SIETE ¿OCURRENCIAS? ANTE LA QUE SE AVECINA CON LAS PENSIONES PÚBLICAS

DONDE ESTAMOS

En apenas una semana, el sistema español de pensiones públicas ha recibido un baño de realidad por parte tanto del Tribunal de Cuentas como del Banco de España. Y es que, a pesar de que ahora mismo no parezca un problema prioritario frente al control de la segunda ola de la pandemia o frente a la honda crisis económica que será previsiblemente mucho más dura a partir de septiembre, el descuadre financiero de la Seguridad Social sigue siendo uno de los principales retos que este país deberá resolver en el corto y medio plazo.

La radiografía que presenta el Tribunal de Cuentas es harto significativa: el gasto medio por pensionista es 2,6 veces superior al ingreso medio por afiliado (14.250 euros versus 5.450) y, sin embargo, el número de afilados solo es 2,14 veces mayor que el número de pensionistas (19 millones versus 9 millones). Y el problema es que estas tendencias se van a agudizar durante las próximas tres décadas por razones estrictamente demográficas: el número de afiliados no aumentará mucho más y, en cambio, el de pensionistas si seguirá incrementándose.

Ver: El Tribunal de Cuentas alerta de que las pensiones peligran sin una reforma urgente la Seguridad Social

Por su parte según el reciente informe del Banco de España los actuales pensionistas —y también los del futuro— van a percibir en forma de pensión un 74% más de lo que han cotizado. Quizás se pueda argumentar que el dinero presente no tiene el mismo valor que el dinero futuro y que, en consecuencia, los pensionistas merecen una revalorización sobre lo que cotizaron pero la rentabilidad imputada que están obteniendo es del 3,5% de media anual, cuando actualmente la deuda pública a 10 años apenas abona un interés del 0,28%. ¿Por qué si un pensionista está invirtiendo con sus cotizaciones en un pasivo estatal ha de percibir una rentabilidad que es 12,5 veces superior a la que reciben otros titulares de pasivos estatales?

Ver: El Banco de España analiza el rendimiento medio anual de las pensiones de jubilación: el 4,1% para la de la edad ordinaria, el 2,8% en la anticipada, el 3,9% en la parcial y el 3,7% en la demorada.

ALGUNOS NÚMEROS GORDOS

Tras la embestida del Covid, las cuentas de la Seguridad Social no están para bromas ni frivolidades. Más de los 9 millones de pensionistas y 20 millones de cotizantes necesitan saber qué les espera.

El problema de fondo al que nos enfrentamos es de sobra conocido: los gastos del sistema de pensiones son mayores, y crecen más rápido, que los ingresos. En concreto, los gastos en prestaciones contributivas aumentaron, usando números redondos, de 97.000 millones de euros en 2011 a 125.000 millones de euros en 2018: un crecimiento del 30%; en cambio, los ingresos solo mejoraron desde 95.000 millones de euros a 103.000 millones: un aumento del 8%. De manera que el déficit del sistema ha aumentado desde 2.000 millones de euros a 22.000.

La comisión del Pacto de Toledo, se ha “comprometido” a redactar sus recomendaciones (¡ojo, sólo recomendaciones!) en el próximo mes de septiembre. También el ministro Escrivá a emplazado a los agentes sociales (sindicatos de clase y organizaciones empresariales) a debatir y acordar las medidas precisas para asegurar la “cuadratura del círculo” de las pensiones: su sostenibilidad financiera y su suficiencia (sea, “esto” lo que sea) social.

Ver: El Pacto de Toledo se da agosto para los posicionamientos y espera cerrar las recomendaciones en septiembre

Ver: Escrivá negociará en septiembre sobre las pensiones con patronal y sindicatos

La Seguridad Social ha tenido siempre al frente gente cualificada de una institución que cobra y paga el 50% del gasto del Estado. Pero muchas veces estos profesionales hacían abstracción de la realidad para convertir el sistema de pensiones en un poderoso instrumento político y hasta electoral. La política, de unos y de otros, se imponía al rigor del criterio técnico con demasiada frecuencia. La Seguridad Social precisa algo más que limpiar el pasivo acumulado y trasvasar gastos impropios al Estado: debe acoplar el gasto al ingreso

En los mensajes vertidos en sus apariciones públicas por el Actual Ministro de la Seguridad Social, y en los documentos elaborados en su momento por la Airef que Escrivá lideró hasta hace cuatro días, está lo esencial de sus intenciones sobre qué hacer con el sistema para garantizar su viabilidad. Pero a algunos expertos les parecen insuficientes.

LO FÁCIL

La propuesta que maneja el ministro consiste en primer lugar en absorber su déficit actual, generado por la insuficiencia de ingresos en los diez últimos años producida por la crisis económica del 2008 y del empleo como consecuencia de ella. Implica también la absorción por parte del Estado de los déficits acumulados en los últimos años, y que han generado una deuda de más de 60.000 millones hasta marzo y que ahora llegan a los 99.000 millones por las necesidades súbitas de este año. Eliminar la deuda y el déficit es básico para reducir, “la incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema, que de forma creciente genera distorsiones en la toma de decisiones de los agentes económicos, tanto activos como pasivos, y que afecta al ahorro y al consumo”, tal como argumentaba la Airef cuando Escrivá era su presidente.

