Estamos ya a finales de año y el Gobierno tiene la necesidad de “tapar” cuanto antes el desgaste sufrido por los cambios en sedición y en malversación y por la contienda exacerbada política que ello ha suscitado. Además considera vital llegar con otra cara al periodo electoral de mayo, mes de comicios autonómicos y municipales. Lo sintetizó Patxi López: el Gobierno de “lo que le interesa más a la gente”.
La apuesta del Gobierno es por el escudo social, por la aplicación de políticas que ayudan a resistir la crisis económica en la que estamos inmersos. Ya se han desplegado varias: la rebaja del precio del litro de combustible, la gratuidad del transporte público en determinadas distancias, aumentos de cuantías de becas, incrementos en pensiones, subidas salariales para los empleados públicos, la excepción ibérica….
Sin embargo en esta ruta ya ha habido dos traspiés: la derrota en la votación de su enmienda sobre la autorización judicial para que los menores cambien de sexo, dentro de la ley trans y la confusión creada respecto de la ley de bienestar animal que de hecho puede que no cuaje finalmente.
Ahora se apuesta por la reactivación de la ley de vivienda que tras las numerosas reuniones discretas que han celebrado cargos socialistas con representantes de ERC y EH Bildu, dicen que está “bien encarada” tras casi un año de bloqueo aunque, no obstante, ya no dará tiempo a la recuperación de la ley antes de final de año. Pero el Gobierno quiere que dé tiempo nada más iniciarse 2023 y empieza a hablarse de la convocatoria de sesiones extraordinarias de la comisión parlamentaria durante enero y ya durante febrero y marzo con el periodo ordinario de sesiones, está previsto que culmine la tarea.
La derogación de la ‘ley mordaza’ ve la luz al final del túnel. Al igual que con la nueva regulación de las políticas de vivienda, los grupos principales del llamado bloque de la investidura se han estado reuniendo fuera de los focos. El PNV anunció este viernes que en breve se reanudaría la ponencia parlamentaria creada en el seno de la Comisión de Interior. Los nacionalistas vascos mencionan que ha habido “avances suficientes” al cabo de una treintena de reuniones.
También, al parecer, se han producido progresos en dos cuestiones que enfrentaban a los grupos progresistas: la progresividad de las penas, de manera que las multas tengan en cuenta la capacidad adquisitiva del sancionado y la regulación de procesos de arbitraje. Continúan las tiranteces pero la distancia política ha disminuido. Este trámite lleva congelado un año.
El 29 de diciembre el Gobierno ya anunciado que aprobará un decreto con nuevas medidas del llamado escudo social, así como las prórrogas de algunas ya en funcionamiento. Tendrá que convocarse en el Congreso un pleno a primeros de febrero, si no uno extraordinario antes, para que se convalide o se derogue. La contención de los precios de los alimentos, cuya espiral inflacionista se ha catapultado por encima del 15%, y la subida del SMI son dos frentes en los que está trabajando el Gobierno que muy probablemente se complementará con algún subsidio asistencial como el cheque de entre 250 y 500 € para hogares con ingresos no superiores a 42.000 euros al año en un único pago y que beneficiaría alrededor de 8 millones de hogares.
En el listado de nuevos preceptos legislativos que fortifiquen el escudo social estarán las ayudas para el pago de las hipotecas y el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes cadenas de alimentación. Relacionado con esto está también la Ley de Familias aprobada este pasado martes en el Consejo de Ministros.
Hay urgencia en estas cuestiones “que importan a la gente” ya que por ejemplo la ley con los nuevos gravámenes a la banca, energéticas y el impuesto a las grandes fortunas y tanto la ley trans como la reforma del Código Penal son ejemplos de que los plazos entre ponencia, comisión y pleno se pueden comprimir al máximo..
