En la agenda de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, las empleadas del hogar eran una prioridad y el objetivo, frustrado, era que tuviesen los mismos derechos que el resto de las trabajadoras. El aumento del Salario Mínimo Interprofesional en un 47% desde 2018 y el alza de las cotizaciones ha provocado que 31.000 trabajadoras hayan dejado de cotizar
Yolanda Díaz, no ha logrado aflorar el fraude presente en la contratación de las empleadas de hogar, una actividad con sueldos y condiciones laborales muy precarias y en la que las mujeres suponen el 90% del total de los trabajadores.
Los últimos datos estadísticos muestran que hasta 543.900 ciudadanos reconocían trabajar en el servicio doméstico a finales de 2022, pero solo 375.515 estaban presentes en el Régimen Especial de Empleados de Hogar. Esto supone que una de cada tres mujeres -fundamentalmente- de este sector no están protegidas ante determinadas contingencias laborales, se verán penalizadas a la hora de jubilarse y no recibirán ingresos en caso de baja o incapacidad.
Salario Mínimo y empleadas de hogar
Pero nada ha cambiado e, incluso, la situación ha empeorado en el último año, según se puede constatar a través de las diferentes estadísticas oficiales. Pese a lo positivo que puede resultar el alza del Salario Mínimo Profesional (SMI) en otros sectores, en el caso de las empleadas del hogar ha jugado claramente en su contra.
El incremento del SMI, que ha pasado de 736 euros en 2018 a 1.080 en 2023, ha sido una de las consecuencias del desplome de la afiliación entre las empleadas del hogar, precisamente coincidiendo con un auge del empleo en prácticamente todos los sectores. Desde diciembre de 2018, un mes antes de que se produjese la mayor subida del SMI que pasó de 735,9 euros a 900 euros, el sistema ha perdido 31.000 cotizantes en el Régimen Especial de Empleados de Hogar.
Además el aumento de las cotizaciones sociales ha hecho el resto y ha evitado que muchos contratadores den el paso fundamental para regularizar a sus empleadas.
En el último trimestre de 2022, según la Encuesta de Población Activa (EPA), había 25.000 personas más que un año antes dedicadas a las labores del hogar ajeno, pero solo mil más que cotizaban según los datos de afiliación proporcionados por la Seguridad Social.
Fraude y pagos “en negro”
El pasado septiembre, el Gobierno aprobó las medidas para que las empleadas de hogar cotizantes -obligación de los empleadores- no pudiesen ser despedidas sin causa justificada y que pudiesen cobrar el paro cuando dejasen su trabajo. Sin duda, los derechos de las regularizadas se reforzaron, pero un tercio sigue sin condiciones dignas, cobran salarios por debajo del SMI y, además, “en negro”.
La decisión del Ejecutivo era consecuencia directa del varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por excluir a este colectivo del derecho al derecho al desempleo y de las presiones para ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca garantizar la protección laboral de las empleadas del hogar. Las irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo en 2021 afectaban a uno de cada dos trabajadores, muy vulnerables ante las crisis económicas y los cambios normativos. Los inspectores obligaron en aquel momento a dar estabilidad laboral a 30.000 empleadas del hogar.
Aumento de las cotizaciones
Desde el pasado 1 de abril, los empleadores han tenido que asumir un incremento en el pago a la Seguridad Social por sus cotizaciones sociales, fruto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que se ha diseñado para aumentar los ingresos por cotizaciones para mantener las pensiones del baby boom. Los empleadores deben abonar en cotizaciones el resultado de aplicar a su base un porcentaje del 30,8%. De este porcentaje, 23,6 puntos son en concepto de cotización por contingencias comunes; cinco puntos por desempleo, 1,5 puntos, por contingencias profesionales; 0,2 puntos van al Fogasa y 0,5 puntos se añaden al Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
Mientras, las empleadas domésticas también han tenido que incrementar sus aportaciones vía cotización. Su cuota es el resultado de aplicar un porcentaje del 5,85%. Un total de 4,7 puntos corresponden a la cuota del trabajador, 1,05 puntos de cuota por desempleo y 0,1 puntos por el MEI.
Se retrasa a 2024 el nuevo esquema de bonificaciones a empleadas de hogar
Actualmente, la bonificación del 45% se aplica a todas las familias numerosas de categoría especial que contratan a una persona para trabajar en su hogar y también a las de categoría general, siempre que cumplan el requisito de que los dos progenitores trabajen fuera de casa.
La intención del Ejecutivo era modular los beneficios en función de unos “requisitos de patrimonio y/o renta de la unidad familiar o de convivencia del empleador” y en plena carrera electoral, el Gobierno de coalición va a ampliar un año, hasta abril de 2024, el plazo para desarrollar el reglamento con el nuevo esquema de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de empleadas de hogar, dejando así el tema en manos del próximo Ejecutivo.
Se fija que el nuevo esquema (que prevé bonificaciones del 45% o del 30% en función de varios criterios) tenga efecto cuando entre en vigor el desarrollo reglamentario previsto y, en todo caso, el 1 de abril de 2024. Hasta ese momento se mantendrán las bonificaciones actuales que conllevan una reducción general del 20% en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes al dar de alta a una empleada de hogar. Esta reducción, aplicada en la cuota que pagan cada mes los empleadores, es del 45% en el caso de las familias numerosas.
Junto a esta ampliación del plazo para desarrollar el nuevo esquema, también se da cobertura a la bonificación de familias numerosas que decaía el pasado 1 de abril para las nuevas contrataciones. En esta bonificación específica para las familias numerosas, la norma de empleadas de hogar establecía dos supuestos: por un lado, se mantenían sin cambios mientras siguiera la misma persona contratada, pero por otro decaían desde el 1 de abril en el caso de nuevas contrataciones para quedar vinculadas a un nuevo esquema que finalmente se va a retrasar.
