El proyecto de real decreto solo beneficia al 40% de policías y deja fuera a todos los agentes del Instituto Armado
El Tribunal Supremo ha librado oficio para que la Subdirección General de Coordinación Jurídica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones active el sistema para regular la jubilación anticipada de los agentes de la Policía Nacional encuadrados en el régimen de la Seguridad Social, igualando condiciones con policías autonómicas y locales.
En un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con fecha de 25 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados instan al Ministerio que dirige Elma Saiz a que «siga con la mayor celeridad los trámites necesarios para el total cumplimiento del fallo» emitido por este mismo órgano judicial el 21 de mayo de 2025, dando un plazo de un mes para «lograr la efectividad de lo mandado».
En un comunicado, Jupol ha reaccionado a este auto celebrando que el Supremo haya activado la «ejecución forzosa» para que el Gobierno elabore la disposición reglamentaria que permita aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a los policías nacionales integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, «en igualdad con Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral y Policías Locales».
El sindicato policial celebró como una «victoria histórica» la sentencia del Supremo que beneficia a los policías que accedieron a este Cuerpo a partir de 2011, es decir, todavía una minoría con respecto al grueso de la plantilla de más de 70.000 agentes, la mayoría cotizantes a través de clases pasivas.
Para Jupol, esta decisión judicial «abre el camino» para la consecución de la jubilación anticipada en las mismas condiciones que el resto de policías en España, ya que interpretan que en el futuro podrán beneficiarse «todos los policías nacionales y guardias civiles».
«Se pone fin a una injusticia discriminatoria que nos dejaba fuera del derecho a jubilarnos en condiciones dignas como el resto de policías de España», ha señalado el secretario general de Jupol, Aarón Rivero.
En su auto, los magistrados del Supremo ponen de relieve que la Administración «ha desplegado una actividad efectiva en aras a la ejecución de la sentencia, sin que haya finalizado, tratándose de una ejecución compleja».
En este sentido, recuerdan que el 5 de julio de 2025 se abrió el trámite de consulta pública, mediante su publicación en el portal web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y en el que se registraron 1.284 aportaciones para la tramitación de la norma reglamentaria.
Sin embargo, Jupol ha afeado que el Gobierno no quiera cumplir con el fallo judicial. «Aquí no hay un simple retraso administrativo, lo que estamos viendo es una resistencia evidente a cumplir una sentencia del Tribunal Supremo», ha terciado Aarón Rivero.
Fuente: El TS urge a regular la jubilación anticipada de la Policía
Terremoto en la Policía y la Guardia Civil por el decreto de Interior sobre la jubilación anticipada
El proyecto de real decreto del Ministerio del Interior que regula la jubilación anticipada para la Policía Nacional ha provocado un terremoto entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La medida, de la que se beneficiarán los agentes encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social —en torno al 40% de policías en activo—, ha generado división entre los sindicatos policiales por no beneficiar a todos los funcionarios policiales y, sobre todo, gran enfado en la Guardia Civil, que se ha quedado fuera de esta medida. Por su parte, Jupol, el sindicato mayoritario del Cuerpo, ha celebrado que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska haya dado el paso para desbloquear esta reivindicación histórica tras años de presión sindical y judicial.
La propuesta no corresponde a una iniciativa voluntaria del ministerio. Es una consecuencia directa de una sentencia ganada en mayo de 2025 por el citado sindicato en el Tribunal Supremo. Hace dos semanas, tras el silencio de Interior, el TS obligó al Ejecutivo a actuar forzosamente y reconocer un derecho durante años negado a miles de policías. El fallo judicial corregía una desigualdad entre la Policía Nacional y otros cuerpos autonómicos y locales, que disfrutan de la jubilación anticipada desde hace años. No obstante, esa opción solo es para aquellos funcionarios que se incorporaron al Cuerpo a partir de 2011 y que cotizan por el régimen de la Seguridad Social.
