A pesar de la incapacidad manifiesta de la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, para comunicar verbalmente en las ruedas de prensa, en espera de la publicación oficial del acuerdo y de las normas legales correspondientes el Ministerio de Trabajo incorpora un paquete de bonificaciones de las cotizaciones sociales para aquellos trabajadores que se incorporen a la actividad a cambio de mantener la prohibición de despedir, aunque la suaviza
Puntualiza el Ministerio que las empresas que se acojan a estos ERTE no puede tener intereses en paraísos fiscales y sin reparto de dividendos.
El procedimiento de la comisión tripartita para acogerse a la prórroga será minucioso y se ponderará en qué situación está cada sector afectado y se va a examinar con detenimiento los sectores que necesitan prorrogar las condiciones que se están dando por el Covid-19
Las tres semanas de negociación entre el Gobierno y los agentes sociales para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) han dado finalmente sus frutos y anoche, a última hora, después de una larga reunion, alcanzaron un principio de acuerdo después de que el Ministerio de Trabajo presentara una nueva propuesta, según han confirmado a este periódico fuentes próximas a la negociación. Las ejecutivas de la patronal de los empresarios y los sindicatos UGT y CC OO dieron esta mañana su aprobación final.
Todos han tenido que hacer cesiones, puesto que el Ejecutivo mantiene su prohibición a las empresas que se hayan acogido a estos ERTE a consecuencia del coronavirus de despedir a trabajadores hasta final de año, auque lo ha suavizado un poco. Pero, a cambio, ha incorporado bonificaciones en las cotizacines sociales de los empleados que se reincorporen a la actividad, el objetivo final que persigue esta herramienta: recuperar lo más rápido posible la actividad de los trabajadores, aunque tenga que hacerse de forma progresiva.
La regulación que estableció el Gobierno con la crisis sanitaria facilitaba la presentación de ERTE por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción, hasta elpunto de que hasta el pasado martes casi 3,4 millones de trabajadores estaban afectados por una suspensión de empleo.
Pero esta regulación que se dio a los ERTEs por fuerza mayor derivados del Covid-19 establece una serie de beneficios: exoneración de cotizaciones del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social y del 100% para las que tuvieran menos de 50 trabajadores. Además, los trabajadores afectados por ERTE perciben una prestación por desempleo aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo. Estas medidas extraordinarias están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, requisitivo que la ministra Yolanda díaz ha conseguido mantener pero que ha sido uno de los caballos de batalla de la negociación. La CEOE avisa que se podría llevar al cierre masivo de empresas si se las obligaba a mantener la plantilla durante medio año sin haber recuperado actividad.
A cambio de ello, el Gobierno lanza una batería de bonificaciones para fomentar la vuelta a la actividad. Así, las empresas de menos de 50 trabajadores y que retomen su actividad tendrán una exención del 85% de las cotizaciones sociales de sus empleados durante este mes, y un 70% en junio. Para las de más de 50 trabajadores, los porcentajes serán del 60% para mayo y el 45% para junio.
