YOLANDA DIAZ PAGA UN INFORME DE LA OCDE QUE AVALA SUS DECISIONES

En el documento también han participado cuatro funcionarias del Ministerio de Trabajo

 

 

SMI

El informe ‘Reviving Broadly Shared Productivity Growth in Spain’ avala la subida del SMI y constata que el salto de 2019 no perjudicó al empleo.

 

El salario mínimo interprofesional (SMI) escaló de 735 a 900 euros al mes en 2019. El incremento del 22% aplicado sobre los sueldos más bajos fue el resultado de un acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para los Presupuestos Generales del Estado de ese año y ahora, ha sido avalado por los expertos de la OCDE. “Hay un gran consenso sobre que el incremento en el SMI ha elevado los salarios con remuneraciones bajas, recortado la desigualdad entre salarios y reducido significativamente la pobreza laboral” señala el organismo internacional, que defiende que el impacto negativo en el empleo fue del 0,6%, frente a la previsión lanzada entonces por el Banco de España.

 

Esta es una de las conclusiones que se extraen del informe ‘Reviving Broadly Shared Productivity Growth in Spain’ (Reactivar el crecimiento de la productividad ampliamente compartida en España) presentado este martes por la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el secretario general de la OCDE, Marhias Corman, en París.

 

La organización sugiere que se movilicen los datos administrativos que permitan seguir el crecimiento de los salarios de forma certera, para lo que señala que la Seguridad Social es la fuente apropiada.

 

Desde 2018 el salario mínimo ha crecido un 54%, sin embargo, solo alcanzó un pacto tripartito en 2020. Los empresarios fueron los que tomaron la iniciativa en la negociación que llegó a término el pasado mes de enero, sin embargo, no se atendieron las dos condiciones que estos pusieron sobre la mesa -desindexación de contratos públicos y bonificaciones a las cuotas del sector agrario- y finalmente, se aprobó una subida del 5% hasta los 1.134 euros sin su respaldo.

 

Si bien el análisis de la OCDE no profundiza en los efectos de los sucesivos incrementos de la renta mínima, sugiere que ciertos beneficios fiscales podrían multiplicar los efectos en los salarios, al tiempo que mitigarían el impacto en la competitividad entre empresas y los costes laborales. Pone el ejemplo de Francia, donde se aplican reducciones a las cuotas de la seguridad social del empleador por cada trabajador poco remunerado, o como Reino Unido e Irlanda, en las de los asalariados con sueldos bajos.

 

Las cuotas que pagan los empleadores por los empleados con salarios más bajos en España están entre las más altas de la OCDE, de acuerdo con el mismo informe, aunque existen excepciones temporales que creen que el país debería estudiar si hacerlos permanentes. “Los tipos de las cuotas a la seguridad social de empleador y empleados son los mismos para los salarios medios y bajos. Además, no hay beneficios específicos que complementen el salario neto de los trabajadores con el salario mínimo” subraya el análisis, por lo que entienden que existe margen para tomar medidas en esta dirección. No obstante, advierten que conllevaría un alza del coste fiscal y aumentan el riesgo de distorsionar el empleo en las empresas menos productivas y con bajos salarios.

 

La OCDE elogia la reforma laboral del Gobierno

La OCDE aplaude la reforma laboral y las distintas subidas del salario mínimo interprofesional acometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez y subraya que, gracias a la reforma laboral de 2021, avalada por el diálogo social, y a las sucesivas subidas del SMI, la productividad no se ha visto tan deteriorada. No obstante, sí que avisa la OCDE de la incertidumbre de los fijos discontinuos.

 

Lo que no recalcó ayer el director de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, es que este informe se ha elaborado por la propia OCDE, pero a petición del Gobierno de España, y que, en el capítulo de agradecimientos, también queda rubricado que quien ha sufragado dicho informe es el «Ministerio de Trabajo y de Economía Social», de España, dirigido por Yolanda Díaz.

 

Pero más allá del contenido del informe, lo llamativo es que, la OCDE ha dejado constancia en su propio informe de que el departamento de Yolanda ha pagado por el informe: “La OCDE agradece el apoyo financiero del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España para la elaboración de este informe”, señala expresamente el documento. Las advertencias del informe llegan al súmmum cuando incluyen en su página dos la siguiente leyenda: “Por favor, cite esta publicación de la siguiente manera: Ministerio de Trabajo y Economía Social (2024), Reactivar el crecimiento ampliamente compartido de la productividad en España”.

 

Además, en este documento -tal y como recoge la larga lista de agradecimientos-, también han intervenido con sus «comentarios y sugerencias» cuatro funcionarias del departamento de Trabajo de la vicepresidenta segunda: Alba Catalán Piera, Paloma García García, Yolanda González Sánchez, y Belén Vida Navas.

 

Un aspecto clave de la reforma laboral de diciembre de 2021 -indica este organismo internacional- «era reducir la dependencia excesiva de los contratos temporales restringiendo su uso y, como consecuencia de lo anterior, España es actualmente el país de la OCDE con las terceras normas más estrictas para el uso de contratos de duración determinada según los Indicadores de Protección del Empleo de la OCDE».

