Escrivá negociará en septiembre sobre las pensiones con patronal y sindicatos

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UGT acusa al Banco de España de crear alarma por el coste de las jubilaciones

Septiembre se anuncia cargado de deberes para los agentes sociales. A las negociaciones sobre la nueva prórroga de los ERTE, la prestación extraordinaria para los parados sin ingresos y la nueva regulación del teletrabajo y la de los trabajadores de plataformas digitales se suma la reforma de las pensiones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha dirigido por carta a CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT para emplazarlos a buscar un acuerdo, en el marco del diálogo social, sobre las medidas con que apuntalar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, ante el abultado déficit que arrastra en los últimos años, el envejecimiento de la población y el inicio de la llegada a la jubilación de la numerosa generación del baby boom .

Los agentes sociales confirmaron ayer que habían recibido dicha misiva, mientras desde Inclusión optaron por el mutismo. Patronal y sindicatos se mostraron dispuestos a exponer sus propuestas sobre cómo sanear la Seguridad Social y, si es posible, cerrar una posición común. La convocatoria –aunque sin una fecha concreta– para el próximo septiembre, según adelantó la Ser, coincidirá con la reactivación de la comisión de evaluación y seguimiento de los acuerdos del pacto de Toledo.

En su última reunión el pasado día 2, los miembros del pacto de Toledo se comprometieron a tomar como base la veintena de recomendaciones con las que trabajaban cuando naufragó el acuerdo en febrero del 2019. Después de analizar por separado sus propuestas durante este mes, los integrantes de la comisión parlamentaria –presidida por la exministra de Trabajo Magdalena Valerio– se fijaron como objetivo alcanzar un acuerdo antes de que concluya septiembre. Además, han solicitado la comparecencia del ministro José Luis Escrivá, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero.

Dos pilares

El Gobierno busca un pacto del diálogo social, mientras se reactiva el pacto de Toledo

Las elecciones, la formación del Gobierno y finalmente el estallido de la pandemia han dejado en suspenso durante más de un año la negociación de los partidos políticos sobre el sistema público de pensiones. Mientras, la reforma del 2013, liderada por el gobierno de Mariano Rajoy, está solo derogada de facto, como demuestra la vuelta a la revalorización de las pensiones con el IPC y el retraso hasta el 2023 del polémico factor de sostenibilidad. Escrivá ha insistido reiteradamente en la necesidad de que el pacto de Toledo se pronuncie para que el Gobierno se apoye en sus recomendaciones para reformar el sistema de pensiones cuanto antes.

“Es fundamental que el diálogo social llegue a un acuerdo sobre las pensiones, en paralelo a las negociaciones del pacto de Toledo”, defendió ayer Mari Carmen Barreda, secretaria de Políticas Socia-les, Empleo y Seguridad Social de UGT.

Por su parte, fuentes de la CEOE se mostraron abiertos a abordar mejoras en la financiación de la Seguridad Social, aunque avisaron de que la batuta la lleva la comisión del pacto de Toledo. “Cuando llegue el momento, nos pondremos a disposición para abordar estas cuestiones en esa mesa de diálogo social, pero sobre todo queremos poner en valor el pacto de Toledo, como ámbito de consenso por excelencia en materia de pensiones”, señalaron desde la organización que preside Antonio Garamendi.

Fono en el Parlamento

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Por otro lado, el informe sobre la rentabilidad de las pensiones, publicado el pasado martes por el Banco de España, fue criticado con dureza por el sindicato liderado por Josep Maria Álvarez. Ayer, UGT hizo público un comunicado en el que acusó al supervisor de “alarmar sobre el coste de las pensiones”, cuando el problema de la financiación de estas prestaciones –afirmó– radica en “el empleo y su calidad”. Así aseguró que la alta precariedad y temporalidad del empleo que se crea son el “auténtico agujero para las arcas de la Seguridad Social”. Por ello, reclamaron la derogación de las últimas reformas laborales, en especial, la del 2012, abordando los cambios en las pensiones desde el lado de los ingresos. UGT alineó al organismo comandado por Hernández de Cos con “indignantes posiciones neoliberales”, que abogan por emprender “recortes”.

El informe del Banco de España, que analizaba los cotizantes que se retiraron en el 2017, destacó la rentabilidad media de las prestaciones –del 3,5% anual– y también remarcó que el sistema abonaba a los pensionistas 1,74 euros por cada euro cotizado.

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