Un tercio de los españoles recibe una remuneración del Estado

La deuda pública cerró el tercer trimestre de 2023 en los 1,577 billones de euros, un 5 % más que el mismo periodo de 2022 y un 34 % más que en 2018. A pesar de las demandas de Bruselas por reducir el déficit que muestran las arcas públicas, este Gobierno no ha dejado de aumentar el número de funcionarios al tiempo que sube también el número de pensionistas. Y es que un tercio de la población mayor de 15 años depende directamente del Estado.
De los 48,4 millones de habitantes censados por el INE que tiene nuestro país, 42 millones –el 87 %– tiene 15 años o más. En este grupo se encuentran trabajadores –públicos o privados–, parados, jubilados o perceptores de ayudas públicas. Es decir, población susceptible de cobrar una cantidad procedente de las Administraciones Públicas.
Un artículo de El Correo estimaba en un primer cálculo que cuatro de cada diez vascos mayores de 20 años «perciben ya una ‘nómina’ pública». Para llegar a esa conclusión, el autor sumaba el total de los trabajadores públicos, pensionistas, parados con prestación y ciudadanos que perciben el ingreso mínimo vital (IMV) y la renta de garantía de ingresos (RGI), y dividía el resultante por el total de mayores de 20 años en la región.
El INE ofrece los datos demográficos en grupos quinquenales, pero la edad para trabajar y la emancipación está fijada en los 16 años, por lo que se quedaba un importante colectivo fuera. Si trasladamos los cálculos al total nacional y ajustamos con el grupo de 15-19 incluido, el porcentaje resulta también muy llamativo.
En España hay 3,5 millones de asalariados en el sector público y 1,8 millones de receptores de prestaciones de desempleo –que suponen el 60 % del total de parados–. Además, 6,4 millones de personas cobran una pensión de jubilación –no se contabilizan otras pensiones compatibles– y algo más de 735.000 reciben el IMV. En total, se trata de casi 12,5 millones de personas que reciben una remuneración del Estado, el 30 % de la población mayor de 15 años.
Las diferencias entre las distintas comunidades, no obstantes, son significativas. Canarias (25,5 %), Madrid (26,2 %), Baleares (26,4 %) y Murcia (26,7 %) tienen los porcentajes más bajos frente a Extremadura (37,2 %), Asturias (34,2 %), Ceuta (33,9 %) y Castilla y León (33,7 %) registran las tasas más altas.
Esta disparidad de resultados tiene mucho que ver con las particularidades de cada región: el mayor porcentaje de trabajadores públicos se encuentra en las ciudades autónomas –principalmente militares–, Extremadura y Castilla y León, mientras que en Asturias, Galicia y País Vasco se registra una mayor tasa de jubilados por población.
El aumento en los últimos años se ha notado en las pensiones de jubilación, que han crecido un 7 %, pero sobre todo en el sector público, donde el número de trabajadores de la Administración se ha incrementado un 15 % –un 10 % en el caso de los asalariados–.

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