El 56% del total de las iniciativas legislativas aprobadas durante el mandato del actual presidente se ha hecho mediante decreto ley
Pedro Sánchez ha vuelto a dar un golpe contra las funciones del Congreso de los Diputados y el Senado. El Gobierno ha aprobado esta semana su Plan Anual Normativo de este año 2023 en el que se incluyen todas las iniciativas legislativas que el Ejecutivo pretende impulsar en el año en curso. Este documento vuelve a recoger el absoluto predominio de los decretos sobre las leyes de trámite ordinario en el Parlamento y, un año más, coloca al actual presidente a la cabeza del uso de esta herramienta.
De las 117 propuestas normativas previstas para 2023, 81 serán decretos leyes, 33 leyes y solo tres serán leyes orgánicas. De esta manera, el 69% de todas las propuestas normativas se realizará vía decreto, una herramienta que el Gobierno de Pedro Sánchez viene utilizando de manera abrumadora desde que llegara a La Moncloa en junio de 2018. Las previsiones de este plan suelen estar por encima de las leyes finalmente aprobadas, aunque las estimaciones para este año mantienen la tendencia instaurada por el actual Ejecutivo.
Los datos aportados por el portal del Congreso de los Diputados donde se recogen todas las leyes aprobadas desde 1977 indican que el actual líder del PSOE es, con diferencia, el gobernante que más ha abusado del decreto ley en democracia, tanto en número total como en porcentaje de todas las leyes aprobadas.
Lo sorprendente es que, antes de ser presidente, Sánchez criticó al Gobierno de Rajoy por abusar de esta fórmula legislativa, algo que en sus palabras menospreciaba al Parlamento. “Propongo dar al Parlamento la centralidad que merece y limitar el recurso del decreto ley a circunstancias indicadas”, se comprometió en 2015 en un foro organizado por el diario El Mundo.
No obstante, las cifras indican que Sánchez ha aprobado en sus cuatro años y medio de mandato un total de 239 iniciativas normativas, de las 134 se han hecho vía decreto ley, nada menos que el 56% del total de leyes aprobadas. Y ya ha aprobado 27 decretos leyes más que Rajoy con dos años menos de mandato.
Asimismo, el total de leyes ordinarias que se han validado desde que Sánchez gobierna es de solo 71 (apenas el 30% del total), con 33 leyes orgánicas (el 14%) y un decreto ley legislativo. Como es lógico, el mayor número de decretos leyes (40) se validaron en el año 2020, en plena pandemia. Una situación asumible considerando el estado de alarma que se vivió por esas fechas, pero que no explica que la tendencia se haya mantenido en 2021 (32) y en 2022 (20). En 2018 registraron 25 decretos en solo siete meses de Gobierno y en 2019 lo limitaron a 18 por el impacto de las dos elecciones generales de ese año.
La Constitución Española establece que los decretos leyes se utilizarán “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”, mientras que la Real Academia Española de la Lengua (RAE) los define como “una norma con rango de ley, de carácter provisional, dictada por el Gobierno cuando concurre una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad”. El ordenamiento jurídico español reserva la facultad de dictar leyes exclusivamente al Parlamento y al Gobierno solo en situaciones extremas como el caso de la pandemia de coronavirus.
Sin embargo, en el Gobierno de Pedro Sánchez los decretos leyes no han sido normas ni de carácter provisional, ni utilizadas en casos extraordinarios. El Ejecutivo ha utilizado esta herramienta en cada circunstancia en la que su precario apoyo parlamentario se ha visto amenazado y en circunstancias en las que ha visto que no era posible sacar adelante sus proyectos emblemáticos.
La norma dice que los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación, derogación, o cambiar su tramitación a proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. De esta manera, gracias a sus socios parlamentarios, el Congreso ha convalidado la gran mayoría de estos decretos y una mínima parte ha pasado a debatirse, aunque finalmente también se han validado.
En estos decretos los grupos parlamentarios no pueden incluir enmiendas en la tramitación parlamentaria -o se aprueba todo o nada-y su contenido no pasa por los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Económico y Social.
En ese sentido, las críticas de la oposición apuntan a una usurpación de los poderes del Congreso y a una anulación del debate parlamentario. Lo normal es que las leyes se discutan en la cámara elegida para este cometido y no solo para convalidar decretos leyes del Gobierno de turno. PP, Ciudadanos y Vox exigen en este sentido que todas las leyes vayan a trámite y que se deje de usar indiscriminadamente esta herramienta, algo para que al parecer, habrá que esperar para expire esta legislatura.
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