El Parlament desafía al Constitucional y acepta el voto telemático de Puigdemont
El bloque conformado por ERC, Junts y la CUP han unido sus votos para que la presidencia de la Mesa del Parlament quede bajo control de un independentista Josep Rull. En la votación se han aceptado los votos telemáticos de Carles Puigdemont, Ruben Wagensberg y Lluís Puig. La llamada Mesa de Edad, ha tomado la decisión de aceptar los votos telemáticos de estos tres parlamentarios
PP y Vox ya han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la decisión. Cinco días antes de la constitución del nuevo Parlament, el tribunal de garantías anuló el acuerdo de la Mesa que autorizaba el voto telemático de Puig en la legislatura anterior. Este hecho generó incertidumbre sobre posibles consecuencias jurídicas de si se volvía a hacer lo mismo en la nueva sesión constitutiva.
Una de las principales funciones del presidente de la Cámara es proponer el candidato a la Presidencia de la Generalitat, así pues, el separatismo tendrá en su mano decidir quién se presentará en primer lugar a una investidura, si el candidato del PSC, Salvador Illa, o el de Junts, Carles Puigdemont.
Yolanda Díaz abandona el liderazgo de Sumar tras los malos resultados de las europeas
Sí seguirá con su puesto en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero dejará de ser la coordinadora de Sumar, cargo que obtuvo hace tan solo tres meses, el pasado 23 de marzo en la asamblea fundacional del partido. La duda ahora es saber qué pasará con Sumar, una formación que nació con Díaz como cabeza de cartel y a la que se sumaron algunas figuras políticas procedentes de Podemos, los comunes o Más Madrid.
Ahora Sumar deberá decidir si implosiona definitivamente y deja a los partidos como Más Madrid, Comunes, IU y Compromís buscar otra fórmula de confluencia, o se replantea bajo un nuevo liderazgo. Tal y como se desveló hace poco ya empezó en Sumar a circular el nombre de Ernest Urtasun como posible sustituto de Díaz, aunque ya se mueven algunos nombres más como posibles relevo de la gallega.
Una juez abre causa penal contra el hermano de Sánchez por su contrato ‘a dedo’ en la Diputación de Badajoz
El juzgado de instrucción número 3 de Badajoz incoa diligencias por delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias
El CGPJ reprende a Sánchez: su carta a la ciudadanía deteriora la «independencia judicial»
Los jueces de instrucción de Madrid han mostrado este lunes apoyo a Peinado «frente a los ataques profesionales, personales y familiares que está recibiendo en las últimas semanas y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta».El escrito advierte que la carta que publicó el pasado 4 de junio «solo contribuye al deterioro de las instituciones» y de la «independencia judicial».
El fiscal general asume la responsabilidad por la filtración de los datos de la pareja de Ayuso
Alvaro García Ortiz afirma en el escrito presentado esta mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que éste órgano no tiene competencia para investigar los hechos y a su juicio resulta «cuando menos sorprendente» que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos
«Cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como Fiscal General del Estado —cúspide de un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene como misión la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público (art. 124.1 CE)— no puedo consentir ni tolerar», asegura el Fiscal General en su escrito.
