El Estado tiene comprometidos sus ingresos de aproximadamente quince años en el pago de su deuda y de las pensiones, señala un documento de Atenea.
Menos Estado, menos impuestos y más libertad para reactivar España. Esas son las bases del programa económico sobre las que se asienta el documento Soluciones para España del think tank Atenea que ha elaborado un ambicioso plan de casi 300 páginas y 19 capítulos técnicos para darle un giro de 180 grados a la dopada economía española. Y es que, el aumento sistemático de la deuda, del gasto público y del número de habitantes de nuestro país está maquillando un crecimiento económico que «tiene los peores fundamentos de los últimos 50 años» diagnostica el documento.
Con una productividad y unos salarios reales estancados, «el tamaño y las funciones que el Estado ha asumido en España exceden lo que la economía puede sostener y lo que la sociedad civil necesita». Esta situación supone un desincentivo a la iniciativa privada y a la responsabilidad individual, que es urgente revertir.
Revolucionaria reforma en los impuestos
Financiación territorial, sostenibilidad fiscal, seguridad jurídica y calidad regulatoria, educación, sanidad o infraestructuras son algunos de los asuntos que aborda el documento, aunque a continuación vamos a desgranar la revolucionaria reforma impositiva que recomienda para España.
- Límite a los ingress Una limitación al déficit no limita los ingresos del Estado actualmente. Así, si el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos, y se establece un techo a esa diferencia, hay dos vías de cumplimiento: contener el gasto o aumentar los ingresos. La vía políticamente más fácil es siempre la segunda. Por ello, se recomienda en primer lugar limitar los ingresos públicos como porcentaje del PIB y una «revisión funcional» del gasto público.
- Tax flat del IRPF: recomienda una transición gradual del actual IRPF por un tax flat con mínimo exento familiar. La estructura propuesta combina dos elementos. Primero, un mínimo exento familiar: una cuantía de renta —graduada según composición familiar— por debajo de la cual no existe obligación tributaria. Segundo, un tipo único aplicado al exceso de renta sobre ese mínimo. Acabarían con la larga lista de deducciones que tiene el IRPF y deflactarían para aliviar de la subida de la inflación.
- Cotizaciones sociales reales: recomienda explicitar las cotizaciones empresariales en la nómina del trabajador como parte de su salario bruto. Operativamente, la nómina del trabajador debe mostrar tres cantidades: salario neto que percibe, cotizaciones que paga directamente, y cotizaciones que paga el empleador en su nombre y por su cuenta. La medida no requiere modificar el sistema de pagos. También proponen una reducción gradual de las cotizaciones empresariales hacia niveles europeos para que el Estado no se quede con el 40% del sueldo del trabajador (entre IRPF y cotizaciones). E esta es la propuesta más revolucionaria. A partir de ahí los contratos igualan salario a coste laboral y el trabajador verá lo que paga de Seguridad Social de verdad.
- Sociedades: es partidario de una reducción gradual del tipo general del 25% hasta niveles europeos (18-22%), un tratamiento favorable de la reinversión de beneficios (el sistema actual grava por igual los beneficios distribuidos como dividendos y los beneficios reinvertidos en la empresa) y de una corrección de la doble imposición de dividendos (los beneficios empresariales tributan sobre Sociedades como dividendo en sede del accionista en su IRPF).
- IVA: son propuestas relativas a la administración del impuesto más que a su estructura. El IVA se liquidaría cuando lo cobran las empresas, no cuando lo facturan (y lo adelantan), se simplificarían los tipos reducidos y se daría un tratamiento específico de los productos de primera necesidad en períodos inflacionarios.
La propuesta más urgente
Otro de los grandes temas del documento es la parte del sistema de pensiones. En este punto considera que «el dato verdaderamente estructural es la deuda implícita por pensiones, es decir, el valor actual de los compromisos adquiridos por el Estado frente a los pensionistas presentes —pensiones causadas— y los actuales cotizantes —pensiones devengadas no causadas—
Según los últimos cálculos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en diciembre de 2023, con datos referidos a 31 de diciembre de 2021, dichos compromisos ascendían a 6,1 billones de euros. Es decir, el 496,3% del producto interior bruto de 2021. Esta deuda, sin embargo, no se reconoce en las cuentas públicas. Un tratamiento contable que en una entidad aseguradora privada que proveyese pensiones a sus clientes sería inadmisible —y rigurosamente sancionado por el organismo supervisor— se acepta sin reservas cuando el sujeto pasivo es el Estado. La suma de esta deuda implícita por pensiones y la deuda pública explícita —el Procedimiento de Déficit Excesivo, que cerró 2025 en el 100,7% del PIB— sitúa el pasivo total del Estado español en el entorno del 600% del PIB.
Con los actuales niveles de presión fiscal, próximos al 38 % del PIB, esto significa que el Estado tiene comprometidos sus ingresos íntegros de aproximadamente quince años en el pago de su deuda y de las pensiones presentes y futuras.
- Transparencia: cada ciudadano en edad laboral debe recibir, con periodicidad anual, una comunicación oficial que estime el valor actual de los compromisos del sistema a su favor según su carrera de cotización efectiva, así como la pensión proyectada a la edad ordinaria de jubilación bajo los parámetros vigentes.
- Jubilación libre: el trabajador activo después de la edad ordinaria recibirá una pensión proporcionalmente mayor que refleje su aportación adicional al sistema y su menor esperanza de vida en términos de período de percepción.
- Transición progresiva del sistema español de pensiones desde el reparto a la capitalización: la transición es progresiva, no súbita. Tampoco implica necesariamente gestión privada exclusiva y al principio debe combinarse con un componente de seguro de vida y accidentes que garantice prestaciones mínimas en caso de fallecimiento prematuro o invalidez del cotizante.
Dentro de la lista infinita de propuestas se señala que entre las más útiles estaría la Cuenta Única Fiscal, un sistema de compensación multilateral de créditos y débitos frente a todas las administraciones que permita a las empresas compensar lo que deban a cualquier administración con lo que les debe cualquier administrador. La tecnología lo permite y aliviaría la liquidez de muchas empresas, además, de clarificar las cuentas de los empresarios frente a las distintas administraciones. En el mismo sentido, aplicar el criterio universal de caja en Sociedades e IVA antes mencionado. Se paga por lo que se cobra y se deduce por lo que se paga, animaría a las empresas, además, a reducir su morosidad» .
