En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 recogen que «en el plazo máximo de 12 meses, el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo en el que se atribuya a la Administración General del Estado capacidad legal para su promoción». Sin embargo, el Ejecutivo trabaja para estrechar estos plazo consciente de la importancia que tiene el lanzamiento del fondo para fomentar el ahorro ante la coyuntura y para dar pasos firmes en la reforma de pensiones, crucial para la llegada de los fondos de reconstrucción, así como un pliego de reformas a las que se compromete Moncloa con Bruselas. De este modo, el Gobierno deberá primero abordar la cuestión en el nivel interministerial que implicará a Hacienda, Economía y Seguridad Social, para después llevar la propuesta a la mesa de diálogo social donde será discutida con patronal y sindicatos. Posteriormente se procedería a elevar la medida al Consejo de Ministros y finalmente al Congreso de los Diputados donde se aprobaría este proyecto de ley del fondo público.
El Gobierno avanza con paso firme en la puesta en marcha del fondo público de pensiones con el que pretende impulsar los planes de pensiones en el ámbito de la empresa con el objetivo de fomentar el ahorro de trabajadores, autónomos y pymes, así como de los funcionarios en los diferentes niveles de la administración. Un punto fundamental del diseño de este vehículo financiero será la Comisión de Control que albergará a un nutrido grupo de expertos altamente especializados en materia y de vigilancia sobre los fondos, que supervisarán el ahorro de los trabajadores.
Concretamente, el Ejecutivo estudia la posibilidad de articular una única gran Comisión de Control de los diferentes fondos formada únicamente por expertos y personal altamente cualificado para evitar disfunciones y otorgar a los futuros ahorradores una garantía de control sobre su dinero. En este caso, el Gobierno evitaría perfiles con poca profesionalidad y conocimiento en la materia. Situaciones que pueden ocurrir en las Comisiones internas de los planes de empresa de ciertas compañías en las que se eligen a los integrantes dentro de la negociación colectiva y en muchas ocasiones, entre personas que no están formadas y desarrollan su actividad profesional como supervisores financieros o con el conocimiento preciso para la tarea.
Diálogo Social
En este sentido, según apuntan fuentes oficiales consultadas por elEconomista, la idea es que el proceso de selección de estos expertos se lleve a cabo con luz y taquígrafos y que de él participen tanto el Gobierno como los agentes sociales representados en la mesa de diálogo. De este modo, se articularía una suerte de lista de candidatos que serían finalmente validados para conformar la Comisión de Control que vigilará los ahorro de pymes, autónomos y funcionarios en el fondo público de pensiones.
Cabe recordar en este punto la importancia de la gobernanza en los fondos de pensiones ya que supone el principal garante del buen desempeño de las entidades gestoras y depositarias con el dinero de los ahorradores. Ya que una de las características de los fondos que promueva el Gobierno será su titularidad pública pero una gestión privada, en lo que este órgano se considera desde el Ejecutivo como crucial para apuntalar la confianza de los eventuales ahorradores y lograr el objetivo de la medida de expandir la previsión complementaria para la jubilación.
Reforma de pensiones
De hecho, la medida promovida por el Gobierno responde además a parte de la reforma de pensiones que en las recomendaciones del Pacto de Toledo instan al Ejecutivo a incentivar la previsión social complementaria, con especial atención en los planes de pensiones colectivos, de empresa, por ser los que más potencial tienen para expandir la base de ahorradores. Por lo que los Presupuestos Generales de este año ya recogen las tres aristas de la revolución del ahorro familiar que prepara el Gobierno con el desplazamiento de los incentivos fiscales del sistema individual al colectivo, para lo que se ha reducido la desgravación fiscal de los planes individuales en un 75% hasta los 2.000 euros anuales, mientras que se ha elevado a 10.000 la exoneración en IRPF para las aportaciones a planes de pensiones colectivos. Al tiempo que se dejó registrado en el presupuesto el plan de impulso del fondo público de pensiones de ahorro en la empresa.
Una de las características de este fondo es precisamente ese potencial ahorro financiero, pero también fiscal para los futuros depositantes. De modo que según cálculos elaborados por los expertos consultados por elEconomista, hasta 4.000 euros al año se podrán ahorrar en el pago del IRPF los trabajadores españoles con rentas elevadas que aporten al fondo público de pensiones y hasta 2.200 euros, aproximadamente, es el importe que se ahorraría una renta media.
Una medida con la que, más allá, el Ejecutivo pretende multiplicar por tres el peso del ahorro privado sobre el PIB en nuestro país, alcanzando en el medio plazo la cota del 30%, un nivel que le acercaría a la media de los países de la zona euro, pero que aún distaría del volumen acumulado por los grandes ahorradores como Irlanda, que acumula un 70% de su PIB o Finlandia, que llega al 99%. Y más lejos aún de los campeones de la previsión social complementaria como Suiza, que solo en instrumentos colectivos de ahorro en la empresa acumula dinero por valor del 127% de su PIB o Países Bajos, donde los ahorros en planes privados alcanzan el 180% del PIB.
Todo ello, con la cautela de una medida que deberá ser negociada en el Gobierno y con los agentes sociales en los próximos meses para terminar de diseñar y aquilatar el nuevo vehículo de ahorro para empresas y trabajadores.
Fuente: El Economista
