El déficit de la Seguridad Social se desboca a los 32.000 millones mensuales
La Seguridad Social depende de las cotizaciones que pagan las empresas por su trabajadores, que ya superan el 35 % del salario bruto de cada empleado más el casi 6,5 % que pagan estos.
Los ingresos de noviembre 2022 han aumentado en 14.373 millones de cotizaciones sociales respecto a octubre 2022 pero los gastos, sin embargo, respecto a octubre 2022 han crecido ese mes en 16.057 millones por los 15.016 millones de incremento de las prestaciones sociales. Hacienda se ha visto obligado a mandar 2.062 millones más en trasferencias corrientes a la Seguridad Social para evitar entrar en déficit oficial.
A pesar de todo, la Intervención General de la Administración del Estado ( IGAE), muestra que el superávit a noviembre llega a 5.794 pero lo que no cuenta es que en octubre el déficit real anual acumulado fue de 30.555 millones y que en noviembre ha llegado a los 32.228 millones.
‘Papá Estado’ ha enviado 38.022 millones en transferencias corrientes para evitar la quiebra de la Seguridad Social o un endeudamiento que ya está en los 106.000 millones.
La supervivencia del sistema
El sistema de pensiones que conocemos se construyó sobre las bases del pleno empleo, de una creciente demanda de trabajo y unos salarios ajustados a la inflación. Pero nada de eso se cumple desde los años ochenta.
Cuando se habla de sostenibilidad del sistema de pensiones, se está hablando de pagar las pensiones con dinero público y la solución para seguir pagando pensiones dignas es asegurar esos ingresos. Y la vía más importante para hacerlo es crear empleo de calidad.
En España, como en el resto de Europa, en los últimos años se ha producido un aumento de la edad media de la población. En 2001 la esperanza de vida era de 77,6 años, y ahora es de 80,1. Mientras tanto, la media de nacimiento por mujer ha bajado de 1,57 a 1,5 en apenas diez años.
Es decir, que cada vez vivimos más años, pero cada vez hay menos nacimientos. En este tiempo ha habido dos crisis económicas que han provocado la caída del empleo y salarios precarios. Las cotizaciones son insuficientes para hacer frente al número creciente de pensiones (en 2022 superarán los 10 millones).
Todo esto arroja un panorama preocupante, y es que el futuro de las pensiones públicas en España está en riesgo. La receta de expertos pasa por crear empleo de calidad y estable que permita hacer frente al gasto en pensiones.
Ante la crisis del sistema público de pensiones, los gobiernos optan por retrasar la edad de jubilación y endurecer las condiciones. En España se aplica un aumento progresivo de la edad de retiro que actualmente se encuentra en 66 años y 4 meses, y el objetivo es llegar a los 67 dentro de unos años.
Pero el problema no es tanto el envejecimiento de la población sino la falta de ingresos. “Más que un tema de sostenibilidad es un tema de supervivencia”.
El pasado 26 de enero, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó su plan de reforma de las pensiones a las autoridades europeas. El Gobierno español quiere cerrar el acuerdo este mismo mes de febrero. El objetivo, garantizar el futuro de las prestaciones en plena crisis del sistema.
Las numerosas reformas del sistema de pensiones español han perseguido siempre asegurar la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social. A pesar de ello, la diferencia entre los ingresos a través de las cotizaciones sociales y el gasto destinado a prestaciones arroja un agujero de más de 32.000.
Para revertirlo, sería necesario reducir el déficit estrictamente contributivo por pensionista que en la actualidad asciende a 5.700 millones mensuales, lo que exigiría un recorte de la prestación media de caso el 20%, ahora situada en los 15.000 euros anuales.
Con todo, lo más grave es que la necesidad de este sacrificio extremo de jubilados y trabajadores en activo se debe a la oportunidad perdida que supone la última reforma impulsada por el ministro Escrivá. Su estrategia de fiarlo todo a un aumento de los ingresos, castigando sobre todo a las rentas altas, mientras no se toma ninguna medida para racionalizar el gasto se demuestra un completo fracaso. Más aún si se tiene en cuenta que en los próximos años el sistema afronta la jubilación de la generación del baby boom.
Lo que nos espera
En España, la crisis del sistema público de pensiones, que se prolonga desde hace décadas, ha obligado también a retrasar la edad de jubilación y a endurecer cada vez más las condiciones para optar a una pensión.
Además, el Gobierno ha propuesto aumentar la base de cálculo de las cotizaciones a los 28 años, lo que supondría en la mayor parte de los casos una rebaja en la cuantía de la pensión a percibir y, por tanto, un empobrecimiento progresivo de la capacidad financiera de los más mayores.
Y lo peor de todo: si ahora el panorama ya es un hueso duro de roer, todo apunta a que dentro de algún tiempo, será infinitamente peor. Y es que el paso del tiempo no pinta bien en este sentido, ya que la esperanza de vida no cesa de crecer en España (actualmente está en más de 80 años) y, sobre todo, porque está a punto de llegar al sistema de pensiones una auténtica avalancha de jubilados: los niños que nacieron en el ‘baby boom’, aquellos bebés que vieron la luz en la gran explosión demográfica de los 60 y que, ahora, están a punto de convertirse en pensionistas.
De momento, el Gobierno ha planeado un incremento de los ingresos para intentar hacer frente a esta situación. Concretamente, la intención del Ejecutivo es que el 0,1 % de las nóminas de toda la población activa vaya a parar a la llamada hucha de las pensiones. Eso y el retraso en la edad de jubilación podrían aliviar la crisis de las pensiones en España, pero todo apunta a que se trata de una solución momentánea que, a largo plazo, sólo podría solventar un incremento de los nacimientos y de la población activa.
