Pedro Sánchez ha elegido ejercer de asustaviejas, como hizo Felipe González en aquel debate electoral de 1993
Asustar a los pensionistas
La subida de las pensiones no está en riesgo. Esto es lo que habría dicho un presidente de Gobierno responsable para tranquilizar a los pensionistas después de que el Congreso rechazara el otro día, con los votos del PP, Vox y Junts, el decreto ley ‘ómnibus’ que contenía esta medida, entre otras muchas.
Lo mismo tendrían que haber hecho algunos medios de comunicación para informar –y de paso, tranquilizar– a los pensionistas, en lugar de lanzarse a la trinchera a librar una guerra que no debería ser la suya, perdiendo la dignidad en tertulias monocordes con afirmaciones de brocha gorda como que el PP, con su voto en contra, «ha puesto en riesgo las pensiones». La obligación de los medios de comunicación es contar la verdad, y la verdad es que los pensionistas van a cobrar la paga que había aprobado el Gobierno para 2025, que incluye una subida del 2,8% respecto al año pasado.
No es más que politiqueo que traerá mucho ruido y mucho relato interesado, pero si oyen que se está poniendo en riesgo la subida de las pensiones no se lo crean, porque el Gobierno siempre tendrá en su mano aprobar en cualquier momento un decreto ley como Dios manda.
Tras la votación, Pedro Sánchez podría haber adoptado ese tono de hombre de Estado que frecuenta desde la pandemia, y en una comparecencia sin preguntas en la puerta de La Moncloa haber proclamado que los pensionistas no tienen de qué preocuparse porque él, como presidente del Gobierno, se va a ocupar de que todos cobren lo que les corresponde en tiempo y forma.
En lugar de eso, ha elegido ejercer de asustaviejas, como hizo Felipe González en aquel debate electoral de 1993 en el que afirmó que si Aznar ganaba las elecciones cada jubilado vería rebajada su pensión en 8.000 pesetas, dato preciso que hizo más creíble la falsa amenaza. Un golpe de efecto que resultó definitivo para la ajustada victoria del PSOE y que pasó a la historia como un acierto del equipo de campaña de los socialistas. Pero aquello era una campaña electoral en la que González hablaba como candidato, no como presidente, y ahora no estamos en campaña. ¿O sí que estamos?
En definitiva, lo que tienen que saber los pensionistas es que el Gobierno volverá a aprobar mediante real decreto-ley la subida de las pensiones –como es su obligación, ya que no ha cumplido la de presentar un proyecto de Presupuestos– y el Congreso lo convalidará un mes después porque todos los partidos están de acuerdo en subir las pensiones.
Y aunque la subida de las pensiones está garantizada, Sánchez prefiere seguir acojonando a los jubilados, una estrategia de dudoso rédito político. Una apuesta arriesgada la de Sánchez, porque no está claro a cuántos de los 12 millones de pensionistas va a lograr engañar ni por cuánto tiempo.
Engañar a todos
Lo cierto es que apenas cinco días pudieron mantener Pedro Sánchez y cía la trola de que la subida de las pensiones estaba en peligro. Nunca estuvo en peligro porque los jubilados son intocables y ningún partido partido se atreve a ponerle el cascabel al gato. El cascabel es cuestionar un sistema de pensiones insostenible e injusto.
Fue muy ilustrativa la entrevista que publicó El Mundo a Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universitat de València y del Ivie, quien cuestiona el “generoso” sistema de pensiones español porque está “obsoleto” y “lleno de parches”. Y es injusto por su falta de equidad, con diferencias de hasta el 40% en pensionistas que han cotizado lo mismo en su vida laboral. Afirma que “hay que intentar que el gasto en pensiones no crezca tanto”, pero cree que ningún partido o gobierno lo va a hacer porque los pensionistas son ya casi 12 millones, y subiendo, y eso representa casi un tercio del censo electoral.
Devesa propone subir las pensiones según el IPC a las más bajas pero no las más altas –la máxima en 2025 quedará en 3.267 euros al mes–, y señala que imposible mantener un sistema en el que las pensiones suben en un año (2023) un 8,5% sin recortarlas de alguna forma para el futuro –para quienes ahora están cotizando, no para los ya pensionistas– como ya se ha hecho anteriormente con diferentes medidas como alargar la edad de jubilación, ampliar los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión o poner más impuestos a la clase trabajadora.
Quienes pertenecemos a la generación baby boom española (nacidos entre 1958 y 1977, con entre 650.000 y 700.000 partos al año, frente a los 320.000 de 2023), tenemos asumida, o deberíamos tenerla, la penitencia del exceso de natalidad de aquellas dos décadas. Así como en la infancia y juventud derivó en una masificación en la enseñanza, en la vejez se traducirá en un empeoramiento de las pensiones que se irá articulando a medida que vaya creciendo el número de jubilados. De hecho, ya lo estamos pagando con esa ocurrencia llamada MEI, impropia de un gobierno de izquierdas.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es un parche más del sistema, obra del exministro José Luis Escrivá, hoy gobernador del Banco de España, que hizo lo posible por recortar las pensiones futuras sin que pareciera que las recortaba.
El MEI es un impuesto a los trabajadores y a sus empleadores, incluidos los autónomos, creado para llenar la llamada «hucha de las pensiones» de cara al sobrecoste que va a representar la jubilación de la generación baby boom a partir de ya mismo. Es un reconocimiento de que el sistema de reparto, en el que las cotizaciones de los trabajadores activos financian las prestaciones de los jubilados, no es sostenible. Y se crea un impuesto para tapar el agujero. Bien, es una solución, pero que no le llamen MEI porque de equidad intergeneracional no tiene nada, ya que unas generaciones pagan y otras no. Es un impuesto al trabajo, al margen de la cotización contributiva a la Seguridad Social, lo que significa que el agujero de las pensiones no ayudan a taparlo todos los españoles sino solo aquellos que trabajan.
Un señor o señora que vive de rentas no aporta nada a la causa, como tampoco aportan nada los jubilados, algunos con pensiones de 46.000 euros año mientras el sueldo medio en España es de 27.000 euros y el más habitual está en torno a 15.000. Hablan de solidaridad intergeneracional pero es solidaridad solo en un sentido. Los mileuristas que no tienen ni para alquilarse un piso pagan el MEI y los jubilados que perciben 3.200 euros al mes se libran porque a ver quién es el guapo que les da un pequeño mordisco a las pensiones con un impuesto. Esto es obra de un Gobierno de izquierdas con el beneplácito de los sindicatos, esos que un día se manifiestan contra la privatización de la Sanidad y al día siguiente lo hacen a favor de que se mantenga la sanidad privatizada para los funcionarios.
Lo más justo habría sido meter el MEI en el IRPF y que entre todos cubriésemos el agujero de las pensiones, cada uno según su capacidad. Con estos parches injustos el mensaje es muy claro: jubílate cuanto antes, si puedes, que los recortes siempre son para quienes vienen detrás.