El Supremo dejó fuera a los agentes encuadrados en el régimen de clases pasivas, en el que están dos tercios de la plantilla del Cuerpo, unos 50.000 agentes. La regulación, además, tampoco era de aplicación para la Guardia Civil. De esta forma, Interior ha decidido no beneficiar con la medida a más de 130.000 funcionarios, entre policías y guardias civiles, pese a que estos últimos reivindican este derecho igualmente desde hace años. El enfado entre las siete asociaciones de la Benemérita en el decreto ha llegado a tal extremo que han anunciado, en un comunicado conjunto, su salida del Consejo del Instituto Armado hasta que se convoque una mesa de diálogo para evitar su exclusión de la medida
«Su naturaleza militar»
«Desde las asociaciones representativas no podemos tolerar que se esté tramitando un proyecto de real decreto que reconoce la profesión de riesgo solo para los policías nacionales. El motivo para que el Gobierno excluya a los guardias civiles lo pretenden justificar exclusivamente por su naturaleza militar, pese a que de forma insistente venimos demandando el reconocimiento como profesión de riesgo en igualdad de condiciones que el resto de policías», han denunciado las organizaciones UO, ASESGC, AUGC, JUCIL, APC-GC, AEGC e IGC.
A juicio de los guardias civiles, la exclusión del decreto es una «ofensa a la propia institución» tras la que no podían quedarse de brazos cruzados. Por este motivo, han decidido dejar de participar en el Consejo de la Guardia Civil y en los próximos grupos de trabajo, comisiones y plenos, donde las organizaciones impulsan mejoras en las condiciones de todos los agentes. Lo harán hasta «ser convocados por la Secretaría de Estado de Seguridad o el ministro del Interior para la apertura de una mesa de diálogo y alcanzar las mismas condiciones económicas de jubilación que el resto de cuerpos policiales».
«Interior ha cruzado una línea roja»
Del mismo modo, la plataforma por una jubilación digna, que aglutina a una docena de organizaciones policiales, ha calificado de «insulto sin precedentes» el texto del Interior por «ignorar a la mayoría de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y condenar al olvido a los funcionarios en Clases Pasivas, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda», reza el comunicado. Los sindicatos y las asociaciones consideran que el «Ministerio del Interior ha cruzado una línea roja […]» y que los criterios que establecen los coeficientes reductores en la edad de jubilación son «insuficientes y discriminatorios».
Policías y guardias civiles denuncian, por otro lado, que esta maniobra del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska oculta una realidad política: que el «Gobierno se niega a reconocer el riesgo y la penalidad de nuestra profesión e igualar las jubilaciones de los miembros de las fuerzas de seguridad con las del resto de cuerpos policiales que operan en nuestro país». La plataforma exige la inclusión inmediata en el real decreto de todos los funcionarios policiales del Estado, tanto de clases pasivas como de seguridad social. La medida beneficia a quienes entraron más tarde en el Cuerpo, es decir, a los más jóvenes, y castiga a los que están más cerca de la jubilación.
Presupuestos
En cualquier caso, cabe destacar que la materialización de esta norma es aún lejana. Interior supedita esta propuesta a la aprobación de unos nuevos presupuestos, lo que por ahora carece de fecha en el horizonte, habida cuenta de la falta de apoyos que tiene el Gobierno en el Congreso para sacar las cuentas desde hace varios años. El texto de la propuesta establece que la aplicación de los coeficientes reductores implicará necesariamente un incremento en las cotizaciones sociales del colectivo afectado. Y esa cotización es «una condición indispensable» para que pueda reducirse la edad de jubilación sin comprometer el equilibrio financiero del sistema. En otras palabras, se necesitan presupuestos sí o sí. Y, por tanto, la aprobación del decreto podría extenderse durante años.
Fuente: Terremoto en la Policía y la Guardia Civil por el decreto de Interior sobre la jubilación anticipada
Interior recula y se abre a negociar la jubilación anticipada también para los guardias civiles
El Ministerio del Interior retrocede y se abre ahora a negociar la jubilación anticipada también para los agentes de la Guardia Civil. La Secretaría de Estado de Seguridad, encabezada por Aina Calvo, emplazó el pasado lunes a las siete asociaciones con representación en el Consejo del Instituto Armado a la celebración de una primera reunión de trabajo el próximo mes de abril para empezar a limar un futuro acuerdo sobre su reconocimiento como profesión de riesgo, según revelan fuentes de la Benemérita. Un giro inesperado después de la negativa mantenida por Interior. El malestar entre los agentes alcanzó su punto álgido hace dos semanas, cuando las citadas organizaciones decidieron plantar al pleno del Consejo, dirigido por la directora del Cuerpo, Mercedes González.
