norma que se formuló con un mayoría social en contra, incluido un importante rechazo de votantes del PSOE.
El Gobierno tiene la convicción de que todos los líderes implicados en el procés serán amnistiados. “Todos los independentistas van a ser amnistiados porque no son terroristas”, ha dicho Sánchez en más de una ocasión, pero asumen que Puigdemont seguramente no pueda volver mañana a España. “Él está dentro de la ley, no se va a quedar fuera”, aventuran fuentes gubernamentales. “A lo mejor tiene que esperar un poco para volver y no puede ser al día siguiente, pero él está dentro”.
Hay dudas de que Puigdemont pueda volver aún con la amnistía ya en vigor desde hoy ante la aplicación de la ley que pueda hacer el Tribunal Supremo.
La redacción del texto ha ido mutando porque el propósito de Junts era blindar a Puigdemont y exigían ampliar el perímetro del perdón a medida que la Justicia cercaba al prófugo de la Justicia. Así, el documento inicial establecía que “quedan excluidos de la aplicación de la Amnistía los delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal”. Es decir, conductas como la que le atribuye el Tribunal Supremo en estos momentos a Puigdemont en el denominado caso Tsunami, al que le asigna un «liderazgo absoluto» sobre este grupo organizado que tenía como objetivo subvertir el orden constitucional al tiempo que destaca que el delito no requiere que el autor pertenezca o forme parte de una organización o grupo terrorista.
Para intentar librar a los líderes independentistas catalanes en este sumario, el texto definitivo en relación con esta cuestión pasó a ser el siguiente, obviando cualquier referencia a la legislación española: “Los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva de la Unión Europea 2017/541”. De tal manera que pasó a restringirse mucho el delito y sólo quedaba excluido cuando “implica el uso de la fuerza efectiva e incumple las resoluciones de Naciones Unidas en materia de invasiones”.
Sin embargo el juez instructor del ‘procés’ en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, ha acordado mantener la orden nacional de detención que pesa sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont y en la providencia en la que acuerda dicha medida, el instructor da un plazo de cinco días a la Fiscalía y a las defensas para que informen sobre la aplicabilidad de la amnistía a los distintos hechos que se atribuyen no solo a Puigdemont, sino también a los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. También les pregunta sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos.
De momento, Llarena ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que “continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención” de Puigdemont, Comín, Puig y Rovira. Y avisa de que, por ello, “deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”. El juez del ‘procés’ adopta esta decisión pese a que la ley de amnistía establece que se debe acordar “el inmediato alzamiento de las medidas cautelares” –como las órdenes de busca y captura– al considerar contradictorio un artículo de la norma. En concreto, el que señala que se deben pedir informes a las partes del procedimiento. Así las cosas, da cinco días a acusaciones y defensas para que se pronuncien.
Por su parte, el tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó la causa del ‘procés’ ha dictado una providencia en la que da traslado también a la Fiscalía, y a las defensas del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa para que presenten alegaciones a la aplicación de la ley de amnistía en sus asuntos respectivos. En el marco de dicha providencia, los magistrados recuerdan que la ley de amnistía señala que “sólo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal (…) cuando así haya sido declarado por resolución firme dictada por el órgano competente para ello con arreglo a los preceptos de esta ley“.
Así las cosas, se mantienen de momento las penas de inhabilitación que pesan sobre Junqueras, Romeva, Turull y Bassa consecuencia de sus respectivas condenas por malversación y desobediencia.
Además, la magistrada instructora del ‘caso Tsunami Democràtic’, Susana Polo, da traslado a las partes personadas para que en 10 días “informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma” a los distintos hechos que en la presente causa se atribuyen a Puigdemont y al diputado electo de ERC Rubén Wagensberg”.
Cabe recordar que en el Supremo constan dos procedimientos penales relativos al proceso independentista catalán. En primer lugar, la causa especial 20907/2017, conocida como la causa del ‘procés’, incluye a Puigdemont y a los exconsejeros catalanes que fueron procesados en rebeldía; y Junqueras y al resto de líderes independentistas que fueron condenados en 2019. Esta causa abarca delitos de desobediencia y malversación. En segundo lugar, figura el procedimiento penal abierto el pasado febrero por presunto terrorismo contra el propio Puigdemont y Wagensberg en el marco de los disturbios atribuidos a la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’.
