Europa ha trasladado al ministro Escrivá que “gobierne quien gobierne” tendrá que aplicar recortes para hacer viable el sistema
La reforma de las pensiones ha provocado un cierre de filas en la coalición de Gobierno tras unas semanas tensas, especialmente por la ley del “solo sí es sí”. De hecho, la reforma de las pensiones ha propiciado un acercamiento de nuevo del Gobierno a sus socios. Las cuentas de PSOE y Unidas Podemos pasan principalmente por contar con ERC y EH Bildu en la ratificación del real decreto ley en el Congreso de los Diputados. Escrivá, en todo caso, ha anunciado que la reforma se tramitará después como proyecto de ley. Con ambos grupos se habían mantenido conversaciones sobre la reforma antes de lanzar el acuerdo en el seno de la coalición.
Pero Pedro Sánchez ha recibido la advertencia de Bruselas de que España tendrá que recortar las pensiones dentro de tres años, tras un análisis de las cuentas que han realizado técnicos de la UE.
Hace una semana, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció que había logrado un consenso con la Comisión Europea para culminar una reforma de las pensiones que garantice la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
En realidad, fuentes comunitarias aclaran que el Gobierno no tiene que negociar con Bruselas la reforma de las pensiones. Pero si la Comisión Europea entiende que las medidas del Ejecutivo no cumplen con el objetivo de sostenibilidad del sistema a largo plazo comprometido por España en el Plan de Recuperación, la UE podría recortar la entrega de 10.000 millones correspondiente al cuarto tramo de los fondos europeos.
No recorta, sino que dispara el gasto
Los técnicos de la Comisión Europea que han revisado los números destacan que la reforma no pasa por recortar el gasto ni retrasar la edad de jubilación, que ya se hizo en España en 2011, hasta los 67 años de forma progresiva. Ni siquiera decreta la ampliación generalizada del cómputo de años para la pensión, como había estado defendiendo el propio Escrivá hasta hace poco.
Hasta el punto de que Bruselas no ha pasado por alto que la reforma no es sólo que no recorte el gasto, sino que lo incrementa. Recuerdan que hay que tener en cuenta que ese gasto ya iba a subir de forma ineludible porque habrá más pensionistas, y porque las pensiones de los que llegan a la jubilación son más elevadas que las de los que fallecen.
Mientras tanto, la reforma se centra en aumentar las cotizaciones de quienes más ganan, es decir, de quienes más cobran y también se aportarán una parte sin retorno, solo en el caso de los salarios muy elevados, a los que se asignará una “cuota de solidaridad”.
La subida de cotizaciones es insuficiente
Sin embargo, las fuentes comunitarias aseguran que los técnicos de la UE dan por hecho que el gasto en pensiones seguirá incrementándose a un ritmo superior a las cotizaciones que elevan los ingresos al sistema.
Citan varios aspectos que les generan serias dudas sobre la proyección que realiza el Gobierno. Por un lado, consideran que, si las subidas se centran en los empleados con sueldos más altos, habrá menos empleo de alta cualificación y que atraer a España inversiones de calidad (sedes de multinacionales, plantas de producción de alta tecnología, etc.) será más complicado.
Otra de las debilidades que han detectado en Bruselas es que, pese a que los ingresos por cotizaciones han seguido una senda relativamente ascendente o al menos estable, el gasto en prestaciones (contributivas, no contributivas y clases pasivas) se ha disparado: el desequilibrio alcanza los 40.000 millones en dos décadas.
Pero recuerdan que, además, el propio Escrivá reconocía en 2021, en el Congreso, que las cotizaciones en España ya estaban por encima de la media: “Nosotros tenemos ya cotizaciones sociales muy altas. Y más altas que la mayoría de nuestro entorno”, declaró entonces el ministro de Seguridad Social. En aquella ocasión, se preguntaba ante los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo cómo podía ser que, a pesar de estas cotizaciones tan elevadas, España tuviera déficit. Y se respondía: “Por los gastos impropios”.
Ahí ha estado la obsesión de Escrivá desde que llegó al cargo: cerrar el déficit enviando los gastos a otros departamentos, aunque el gasto en pensiones contributivas ya supera, desde hace años y por mucho, los ingresos por cotizaciones. Y eso sin contar otras prestaciones o las clases pasivas, que podrían incluirse porque son compromisos del Estado relacionados con la vejez.
Habrá que aplicar recortes en 2025
Lo cierto es que los números no cuadran. Por un lado, se nos dice que la subida de cotizaciones son cuatro perras que tendrán un efecto despreciable sobre los costes laborales, pero por otro se asegura que servirá para garantizar la sostenibilidad del sistema para los próximos 30 años. Las medidas de ingreso están muy lejos de ser suficientes para compensar el incremento del gasto, lo que generará un déficit básico (antes de transferencias) del sistema de pensiones que exigirá transferencias elevadas y crecientes de recursos generales, dejando poco margen para otras cosas.
Por ello, en Moncloa se asume que “gobierne quien gobierne” tendrá que aplicar recortes a partir de 2025 para hacer viable el sistema público de pensiones. Da por hecho que la reforma no se quedará en la subida de cotizaciones que se ha conocido hasta ahora para lograr la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social.
Algo que temen también ya en el equipo económico de Alberto Núñez Feijóo si el PP llega al poder tras las generales previstas para diciembre: “Lo que ha hecho Sánchez es dar una patada a seguir”, le reprochan en Génova.
El ministro Escrivá ha aceptado la exigencia de Bruselas de que, si el déficit se desvía respecto de lo previsto, habrá que recortar las pensiones y por eso cada tres años se revisarán las cuentas y el Gobierno de Ejecutivo tendrá que aprobar los ajustes necesarios para que cuadren, en base a un mecanismo de ajuste. Es lo que ha venido a llamarse en Bruselas “reforma en diferido”: la UE acepta que España haga lo justo ahora para aprobar el examen de la Comisión y le deja la patata caliente al próximo Gobierno.
Cuando hace unos meses se aprobó el MEI, Escrivá lo presentó como un ajuste muy menor (de apenas el 0,6% de la actual cotización; esos 5 euros al mes de los que hablaba el Gobierno para los sueldos altos). Parecía un sacrificio pequeño para un empeño tan grande como es la sostenibilidad del sistema. Pues bien, en unos meses, ese 0,6% ya se ha convertido en el 1,2%. Y con un dispositivo automático de ajuste para que siga subiendo si el déficit es superior al previsto. Los franceses ya lo han vivido: allí hace dos décadas se aprobó un nuevo impuesto finalista para pagar las pensiones; y lo que iba a ser un tributo menor, equivalente a unas décimas del sueldo, ya ronda el 10% del coste salarial total. Es muy probable que la cláusula de revisión del nuevo MEI se active en pocos años, pero existen serias dudas de que el ajuste automático previsto en último extremo sea suficiente. Habrá que volver a revisar el sistema enseguida.