Las asociaciones reaccionaron así tras conocer que el proyecto del real decreto de Interior que regula la jubilación anticipada sin pérdida retributiva solo beneficiaba a la Policía Nacional. Los guardias civiles pueden pasar a la situación de reserva al cumplir 58 o 61 años, dependiendo de la categoría profesional, pero ese cambio les supone una pérdida económica, al dejar de recibir ciertos complementos. Una decena de sindicatos y asociaciones luchan desde hace años, en la plataforma por una jubilación digna, para que tanto policías como guardias civiles sean reconocidos como profesión de riesgo, lo que se traduce automáticamente en esa mejora de cara a cobrar la pensión que sí tienen, por ejemplo, algunos cuerpos autonómicos y locales.
El anuncio del Ministerio de Defensa la semana pasada sobre el inicio de los trámites para declarar a las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo colocó a Fernando Grande-Marlaska en un brete del que difícilmente podía salir sin garantizar o al menos prometer garantizar esa reivindicación histórica para los guardias civiles, que también dependen en ciertos aspectos de la cartera que dirige Margarita Robles. Fuentes presenciales de esa primera reunión de las organizaciones con la número dos de Interior dan por bueno el compromiso de la Secretaría de Estado y resaltan la buena sintonía con Calvo, que, aseguran, «parece convencida de materializar el cambio»
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La sentencia del Supremo sobre la jubilación
En cualquier caso, la reforma que ha impulsado el Ministerio del Interior no corresponde a una iniciativa propia. Es una consecuencia directa de una sentencia ganada en mayo de 2025 por Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía, en el Tribunal Supremo. El área de Grande-Marlaska, sin embargo, se resistía a materializar el fallo judicial y finalmente el TS obligó al Ejecutivo a actuar forzosamente y reconocer ese derecho a los policías para corregir la desigualdad que existe entre distintos cuerpos policiales. Sin embargo, la resolución judicial tenía un pero: fijaba esa jubilación anticipada para aquellos funcionarios que se incorporaron al Cuerpo a partir de 2011 y cotizaban por el sistema de la Seguridad Social.
El Supremo dejó fuera a los agentes encuadrados en el régimen de clases pasivas, en el que están dos tercios de la plantilla de la Policía, unos 50.000 agentes; y a toda la Guardia Civil. De esta forma, Interior decidía no beneficiar con la medida a más de 130.000 funcionarios, entre policías y guardias civiles. Ahora, el ministerio pretende enmendar el error y negociar con las asociaciones y sindicatos un acuerdo que ponga fin al agravio y reconozca los coeficientes correctores respecto a otros agentes autonómicos. Lo que se desconoce es si Interior incluirá a los agentes de la Benemérita y de la Policía en el proyecto de real decreto o trabajará en otra modificación para materializar la reforma en cada cuerpo.
«Desde las asociaciones representativas no podemos tolerar que se esté tramitando un proyecto de real decreto que reconoce la profesión de riesgo solo para los policías nacionales. El motivo para que el Gobierno excluya a los guardias civiles lo pretenden justificar exclusivamente por su naturaleza militar, pese a que de forma insistente venimos demandando el reconocimiento como profesión de riesgo en igualdad de condiciones que el resto de policías», denunciaron hace dos semanas las seis organizaciones representativas del Consejo de la Guardia Civil.
A expensas de los Presupuestos
Del mismo modo, la plataforma por una jubilación digna calificó de «insulto sin precedentes» el texto del Interior, por «ignorar a la mayoría de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y condenar al olvido a los funcionarios en Clases Pasivas, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda». Los sindicatos y las asociaciones consideran que el «Ministerio del Interior ha cruzado una línea roja […]» y que los criterios que establecen los coeficientes reductores en la edad de jubilación son «insuficientes y discriminatorios». La medida beneficia a quienes entraron más tarde en el Cuerpo, es decir, a los más jóvenes, y castiga a los que están más cerca de la jubilación.