Fuentes fiscales precisan que los fiscales del ‘procés’ –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– han visado de que no están a favor de aplicar la amnistía a Carles Puigdemont en el delito de malversación pues defienden que el expresidente sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la UE. No obstante, los fiscales aseguraron que sí sería posible aplicar la amnistía a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos que se circunscriben al ‘procés’. En caso de discrepancia entre los cuatro fiscales y García Ortiz, éstos podrían invocar el artículo 27 del Estatuto Orgánico y elevar el asunto a la Junta de Fiscales. El fiscal general, sin embargo, tiene el poder de hacer valer su criterio tras escuchar al cónclave, tal y como fija el Estatuto.
LOS JUICIOS “DE FAMILIA”
El caso Begoña Gómez(¿La Presidenta?)
El juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, “avalado por la instancia superior (Audiencia de Madrid) y en contra del criterio de la fiscalía puso fecha a la declaración de Gómez para poder decir que, ahora sí, está imputada por tráfico de influencias”. Un hecho que no quiere decir que la mujer de Pedro Sánchez siga siendo tan inocente como antes mientras no se demuestre lo contrario.
Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo deja caer que el magistrado estaría “prevaricando” y haciendo “la vida imposible” a su mujer. En su segunda carta a la ciudadanía Pedro Sánchez no alcanza a explicar el por qué habría de influir en el voto de nadie que una persona particular, sin responsabilidades públicas, que no está en política -porque no está, ¿verdad que no?- sea citada para declarar dentro de un mes. El Gobierno, aquí, no pinta nada. No tiene ni que tener postura sobre el caso judicial. La actitud i de los miembros del Ejecutivo es indefendible, si el gobierno no es parte afectada en la demanda. El Gobierno, aquí, no pinta nada. Y no tiene ni que tener postura sobre el caso judicial. No deberían utilizar la institución que es el Gobierno para hacer méritos con el presidente y su esposa.
Lo que hizo el presidente, en su calidad de parte afectada no tanto como marido como por secretario general de un partido es utilizar el auto del juez para instar a los ciudadanos a votar al PSOE”. Así acusa a Sánchez de utilizar las urnas como “tribunal de apelación, tribunal popular, que desautorice al juez -ponga en su sitio al marrullero juez-, y absuelva a Begoña en el nombre de la UCO”.
La decisión del juez Peinado no es un fake sino un auto judicial. La decisión de la Äudiencia Nacional tampoco es un fake, era un auto. “No hay desinformación tampoco en la noticia que se publicó hace una semana: Telefónica, Indra y Google crearon un software a petición de la señora Gómez y sin cobrarlo: un regalo previamente solicitado. No hay desinformación en el hecho de que la Cámara de Comercio de España animara a sus vocales y colaboradores a matricular gente en el máster con el que colaboraba, es decir, el de Gómez. Y no hay desinformación en el hecho de recordar que Sánchez tenía tan buena opinión sobre la consultora de Barrabés como su esposa
Lo cierto es que la prensa internacional se hace eco de la citación de Begoña Gómez: “La investigación por corrupción le persigue”. El medio “Washington Times” ha titulado que “Un tribunal español cita a la esposa del presidente del Gobierno para interrogarla en una investigación por corrupción”. El diario francés “Le Figaro” titula que “La esposa de Pedro Sánchez comparecerá el 5 de julio ante un juez en la investigación por corrupción que la persigue”, mientras que el diario “Le Monde” utiliza términos similares y destaca que se trata de una investigación “por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias”. Además, el mismo diario precisa en su información que “existen pruebas de que se ha cometido un presunto delito penal” que “va más allá de la mera sospecha” y que fue “suficiente” para permitir que la investigación continúe, según los documentos judiciales.
Es de investigar el por qué todas las empresas que financian la actividad profesional de la señora Begoña Gómez son o empresas rescatadas como Air Europa, o empresas adjudicatarias de contratos, o empresas reguladas, o empresas participadas por el Estado como Indra. La mujer del presidente puede tener los negocios que quiera, pero lo que no puede hacer es aprovecharse de su estatus en La Moncloa para obtener beneficios privados en sus negocios personales. ¡Eso es inaceptable, inaceptable!
