Pedro Sánchez intentará sacar rédito electoral de la nueva reforma con los jubilados: captar el voto de 4,7 millones de pensionistas Una reforma de la que el presidente del Gobierno presumió de estar «muy orgulloso» porque «da impulso a la paz social»
La nómina de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social fue de 11.922 millones en febrero 2023, un 10,8% superior a la de hace un año. En términos absolutos, son 1.166 millones más que en el mismo mes de 2022, lo que se traduce en un sobrecoste anual superior a los 16.000 millones. Tres cuartas partes de la nómina que paga la Seguridad Social al mes va a pensiones de jubilación (en febrero, un 73%, unos 8.700 millones).
La Seguridad Social acumula un volumen de deuda sin precedentes que ha alcanzado ya (por primera vez) los 100.000 millones de euros. Esa deuda ha subido cerca de un 10% en cuestión de un año que se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario.
A pesar de que el Pacto de Toledo, una comisión parlamentaria constituida en 1995, acordó en una de sus primeras actuaciones excluir cualquier asunto concerniente al sistema público de protección social de las campañas electorales, ahora, casi treinta años después, la aprobación vía Real Decreto-ley de la enésima reforma de las pensiones, a solo dos meses de las elecciones municipales y en un ambiente de permanente campaña electoral desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, ese acuerdo está roto
José Luis Escrivá ha prometido que las pensiones de jubilación mínimas pasarán de los 966 euros mensuales por catorce pagas (en el caso de un perceptor con cónyuge) a 1.179 euros en el año 2026. La medida va dirigida a un colectivo de más de 4 millones de pensionistas que perciben la pensión contributiva mínima. Teniendo en cuenta el número de pensiones que se verán afectadas por este aumento en los próximos cuatro años, el coste, al final del periodo, en el año 2026, podrá suponer un gasto extraordinario en torno a los 15.000 millones de euros en la nómina anual. Llueve sobre mojado pues la revalorización de las pensiones con el IPC encarecerá el coste de las pensiones en 13.706 millones en 2023, aumento que se consolida en la base de la revalorización de los siguientes años.
“LA QUE SE AVECINA”
Más de 4 millones de trabajadores tienen 55 años o más lo que representa el 20% de todos los que en el último trimestre de 2022 estaban ocupados. En el mismo periodo de 2012, justo diez años antes, el número de trabajadores con 55 años o más se limitaba a los 2,4 millones, suponiendo un 14% de todos los ocupados.
Cerca de un 1 millón de funcionarios (el 30% de los 3,5 millones de funcionarios) tienen 55 años o más a los que se suman los 2,2 millones de asalariados del sector privado (un 16% del total) y un millón de autónomos (un 30% de los 3,3 millones que hay en España).
Además, de todos los ocupados con 55 años o más, 1,6 millones tiene estudios superiores, un 38% del total. Sin embargo, en 2012, apenas 700.000 trabajadores con 55 años o más tenían estudios superiores, cerca de un 29% del total. La jubilación de estos trabajadores supone el fuerte incremento del gasto en pensiones en los próximos años.
A esto se suma que la tasa de reemplazo de España (en qué grado el sistema de pensiones sustituye el salario que tenía la persona cuando aún era trabajador) es elevada, próxima al 80%, respecto a la media de la OCDE (62%).
En enero de este año la pensión media de estos nuevos jubilados en el Régimen General alcanzó los 1.765 euros, siendo ésta una pensión un 8,3% más alta que la de los que se jubilaron en enero del año pasado (1.523 euros). Esto hace que la pensión media de los nuevos jubilados se aproxime ya al salario medio en España, que se situaba en los 1.789 euros en 2021, el último dato publicado por el INE.
