Cotizar a la Seguridad Social es el mayor depósito de confianza que hace una persona en nuestra sociedad. Se puede cambiar de residencia, de religión, de empleo, de familia, hasta de sexo, a lo largo de la vida, pero cuando se comienza a cotizar se espera que el sistema de reparto te atienda cuando por edad no puedas trabajar, se viva dónde viva. El sistema debe alimentar la esperanza con garantías de sostenibilidad, porque el mayor adversario del sistema es la desconfianza de los ciudadanos, y en España ahora mismo los jóvenes miran con escepticismo el futuro de las pensiones. Cuando la confianza funciona, los propios garantes de que se cotice por todo el salario, de que no existan retribuciones sumergidas, de que se respete el contrato social, son quienes cotizan. Y el sistema debe alimentar esta colaboración.
En realidad, cuando un sistema depende de la estructura de la población y de los salarios, cualquier cambio en estas magnitudes obliga a un realineamiento de las pensiones. Y en España la población envejece, los tiempos dedicados al estudio y formación aumentan entre los jóvenes, y las familias han cambiado y cambiarán radicalmente de morfología. Hay, pues, que seguir reformando las pensiones. En España hemos aprendido que es necesario que las mujeres trabajen en igualdad y tengan prestaciones individuales y no solo indirectas (viudedad), que es necesario que nuestra sociedad incorpore inmigrantes, a ser posible que residan en el país con su familia, y que las reformas de pensiones deben tener una aplicación paulatina y no instantánea (contemplemos Francia o Bélgica).
En el caso de la reforma de 2011 (“la reforma Zapatero”), después de incrementar la parte de las cuotas de desempleo que iban a pensiones, y de conseguir incrementar la cotización de las empleadas de hogar y de los cotizantes agrarios con su incorporación al Régimen General, para encajar las cifras se declaró a extinguir el Régimen de Clases Pasivas para que aportaciones de nuevos afiliados cuadraran las cuentas.
La última reforma del PP de 2013 (“la reforma Rajoy”) estableció un tope del 0,25% a la revalorización de las pensiones mientras la Seguridad Social tuviera déficit; aquello aguantó hasta que la inflación volvió a subir, y el Presupuesto se llevó por delante el tope en 2018. También creó un indicador de ajuste automático de la cuantía en función del incremento de la esperanza de vida a los 65 años, el Factor de Sostenibilidad, que nunca llegó a aplicarse. Menos mal, porque la pandemia de 2020 hubiera disparado el gasto cuando los ingresos se desplomaban.
Ahora ha llegado una nueva reforma de pensiones en dos fases (“la reforma Escrivá”), porque los cambios sociales se siguen produciendo. Establece en su segunda fase nuevas garantías para las pensiones mínimas, y medidas para conseguir más ingresos, incrementando la base máxima de cotización, creando una cotización de solidaridad para la parte de ingresos que no cotiza y aumentando las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que se incluyó en la primera fase de la reforma. En realidad en la mayor parte de los países europeos, los “topes” a la cotización o a las pensiones públicas o no existen o son mucho más altos que en España
Esta reforma complicará a un nuevo Gobierno de otro color su reversión pues deberá atentar directamente contra los ingresos de la Seguridad Social en una sociedad con un electorado en el que el porcentaje de pensionistas es creciente.
La Seguridad Social en España ha asumido históricamente muchas cargas que debían corresponder al sistema tributario: la sanidad, los servicios sociales, los subsidios no contributivos de desempleo, las ayudas familiares, las tarifas planas de los autónomos o las reducciones de las cotizaciones agrarias. Finalmente se ha conseguido, por fin, que sea el Estado con sus impuestos el que asuma todos estos costes con transferencias. Por estas razones, esta segunda fase de la “reforma Escrivá” abre puertas a una redistribución de la carga fiscal más justa. Cierto es que la Seguridad Social no tiene ese carácter redistributivo de rentas, que es propio del sistema fiscal, sino un carácter fundamentalmente contributivo y puede que se estén mezclando cuestiones diferentes aunque quizás hubiese sido más solidario acudir directamente al sistema fiscal (al que, en principio, tributan todos los ciudadanos sean trabajadores, rentistas o incluso los propios pensionistas), pero esperar a la nunca abordada seriamente reforma fiscal hubiese sido demorar la reforma de las pensiones.
¡Habrá más reformas, es incuestionable, pues el sistema debe seguir vivo!
Fuente: El Diario