El CGPJ pide “contención” a Pedro Sánchez por sus críticas al juez del ‘caso Begoña’. El organismo judicial exige “la evitación de cualquier juicio de valores” y acusan al presidente de socavar la independencia judicial
El Consejo General del Poder Judicial ha pedido en una carta “contención” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras sus críticas al juez Juan Carlos Peinado, el encargado del caso en el que está investigada Begoña Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias.
Este comunicado del CGPJ se produce días después de que Pedro Sánchez publicase una nueva carta a la ciudadanía, en concreto tras la citación de su esposa por parte del juez Peinado para acudir como investigada en la trama judicial que investiga un posible tráfico de influencias. En dicha carta, Sánchez acusó veladamente a Peinado de no respetar los procedimientos habituales con el ánimo de querer influir en las elecciones europeas, así como a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, líderes de PP y Vox, de “usar todos los medios a su alcance” para “quebrarme en el plano político”.
El hermanísimo portugués músico
El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias de investigación contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y otras dos personas más -entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz- por presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación prevaricación y tráfico de influencias.
Además se ha acordado la práctica de pruebas, entre las que se encuentra la remisión del contrato del hermano del presidente del Gobierno con la diputación pacense. Las diligencias se dirigen contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el jefe de servicio de apoyo jurídico e inspección del área de Recursos Humanos de la diputación, Alejandro Cardenal y contra David Sánchez Pérez-Castejón, este último en su condición de coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social.
La denuncia recoge varias informaciones sobre los contratos que el músico ha recibido por parte de la Diputación de Badajoz y mantiene que el hermano del secretario general del PSOE, “percibe un sueldo público sin ir a trabajar”, que ascendería a 55.000 euros anuales. Entre las responsabilidades de ese puesto estaban “la dirección de la orquesta sinfónica, banda sinfónica y orquesta de cámara de la Diputación Provincial de Badajoz”. De los once aspirantes que optaban a dicha plaza, ésta fue a parar al hermano del líder del PSOE y presidente del Gobierno.
La demanda sostiene que el denunciado no se ha hecho cargo de dichas funciones desde que accedió al cargo en junio de 2017. “Lo que es verdaderamente sorprendente es que en estos siete años en que David Azagra –nombre artístico de David Sánchez Pérez-Castejón-, ocupa el puesto de director de la citada orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, no la haya dirigido en otras ocasiones, dado el amplio calendario de eventos que publicitan”. Según apuntan los denunciantes, se ha podido ver a otros directores al frente de la orquesta, lo que no se entiende “cuando es un puesto en exclusiva para la persona designada para esa plaza”.
A continuación, se añaden varias informaciones en las que se anuncian a otros músicos como el director de orquesta y este hecho siembra dudas sobre cuál es realmente el puesto de trabajo del hermano de Sánchez en la diputación de Badajoz y el motivo de su traslado de residencia a Portugal.
Además de denunciar que no dirige realmente la orquesta de Badajoz, la denuncia añade que tampoco “asiste a su puesto de trabajo” en la Diputación pacense. “Recordemos que además de dirigir la orquesta del conservatorio tenía otras muchas responsabilidades y funciones esenciales (…). Trabajos de despacho como coordinar las actividades de los conservatorios de la Diputación”, indican.
“Con esta mudanza fiscal al país luso el hermano de Sánchez ha conseguido ahorrarse el pago de impuestos IRPF y de Patrimonio”. Así, David Sánchez no tributa en España, dado que tiene fijada su residencia en el país vecino, pero sí cotizaría en nuestro país para tener pensión.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación el PSOE tachó la denuncia que ha propiciado la investigación al hermano de Pedro Sánchez como “una nueva denuncia falsa de la asociación ultraderechista habitual basa en bulos y noticias falsas de tabloides digitales”. El PSOE hace suya la defensa del hermano de Pedro Sánchez y asegura que la juez no ve “indicio de delito alguno” y que, una vez que reciba los documentos reclamados a las administraciones, “se podrá comprobar el comportamiento intachable de David Sánchez y de la Administración en la que desarrolla su trabajo profesional”.