LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: SIN AUDITORÍA PERO CON UN DEFICIT DE 7.200 MILLONES

Hasta 2010 incluido, las cuentas de la Seguridad Social tuvieron superávit de forma continua. Incluso en 2008, cuando la economía creció tan solo el 0,9% y el empleo se redujo hasta el -0,6%, el superávit fue del 1,3%.  En 2009, cuando el PIB español se descalabró el 3,7% y el empleo se redujo hasta el -6,6%, el organismo todavía fue capaz de cerrar con un superávit del 0,8%, y lo mismo sucedió en 2010, pese a que España ya sufría con fuerza el embate de la crisis.

 

Pero desde el ejercicio 2011 la Seguridad Social no paró de incurrir en déficits, cada año más abultados: desde los 487,3 millones de euros ese 2011, hasta los 18.536 millones (-1,7% del PIB), récord absoluto en 2015. El siguiente ejercicio, 2017, el descubierto en las cuentas de la Seguridad Social fue de -18.511 millones, casi la misma cantidad que el previo, aunque en porcentaje del PIB fue menor (-1,6%).

 

Cuando llegó Pedro Sánchez al Gobierno (junio de 2018), el desequilibrio en las cuentas ya había iniciado el camino descendente en consonancia con el asentamiento de la salida de la gran crisis, y ese año se cerró con un desfase de -16.834 millones (-1,4% del PIB), casi igual que en 2019 (-16.612 millones, el -1,3%). En 2020 y 2021, pese al mazazo que la pandemia asestó en todos los órdenes de la economía, la Seguridad Social logró seguir rebajando su déficit, en parte debido a que fue el Estado quien sufragó, mediante transferencias, los recursos extra necesarios para mantener el sistema de protección social y laboral.

 

Superada la pandemia, 2022 fue el primer año en el que el desfase en las cuentas disminuyó de forma contundente, hasta -6.170 millones (-0,5% del PIB), pero fue gracias a que desde 2022 la Seguridad Social ha dejado de pagar los denominados gastos impropios, que ahora financia el Estado. De hecho, en 2022 el Ministerio se ha ahorrado 18.396 millones, que es el importe de las transferencias recibidas para compensar esos gastos impropios.

 

En 2023, el sistema de pensiones volverá a sufrir déficit, estimado en -7.199 millones (-0,5% del PIB), pese a que la Seguridad Social se ahorrará 19.888 millones de gastos impropios. En total, entre 2022 y 2023, el Ministerio de Escrivá se librará de pagar 38.284 millones (gastos que no le correspondían, pero que hasta 2021, incluido, tuvo que costear), pero aun así, el año terminará con desfase en las cuentas, según figura en los Presupuestos del Estado para 2023.

 

El déficit ha vaciado la “hucha” de las pensiones

Según detalla el Informe a las Cortes Generales 2021 sobre el Fondo de Reserva, entre los años 2012 y 2019, los sucesivos gobiernos retiraron 80.337 millones de euros, siendo 2016 el ejercicio en el que más recursos se extrajeron (ese año se sacaron 20.136 millones).

 

La razón de esta continuada extracción de dinero del Fondo, conocido como la hucha de las pensiones fue que en la última década este Fondo fue una herramienta imprescindible para poder hacer frente a las pagas, sobre todo, las dos extraordinarias de cada año (junio y noviembre). El último año que se gastó dinero de esta hucha fue 2019 (salieron 2.900 millones), y en los siguientes ejercicios 2020-2002, incluidos, ni se retiraron fondos ni tampoco se realizaron ingresos.

 

En cambio, en 2023, el Fondo de Reserva empezará a rellenarse, con dinero procedente de la subida de cotizaciones sociales, que tanto empresas como trabajadores han empezado a pagar desde el 1 de enero, en aplicación del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En concreto, la sobrecotización es del 0,6%, del que el 0,5% va a cargo de la empresa, y el 0,5% restante es detraído de la nómina del trabajador. Los ingresos que se obtengan por este aumento de las cotizaciones irán a nutrir el Fondo de Reserva.

 

Es normal que se haya tenido que utilizar el Fondo de Reserva pero lo peor de todo esto es que la llegada a la jubilación del baby boom y las reformas que se han realizado en el sistema van a empeorar la actual situación, por lo que nos esperan muchos años más de déficit contributivo. Se debería tener en cuenta la situación actual y futura del sistema para hacer reformas estructurales

 

Un déficit solo aparente

El déficit “oficial” de la Seguridad Social se ha estabilizado en el 0,5% del PIB porque se han hecho los ajustes por gastos impropios, pero los ingresos por cotizaciones son ya estructuralmente menores (y creciendo) que los gastos por pensiones, en magnitudes superiores al 1,5% del PIB de cada año.

Además se está reflejando artificialmente la contención aparente del déficit de los últimos años, y es que el Estado ya no da préstamos a la Seguridad Social, sino transferencias y con ello se traslada automáticamente la deuda que la Seguridad Social y no se refleja a la deuda del Estado.

 

El Ministerio al hablar del déficit de las cuentas de la Seguridad Social se refiere al déficit por operaciones no financieras  que se ve influido, sobre todo en los últimos años, por las elevadas transferencias que le ha hecho el Estado. Sin embargo si utilizamos el déficit contributivo, que es más realista, el déficit acumulado aún ha sido mayor. Los datos reflejan un déficit creciente, que se difumina, en parte, por las transferencias”

 

 

La auditoría que no llega

El Gobierno sigue sin cumplir con la obligación legal de realizar la auditoría de la Seguridad Social, que le impone la Ley de reforma de pensiones de 2021, donde se insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a auditar las cuentas del sistema de pensiones en un plazo máximo de seis meses. Por lo tanto, lleva más de siete meses de incumplimiento

 

La auditoría de la Seguridad Social es una reivindicación histórica de los pensionistas y uno de sus objetivos es, precisamente, conocer cómo y en qué tipo de políticas se ha gastado el Fondo de Reserva de las pensiones, que llegó a tener 67.000 millones de euros, así como desagregar los gastos propios e impropios, para ver qué parte del déficit del sistema es realmente debido al gasto en pensiones.

 

Los pensionistas aseguran que “entre 1989 y 2013, España gastó más de 103.690 millones de euros que pertenecían a la hucha de las pensiones en otras cuestiones. Fue una práctica aparentemente legal, pero incorrecta, que hizo desaparecer los excedentes de cotizaciones que hoy debían nutrir esa hucha de las pensiones tan esquilmada en épocas de paro y crisis como la que hoy vivimos.

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