El acusado mantenía un negocio en la capital leonesa del cual obtenía beneficios suficientes para hacer frente a los pagos, pero desde 2003 al 2018, momento en que cerró la empresa, no pagó las cuotas de la Seguridad Social de ninguno de los 37 empleados que tuvo
Un varón se sentará este lunes 25 de abril en el banquillo de la Audiencia Provincial de León acusado de defraudar al sistema de Seguridad Social al no pagar las cuotas de sus empleados. El acusado se enfrenta a tres años de cárcel y una multa de 225.123 euros por no pagar la Seguridad Social de sus trabajadores, según la petición del fiscal.
El acusado inició su actividad el 1 de agosto de 1998 y comenzó en ese momento la contratación de trabajadores por cuenta ajena, llegando a tener de alta a mediados de noviembre de 2018 cuando cesó su actividad a un total de 37 empleados. Según relata el fiscal en las conclusiones previas del caso, el número de empleados variaba entre cinco y ocho trabajadores en cada periodo de recaudación y a quienes pagaba en metálico.
A pesar de que su negocio funcionaba con normalidad y contaba con beneficios suficientes para hacer frente a los pagos de la Seguridad Social y siendo conocedor de su obligación de ingresar las cantidades relativas a las cotizaciones de sus trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social y las cuotas propias en el Reta, dejó de cumplir sistemáticamente el pago de las cuotas. Desde 2003 no cumplió con las cuotas a la Seguridad Social de sus empleados ni las suyas al Reta, a excepción de los años 2009 al 2011 que sí pagó la cuota de autónomo.
Cuotas defraudadas
De esta manera, las cuotas defraudadas suponen un total de 109.019 euros, alcanzado lo debido en el Régimen General al sumar intereses, costas y recargos un total de 145.727 euros.
Además, el acusado incumplió también con su obligación de ingreso de las cuotas a la Seguridad Social como trabajador autónomo y dejó de abonar un total de 3.542 euros, que alcanzado lo debido en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al sumar intereses, costas y recargos suponen un total de 4.789 euros.
En definitiva, el acusado ha generado una deuda con la Seguridad Social de 150.516 euros y ha mostrado una nula voluntad de regularizar la situación, no ha presentado propuesta o solicitado plan de regularización ni ha pedido aplazamientos del pago de su deuda, declarándose su deuda como incobrable y a pesar de ello seguía operando con normalidad.
Delito y pena
El fiscal asegura en el escrito de conclusiones provisionales del caso que se trata de un delito contra la Seguridad Social por el que pide una pena de tres años de prisión y una multa del doble del importe de las cuotas defraudadas que asciende a 225.123 euros.
El acusado, tal como pide el fiscal, podría enfrentarse a través de la responsabilidad personal subsidiaria a un día de privación de libertad por cada 1.000 euros de multa no satisfechos, así como la pérdida de la obtención de subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años.
El fiscal pide que, en concepto de responsabilidad civil, el acusado debe indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad de 150.516 euros por la suma de las cuotas impagadas, intereses, recargos y costas.
Fuente: leonoticias
