El acuerdo con la CEOE para reducir la semana de trabajo a 37,5 horas está muy lejano y los sindicatos presionan a la ministra para cerrar la negociación en junio
La reducción de jornada afectará a más de 12 millones de trabajadores y tendrá más impacto en el campo, comercio y hostelería
Una vez zanjada la reforma del desempleo a golpe de decreto tras un pacto con los sindicatos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no tardará en poner en marcha la que considera la medida estrella: la reducción de la jornada de trabajo desde las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas sin rebaja de sueldo. Tras unos pocos encuentros con empresarios y sindicatos, ha quedado claro que un acuerdo con las empresas es más que difícil y que UGT y CC.OO. tienen prisa. Esta misma semana las partes volvían a reunirse después de tres meses y reclamaron a Díaz que acelerare las negociaciones para cerrar el recorte horario este mismo mes.
La vicepresidenta parece que ha recogido el guante sindical y ayer daba pistas claras de cuáles van a ser sus pasos. «Se va a llevar a cabo con carácter inmediato», avisaba Díaz en la sede de la OCDE en París con el argumento de que esta medida es «imprescindible» para mejorar la productividad en España. La ministra participó en la presentación de un informe sobre la productividad en España elaborado por el club de los países desarrollados a petición del Gobierno y tuvo que oír también alguna que otra recomendación sobre cómo deben abordarse estas negociaciones.
El compromiso electoral del Gobierno de coalición apuntaba a que este 2024 esté aprobada y en vigor la reducción de la jornada laboral máxima a 38,5 horas. Para, en 2025, seguir rebajando esa cifra hasta las 37,5 horas. Más de la mitad de los asalariados cubiertos por un convenio colectivo se podrán ver afectados por la primera rebaja, mientras que la segunda alcanzaría a una gran mayoría de empleados. Sería un impacto sustancial en las condiciones laborales de gran parte de los trabajadores en España que, por primera vez, en cuatro décadas, modificaría directamente la jornada laboral máxima.
El ‘modus operandi’ con el que Yolanda Díaz sacó adelante la reforma del desempleo evidenció que no cuenta con las empresas para desplegar su agenda reformista. Apremiada por unos cambios que han tenido paralizados dos años 10.000 millones de fondos europeos para España, Díaz tiró por la calle de en medio y, a pocos días de las elecciones catalanas, selló con los sindicatos unos modificaciones que trasladó a la patronal un lunes para que rubricará un día después.
¿Cuál será la fórmula elegida por la ministra para recortar la jornada laboral? Fuentes consultadas por este diario aseguran que la vicepresidenta estaría dispuesta a utilizar la vía del decreto, otras descartan este camino tras el malestar generado entre los agentes sociales por el abuso de esta fórmula legislativa por parte del Gobierno. Sin ir más lejos, esta operativa generó el rechazo público de patronal y sindicatos a cuenta de la incorporación sin diálogo y en el decreto que reguló el nivel asistencial de la prestación por desempleo de la prevalencia de los convenios provinciales y autonómicos sobre los sectoriales.
Ahora, si el Ejecutivo se decide por la senda dialogada de la medida, las fuentes señalan que se articularía un proyecto de ley -sin ser consensuado con la patronal- que debería de transitar por el trámite parlamentario ordinario y tener el necesario plácet de los socios del Gobierno, que cuentan con diversas sensibilidades en esta materia.
En cualquier caso, lo que parece evidente es que el gabinete dirigido por Yolanda Díaz lanzará la medida en los próximos días, con lo que ello conlleva. Fuentes de la patronal temen que la ausencia de cálculo de impacto normativo preciso y detallado -no tendrá el mismo efecto en todos los sectores económicos- provoque un alza de costes que sea especialmente insoportables en las pequeñas empresas, con riesgos incluso de cierres en las menos boyantes.
Cisma negociador
Aunque el principal problema que podría acarrear en el medio plazo la aprobación de la norma es la apertura de un cisma negociador en las mayoría de las más de 4.000 mesas de negociación vigentes en España. Mientras que el primer salto de 40 a 38,5 horas tendría un efecto residual, el siguiente recorte a 37,5 horas previsto para 2025 sí que obligaría, tal y como admiten las fuentes del diálogo social consultadas por ABC, a reabrir y negociar casi la totalidad de los convenios colectivos.
De hecho, el cisma podría escalar si también tenemos en cuenta que la norma recientemente aprobada para la incorporación de planes de igualdad LGTB en las empresas, que incluye la ley es la obligación de incorporar las medidas negociadas entre patronal y sindicatos en los diferentes convenios.
El golpe definitivo
Según los cálculos elaborados por economistas cercanos a la mesa negociadora, el coste aproximado de recortar 2,5 horas de trabajo sin rebaja salarial a los 21,3 millones de ocupados sería de unos 64.000 millones de euros que recaerían sobre el balance de las compañías. La reducción de ese volumen de horas equivaldría a la pérdida de 1,5 millones de puestos de trabajo a tiempo completo.
Por su parte, un reciente estudio de CC.OO. eleva a 12 millones los trabajadores asalariados que se verían afectados por la medida. Y esta, además, tendría más impacto entre la hostelería, la agricultura y el comercio.
Fuente: ABC Yolanda Díaz recortará la jornada laboral «con carácter inmediato» (abc.es)
