La Seguridad Social afronta en el próximo cuarto de siglo el reto de la jubilación de las generaciones del baby boom, y hasta 2050 llegarán a ser pensionistas algo más 13 millones de trabajadores (quienes tiene ahora 40 ó más) cuya esperanza de vida, por otro lado, va a prolongarse un lustro en relación con la actual. Esas previsiones demográficas apuntan a que la partida para pagar las pensiones de jubilación pase del actual 11,7% del PIB al 14,2%, dos puntos y medio más.
Eso ha llevado al Ministerio de Inclusión a plantearse cambiar unas reglas que ahora permiten al millón de trabajadores mejor pagados del país eludir la obligación de cotizar por más de 30.000 millones de euros en salarios, lo que merma en alrededor de 12.000 los ingresos anuales de la Seguridad Social (esto es, el 36,25% del salario bruto que no se está abonando a la Seguridad Social por culpa de los actuales topes).
En ese objetivo se centra la última fase la última fase de la reforma del sistema de las pensiones tras haber incorporado en la primera el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un recargo del 0,6% en las cotizaciones (0,5% en las empresariales, 0,1% en las del trabajador y 0,6% para los autónomos) con el que el Gobierno prevé recaudar 40.000 millones de euros.
La principal fuente de financiación del sistema son las cotizaciones de los trabajadores, que consisten en una aportación del 36,25% del salario bruto (29,9% a cargo de la empresa y 6,35% del trabajador) por parte de los asalariados mientras la de los autónomos se realiza mediante un sistema de tramos en función del rendimiento cuyo gravamen teórico se sitúa en el 30,6% de los ingresos netos.
Lo mismo que hay una base mínima de cotización hay una máxima, con su correlación posterior en cuanto a las prestaciones, que se sitúa en 4.495 euros brutos por doce pagas, es decir, una nómina bruta anual o unos ingresos netos de 53.940 euros anuales. A partir de esa cifra, ni la empresa paga más de 1.344 euros mensuales ni al trabajador se le descuentan más de 285 de su paga mensual (las extras tributan pero no cotizan) ni el profesional autónomo le ingresa al Seguro más de 1.402 por mucho que puedan llegar a aumentar esas ganancias.
Según los datos del IRPF de 2020, que son los últimos disponibles, 850.623 contribuyentes declararon ingresos salariales superiores a los 60.000 euros brutos, a los que hay que sumar una pequeña parte de los 3,97 millones del tramo de 30.000 a 60.000 euros. Los salarios del primero de esos dos grupos sumaron 74.561 millones de euros brutos, aunque solo 45.882 de ellos quedarían sujetos a cotización con la base máxima de 2023, mientras que con la de ese año (4.070,10 euros) la obligación de cotizar afectaría a 41.545, lo que ya deja un horquilla de 29.000 a 33.000 millones.
SALARIOS POR TRAMOS
Sólo ese limbo salarial de los empleados por cuenta ajena merma entre 10.500 (cuota actual) y 12.000 (cuota de 2020) millones de euros cada año los ingresos de la Seguridad Social.
Entre los autónomos, para los que el cálculo es más complejo por tratarse de un año previo a la aplicación del sistema de cotización por tramos, que permitía cotizar por la base mínima con independencia de las ganancias, los datos de la Agencia Tributaria contabilizaron un total de 194.616 profesionales independientes con ingresos superiores a los 60.000 euros cuyos rendimientos netos sumaron 12.258 millones de euros. Esas cifras sitúan la parte de sus ingresos que quedaría eximida de cotizar entre los 2.700 y los 1.700 millones de euros, como mínimo, en función de si se calcula con la base máxima de 2020 y la actual, lo cual, a su vez, sitúa la merma de ingresos para la Seguridad Social entre los 520 y los 830 millones de euros en un año.
Destope de las bases máximas de cotización
La opción por la que más parece inclinarse el Gobierno es por la del destope progresivo de las bases máximas y de las prestaciones asociadas a estas, aunque estas últimas avanzarían en menor medida.
En su propuesta inicial, el Gobierno propuso vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones (al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre) más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, lo que supondría un incremento de cerca del 30% en dicho periodo. Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. El Ministerio propuso inicialmente que la pensión máxima suba también con el IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre, más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.
Este planteamiento contempla su puesta en marcha a la menor brevedad para disponer, junto con los recursos que pueda generar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, de un fondo adicional para poder hacer frente a la jubilación del baby boom.
El esfuerzo fiscal recaería principalmente sobre las empresas, que asumen más del 80% de las cotizaciones sociales (29,9% de 36,25%) mientras el resto (6,35%) se descuenta de la nómina de los trabajadores.
Independientemente del destope de las bases máximas, con el comienzo de 2023, se ha producido un incremento de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social del 8,6%, pasando a situarse en 4.495,38 euros, frente a los 4.139,40 euros en 2022.
Además el Ministerio ha puesto sobre la mesa un recargo adicional en las cotizaciones de los salarios más altos que se sumaría a la subida de las bases máximas de cotización un 30% en 30 años y a la extensión hasta 2050 de la sobrecotización del 0,6% asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Esta sobrecotización se aplicará en el apartado de contingencias comunes, por el que las empresas pagaban en 2022 un 23,6% y el trabajador, un 4,7%.
Fuente: Público
