El Gobierno aprueba la adenda sin dar margen al próximo Ejecutivo de planear sus reformas e inversiones y enviará este miércoles a Bruselas la adenda al Plan de Recuperación,
El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a llevar a cabo otras 18 reformas estructurales -en el ámbito de la energía y el empleo, entre otros- para poder acceder a 84.000 millones de euros en préstamos en condiciones ventajosas y a otros 10.300 millones de euros de transferencias a fondo perdido, enmarcadas en el Plan de Recuperación.
Así ha quedado recogido en la adenda al Plan, aprobada ayer en Consejo de Ministros cuando quedan tan solo 47 días para las elecciones generales, de las que podría salir un nuevo Ejecutivo que no esté conforme con esas reformas acordadas con Bruselas.
Nadia Calviño, vicepresidenta primera, insistió en que durante el proceso de consultas han escuchado las propuestas de todas las comunidades y partidos políticos, incluido el PP, y que si, llegado el caso, el Ejecutivo que salga de las urnas quiere hacer modificaciones durante los dos meses que tiene la Comisión para evaluar la adenda, «podrá hacerlo sin problema», pero durante ese trámite no suelen aceptarse cambios de peso lo que parece dejar poco margen para modificaciones tanto en las inversiones como en las reformas. Lo cierto es que el artículo 14 que recoge lo referente al préstamos -y que señala como fecha límite de la petición el 31 de agosto-, también añade en el primer punto del articulado que, «hasta el 31 de diciembre de 2023, la Comisión podrá conceder al Estado miembro que lo solicite un préstamo para la ejecución de sus planes de recuperación y resiliencia».
A cambio de esos fondos, el Ejecutivo ha prometido a Bruselas que emprenderá 18 reformas estructurales nuevas, centradas principalmente en el ámbito energético (despliegue de energías renovables, descarbonización, eficiencia energética, mejora de explotaciones agrícolas y ganaderas y fomento de la economía circular), aunque también con novedades en el mercado laboral, para mejorar las políticas activas de empleo, el ajuste entre oferta y demanda de puestos de trabajo y la formación para empleados y desempleados. Medidas de calado que el próximo Ejecutivo tendrá que acatar si quiere poder acceder a estos fondos.
Las reformas incluirán también medidas para atraer y retener talento, fomentar el acceso a la vivienda y la protección social y mejorar la eficiencia del sector publico y su responsabilidad fiscal, aunque no han trascendido detalles de las mismas. Quedan descartadas «reformas de peso», según fuentes del Gobierno, en materia fiscal o de pensiones.
El próximo Ejecutivo que salga de las urnas el 23J no sólo tendrá que acometer estas medidas, sino que además deberá culminar todas las que han quedado pendientes del Plan de Recuperación inicial, entre las que figura, por ejemplo, la reforma fiscal, que en Moncloa no dan por terminada. El cumplimiento de todas estas reformas es obligatorio, ya que el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia contempla penalizaciones en caso de que los países quieran revertir las reformas pactadas y aprobadas, como por ejemplo la reforma de pensiones, que fue aprobada en España sólo con el visto bueno de los sindicatos y la oposición de la patronal.
Además de prometer nuevas reformas e inversiones, el Gobierno ha aprovechado la adenda, como han hecho otros países, para modificar el Plan de Recuperación inicial. Por un lado, se han ampliado plazos de algunas inversiones y reformas que no daba tiempo a tener en el tiempo comprometido y, sobre todo, se ha ampliado la dotación de algunas inversiones que se han quedado cortas por el impacto de la inflación, elevando el presupuesto de las mismas.
Los 10.300 millones de euros adicionales que España va a recibir en transferencias se destinarán íntegramente a reforzar los proyectos estratégicos, los Perte, que también podrán acceder a hasta 17.900 millones de euros de los préstamos. El resto de créditos se utilizarán para dotar distintos fondos del Estado -algunos preexistentes y otros nuevos- para canalizar financiación al sector privado en condiciones ventajosas. Para el país, será más barato financiarse con estos préstamos que emitiendo deuda pública, pero debe tener en cuenta que todos estos préstamos procedentes de Europa computarán en la deuda pública y que, en algunos casos, la intención no es sustituir una fuente de financiación por otra sino complementarla, lo que podría engordar aún más la ratio de deuda sobre PIB.
España es, seguramente, el país de la UE que promete más reformas a sus socios, pero jamás ejecuta las que necesita realmente la economía. El primer Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, publicado en abril de 2021, contenía -literalmente- 400 veces la palabra “reforma” sin concretar apenas ni una. En la secuela de ese plan el término «reforma» se menciona en 284 ocasiones. Las únicas ‘novedades’ que vende el Ejecutivo son 18 «reformas estructurales» que atañen, sobre todo, «a los ámbitos ámbito energético y también al cambio climático».
Sánchez, por cobardía o por el sometimiento a sus socios (o por ambas cosas a la vez), no ha hecho ni el amago de hincar el diente, de verdad, a los males atávicos de nuestro sistema productivo, desde la falta de competitividad, lastrada por la pesada estructura de costes empresariales (impuestos, cotizaciones sociales y normativas) hasta una reforma fiscal en profundidad.
La reformas han sido tenues pues la reforma laboral de Yolanda Díaz, se limita en la apuesta por los contratos fijos discontinuos (sucedáneo de los anteriores temporales); o los ‘avances’ en pensiones de José Luis Escrivá, que hasta el Banco de España considera insuficientes para cerrar la brecha por la que se desangra, desde hace años, la Seguridad Social.
Queda por ver si Alberto Núñez Feijóo se atreverá, en caso de que los españoles le den la oportunidad de demostrarlo.