España ocupa el puesto 30 en el índice de pensiones de Marsh y
el 50 en sostenibilidad entre 55 sistemas
Las pensiones vuelven al centro del debate político con el choque entre el Gobierno y el Partido Popular sobre la viabilidad del sistema. La publicación del informe Marsh CFA Institute 2026 coincide con la irrupción de las pensiones como uno de los ejes centrales de la precampaña del adelanto electoral convocado para el 29 de noviembre.
EL Informe otorga a España 83 puntos sobre 100 por la generosidad de sus prestaciones, pero apenas 33 sobre 100 en viabilidad a largo plazo. El aumento del gasto penaliza al país en el ranking que cae al puesto 30 de 55 tras retroceder medio punto respecto al año pasado
España solo consigue un aprobado en pensiones. El Índice Global de Pensiones Marsh CFA Institute 2026 otorga una puntuación de 63,3 sobre 100 al país y ocupa el puesto 30 de las 55 economías estudiadas. Así, su puntuación global ha retrocedido medio punto respecto al año pasado, cuando registró 63,8.
La calificación global que obtiene España en esta materia es de C+, con diferencias entre las tres dimensiones que componen el índice. En primer lugar se encuentra el requisito de adecuación, que analiza si las pensiones proporcionan ingresos suficientes durante la jubilación, alcanza 83 puntos y una calificación A. En cambio, al hablar de sostenibilidad solo se registran 33 puntos y una E, mientras que en integridad, que evalúa aspectos como la regulación y la gobernanza, vuelve a subir y suma 74,3 puntos y una B, situándose en el puesto 38.
Aunque el estudio destaca que el sistema español ofrece una sólida protección mínima a las personas mayores con menos recursos y mantiene elevadas tasas de sustitución netas y valora su regulación y gobernanza, así como la protección y la información que proporciona a sus miembros, también le saca los colores al Gobierno. Señala la baja cobertura de los planes de pensiones individuales y de empleo de carácter voluntario, y recuerda que en 2022 él mismo aprobó legislación para impulsar la previsión social empresarial.
«El sistema español ofrece una buena protección a las personas mayores con menos recursos y mantiene tasas de sustitución elevadas», señala el director de Investments y Retirement de Marsh España, quien ha situado el reto en avanzar hacia un modelo más sostenible, capaz de responder al envejecimiento de la población y garantizar las pensiones a largo plazo.
Por ello, el índice propone algunas medida para que la valoración de España pueda subir. Entre ellas se encuentra la ampliación de la cobertura de los planes de pensiones de empleo mediante mecanismos de afiliación o inscripción automática, con el objetivo de elevar las aportaciones y los activos acumulados.
Entre los estados analizados para la elaboración de esta lista se ve representada el 66% de la población mundial. Países Bajos alcanza el primer puesto con una puntuación de 85,8, seguido de Dinamarca, con 84,1, e Islandia, con 84. Estos tres sistemas obtienen una calificación A.
El descenso de la natalidad es una tendencia identificada en todo el mundo, que se suma además al aumento de la esperanza de vida de la población global, algo que presiona enormemente a los sistemas de pensiones. «Los datos muestran que incluso los sistemas mejor valorados deben seguir evolucionando; ningún sistema puede permitirse quedarse inmóvil ante estos cambios demográficos», y ha defendido una mayor flexibilidad en el acceso a las rentas y en la relación entre trabajo y jubilación.
Entre las debilidades, el informe señala la baja cobertura de los planes de pensiones individuales y de empleo de carácter voluntario. Para corregirlo, propone ampliar esa cobertura mediante mecanismos de afiliación automática, prolongar la participación laboral a edades avanzadas y exigir que una parte de las prestaciones se perciba como renta periódica en lugar de capital.
El informe se conoce apenas semanas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Desde entonces, el debate sobre la viabilidad del sistema público ha ganado protagonismo frente a otros temas de campaña, como la vivienda. La portavoz parlamentaria del Partido Popular (PP), Ester Muñoz, advirtió en un pódcast grabado antes del anuncio electoral que el sistema “va a colapsar” y que había que “ser valientes” para cambiar el modelo. Tras la convocatoria de elecciones, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, moderó ese discurso y aseguró que “el sistema público de pensiones es un sistema que no voy a cuestionar en ningún caso”, comprometiéndose a mantener la actualización conforme al índice de precios al consumo (IPC).
Un movimiento similar se produjo en Vox, cuyo portavoz económico, José María Figaredo, calificó el modelo actual de “zombi” y planteó una reforma estructural hacia un sistema mixto que combine reparto y capitalización individual. Su líder, Santiago Abascal, salió después a desmentir cualquier intención de privatización: “Jamás Vox ha hablado de privatizar las pensiones”, afirmó en declaraciones recogidas por ABC.
Frente a estas posiciones, el PSOE y Sumar defienden la continuidad del sistema público de reparto y las reformas aprobadas desde 2021, que restablecieron la revalorización con el IPC e introdujeron el mecanismo de equidad intergeneracional y la cuota de solidaridad para salarios altos como vías de financiación adicional.
Más allá de la disputa electoral, existe cierto consenso técnico sobre la necesidad de ajustes en el sistema de pensiones español. Según datos de Fedea, el desequilibrio del sistema rondó los 70.000 millones de euros en 2025, y las proyecciones oficiales anticipan que el gasto en pensiones podría llegar al 17% del PIB hacia 2050, frente al 12% actual. El próximo Gobierno que surja de las urnas del 29 de noviembre afrontará ese desafío sin que, hasta ahora, ninguna de las principales formaciones haya detallado con precisión en qué consistirían sus reformas.
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