Ahora existen dos bloques muy grandes y el futuro Ejecutivo, se produzca cuando se produzca, incluso tras unas posibles nuevas elecciones generales en tiempos navideños, y sea del color que sea tendrá que aplicar un ajuste fiscal millonario, con los costes de la Deuda Pública disparados y obligado a pactar todo con los líderes autonómicos.
La gestión política española ha entrado en una nueva etapa en la que será muy complicado llegar a acuerdos que no cuesten dinero extra al erario público. Uno de los principales retos económicos pasarán por cuadrar un ‘sudoku’ muy difícil entre recortar el gasto público para bajar el déficit estructural por debajo del 4% del PIB.
El gran reto para España en los próximos cuatro años sigue pasando por recuperar la productividad y subir los salarios, estancados desde hace 15 años; potenciar el desarrollo tecnológico y la digitalización; y seguir con las reformas energía, agua y movilidad eléctrica, y los fondos UE afectan a esos tres puntos de forma transversal.
Así, una de las claves económicas básicas estará en la gestión de los fondos europeos que quedan por llegar y los ajustes comprometidos en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas. España ya ha recibido tres pagos de los primeros 70.000 millones de la UE a fondo perdido (algo más de 37.000 millones de euros), si bien la lentitud entre la definición de los proyectos y las convocatorias concretas para ejecutarlos ha sido muy lenta hasta el momento. El logro de una velocidad de crucero mayor de la gestión (tanto de la Administración central como de las CCAA) será clave para poder aprovechar los restantes 94.000 millones que deben llegar a nuestro país hasta 2026, si viene en esta segunda parte 84.000 millones serán préstamos, 7.700 millones transferencias adicionales y casi 2.600 millones de euros llegarán del nuevo REpowerEU lanzado tras la crisis energética generada por la guerra de Ucrania.
Ajuste inevitable
El principal escollo a corto plazo está en aprobar unos Presupuestos para el año que viene, en los que se garantice que la economía crece y se reduce el déficit en un punto para 2025, hasta dejarlo en el 3% que imponen las reglas fiscales europeas.
El recorte de gasto necesario que tiene que aplicar España se acercaría a los 25.000 millones de euros en dos años, con una Deuda Pública que ya ha superado 1,5 billones y cuyos intereses van a superar en breve el 2% de media, lo que supone un aumento de entre 12.000 y 15.000 millones de euros al año en gastos financieros, hasta acumular una factura de cerca de 40.000 millones en lo que se conoce como ‘servicio de la Deuda’, un nivel que no se conocía desde la gran crisis financiera de hace diez años.
Política de pactos complicada
Lo cierto es que estamos ante una nueva etapa política en España, dominada por las coaliciones y con poca experiencia en su gestión a nivel estatal, que obligará a tomar medidas duras para pagar un “peaje nacionalista del que, por ahora, no sabemos ni cómo ni cuánto será”, y que no se conocerá hasta verlo plasmado en unos Presupuestos General del Estado, cuya aprobación puede complicarse mucho, no solo por parte de los partidos independentistas, sino también de otros gobiernos autonómicos que van a reclamar lo suyo.
Condonar una parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (sólo Cataluña acumula 60.000 millones) no reducirá el peso del coste de la Deuda en las cuentas estatales. En cualquier caso que el nuevo Gobierno apretará mucho más a los ciudadanos y las empresas con nuevos impuestos (tributos verdes, peajes en las autopistas o sobre el consumo de energía).