Pero traspasar al Estado la deuda acumulada por la Seguridad Social reduce la incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema, pero no la elimina, puesto que solo supone poner el contador a cero.

La fórmula para el corto plazo de Escrivá supone traspasar al Estado una serie de gastos impropios que financian las cotizaciones, como la administración de las cuotas y las pensiones, los programas de fomento de empleo, las prestaciones por maternidad y paternidad, y otras subvenciones a regímenes especiales financiadas con cuotas. Se ha cuantificado en unos 18.000 millones la repercusión de estas partidas. Además, se ha sugerido que la mitad de las cotizaciones por desempleo pasen a engordar las contingencias comunes, dado que existe (o al menos existía antes del coronavirus) superávit en la cuenta de desempleo. Esto, tras el brutal avance del paro con la crisis del Covid, tendrá que esperar. Habrá que buscar otra alternativa, quizás fiscal con un impuesto de solidaridad, o quizás con una nueva transferencia de recursos estatales.

Estas medidas aunque esconden en realidad una evidente trampa en el solitario, el déficit de la Seguridad Social quedaría absorbido y traspasado al Estado, siempre y cuando Hacienda dé el visto bueno, que lo dará, porque no es la primera vez que se plantea tal baile de partidas. Casi 18.000 millones borrados de la deficitaria cuenta de resultados de un plumazo administrativo-contable.

LO IMPORTANTE

Hasta aquí lo fácil, ahora lo importante.

Falta por conocer qué decisiones tomará el Gobierno para hacer sostenibles las cuentas en el medio plazo y en el largo. Esta crisis sorpresiva precipitará la jubilación de forma anticipada de una buena parte del colectivo de nacidos en el baby boom, (y el resto llegará al retiro en los próximos seis, ocho o diez años), lo que supone un desembolso para la caja muy importante, dado que las cuantías de estas pensiones son bastante más generosas que las reconocidas hasta ahora, y la esperanza de vida no deja de crecer. De media cada pensión nueva es un 35% más elevada que la que causa baja por fallecimiento.

No valdrá ya el recurso a la deuda para costear agujeros adicionales en el saldo de ingresos y gastos, puesto que los pasivos del Estado estarán en la peligrosa posición del 125% del PIB, y subiendo durante no menos de dos o tres años al menos. No puede trasmitírseles a los financiadores del país de que se echa mano de emisiones de deuda para pagar el retiro de los trabajadores, contra cualquier lógica financiera.

Solo queda una opción sencilla de diseñar y aplicar, pero difícil de encajar por los pensionistas del inmediato futuro: subir los ingresos y rebajar los gastos.

Hay mil maneras de hacerlo, y solo despojándose de intencionalidad electoral puede aplicarse con efectividad. Además de replantearse la revalorización para las pensiones actuales, porque las cuentas no dan para más, la fórmula estaba ya diseñada: volver al factor de sostenibilidad que se retrasó hasta 2023 por imposición del nacionalismo vasco (que le hizo un auténtico regate en corto a Rajoy en solo dos semanas, por motivos electorales, para variar). Podría evitarse un endurecimiento adicional si se opta por incrementar los ingresos, algo nada arbitrario en el país donde menos aportan los autónomos.

Las posibles “pistas” del necesario reajuste del sistema actual de las pensiones, sin entrar en medidas más fuertes como la “mochila austriaca”, las “cuentas nocionales” del tipo sueco, o los planes de pensiones complementarios pero obligatorias (muy comunes en la Europa que nos debe financiar), son, telegráficamente:

1.- REPLANTEARSE LA REVALORIZACIÓN ANUAL DE LAS PENSIONES, vinculándola no al IPC, sino a otros indicadores como, por ejemplo, el incremento salarial medio, como muchos países hacen ya.

2.- RESURECCIÓN DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD ajustando las prestaciones iniciales a la esperanza de vida, también como hacen muchos países.

3.- ELIMINAR LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS VOLUNTARIAS, que constituyen un verdadero coladero para las pensiones altas.

4.- CONSIDERAR EN EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN TODA LA VIDA LABORAL, pues parece lo más equitativo aunque, según indican los expertos, repercutirá en una bajada del orden del 15% de las pensiones iniciales.

5.- REFORMULAR LAS PENSIONES DE VIUDEDAD, vinculando su cuantía a los ingresos personales del pensionista, lo que ya hacen en prácticamente todos los países.

6.- COTIZACIONES DE LOS AUTÓNOMOS, vinculándolas de una vez por todas a los ingresos reales, y haciendo que las cotizaciones sean trimestrales al igual que las declaraciones del IRPF e IVA para su mejor control y evitando fraudes “facilitos”.

7.- ELIMINAR EL COMPLEMENTO A MÍNIMOS: aunque ya van a cargo de los PGE, no tienen sentido una vez implantado el IMV.

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