 

Por otra parte, la OCDE añade: «La reforma ha dado lugar a una gran reducción de la incidencia de los contratos temporales. Tanto que cayó del 21% en el cuarto trimestre de 2021, el segundo más alto de la OCDE, a menos del 15% en el primer trimestre de 2023». Sin embargo, matiza: «La caída de los contratos temporales no se tradujo en una disminución del empleo, ya que fue compensada con creces por el aumento de los contratos indefinidos«.

 

Además, continúa: «España ha avanzado en el tratamiento de la dualidad del mercado laboral, con importantes beneficios potenciales en términos de mayor crecimiento de la productividad»

 

La incidencia de los contratos de duración determinada se redujo aproximadamente una cuarta parte, pasando de más del 20% en 2021, la segunda cifra más alta de la OCDE, a menos del 15% en el primer trimestre de 2023». Por otra parte -sostiene-, «la disminución del número de contratos de duración determinada se ve compensada por un aumento de la misma magnitud del número de contratos indefinidos, lo que sugiere que, por el momento, la reforma no ha tenido efectos importantes sobre el empleo global».

 

Revisión de la reforma por los fijos discontinuos

A la reforma de 2022 le ha seguido un aumento del empleo indefinido y una fuerte reducción del empleo temporal. Sin embargo, el estudio de la OCDE detecta que «una fracción significativa del aumento del empleo indefinido, alrededor del 20%, refleja el mayor uso de contratos fijos discontinuos, cuya incidencia en el empleo se duplicó, pasando del 2,7% en el primer trimestre de 2021 al 5,3% en el cuarto trimestre de 2022».

 

Asimismo, advierte que aunque «estos contratos ofrecen más estabilidad laboral que los temporales, no dan necesariamente más seguridad de ingresos para los trabajadores, porque, aunque las horas de trabajo se conocen de antemano, pueden variar con el tiempo en función de la duración del periodo de actividad y de la temporada, dentro de los límites del convenio colectivo sectorial aplicable». Por eso -recomienda la OCDE-, «hay que seguir de cerca las implicaciones a medio plazo de la reforma. El Gobierno se ha comprometido a realizar una evaluación completa de la reforma antes de 2025».

 

Yolanda Diaz alardea del informe financiado por ella misma

Yolanda Díaz “ha explicado que el informe destaca que las medidas puestas en marcha en estos últimos años, en especial la reforma laboral y la subida sostenida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), han contribuido a mejorar el reparto de la productividad y reducir la desigualdad”. El “reparto de la productividad”, que es un dato distinto de la productividad.

 

La vicepresidenta y ministra de Trabajo no ha tardado en alardear de informe. Su Gobierno ha asegurado que “el informe respalda la política laboral del Ministerio” y que “las políticas puestas en marcha por el Gobierno de España y el Ministerio de Trabajo y Economía Social han tenido y van a seguir teniendo un impacto positivo en el reparto de las ganancias de la productividad”. “Están encaminadas a proteger el empleo y mejorar su calidad, incrementar los salarios y reducir la precariedad laboral”, ha insistido la vicepresidenta, quien ha puntualizado, además, que “todo ello se ha conseguido con cifras récord de empleo en el país”.

 

Según el Gobierno, “el informe concluye que el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, la disminución de la tendencia excesiva al uso de contratos temporales y los mecanismos de apoyo al mantenimiento del empleo están reactivando la productividad en el país, tras varios lustros estancada”. “Hemos transformado el paradigma laboral para modificar el modelo de crecimiento y estamos incentivando la productividad y la calidad del empleo en lugar de los bajos salarios y la precariedad, como se hizo hasta hace pocos años”, ha señalado la vicepresidenta.

 

Yolanda Díaz también ha insistido en que “el informe también apunta como medida positiva la reducción de la jornada de trabajo en aras de un mayor bienestar, como actualmente se está negociando en la mesa de diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales”.

 

Pero, lo que se le ha olvidado mencionar a la vicepresidenta del Gobierno es que la OCDE indica que:

 

  • “en España, un importante desajuste entre las cualificaciones aportadas por los trabajadores y las requeridas por los empresarios obstaculiza el crecimiento de la productividad”.
  • los jóvenes españoles se enfrentan a una difícil transición de la escuela al mundo laboral“.
  • España sigue teniendo una de las tasas de abandono escolar temprano más elevadas de la OCDE, a pesar de los importantes avances de los últimos años: en 2021, el 13% de los jóvenes de 18 a 24 años dejará los estudios sin haber superado el primer ciclo de secundaria, casi la mitad que una década antes, pero aun considerablemente por encima de la media de la OCDE, que es del 9%”.
  • la FP podría ser eficaz para proporcionar competencias técnicas específicas de las que se carece. No obstante, en 2021, solo el 24% de los estudiantes españoles de bachillerato estaban matriculados en FP, frente a una media de la OCDE del 43%”.
  • “las oportunidades de formación para los parados son limitadas en España”.
  • las empresas se enfrentan a barreras estructurales para aumentar la productividad“.
  • “España se queda atrás en la adopción de tecnologías digitales avanzadas
  • “losresultados de España en materia de productividad laboral se han deteriorado considerablemente en las últimas décadas”.

 

ENLACE AL INFORME

Reviving Broadly Shared Productivity Growth in Spain | en | OECD

 

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