El flujo de extranjeros en las tres próximas décadas será de entre 6 y 9 millones de personas, según distintas estimaciones, aunque no serán suficientes para ‘salvar’ las pensiones.
La llegada a España de más de 6 millones de inmigrantes entre 1990 y 2010, coincidiendo en buena medida con las dos legislaturas de José María Aznar -1994 a 2004-, contribuyó a un ‘boom’ económico desconocido hasta ese momento, gracias a una mano de obra extranjera necesaria en muchos sectores, que además ha estado pagando con sus cotizaciones las pensiones de los españoles de la generación anterior a la del ‘baby boom’. Aznar frenó al final de su último gobierno la entrada de no nacionales a nuestro país, mientras que José Luis Rodríguez Zapatero optó por regularizaciones masivas posteriores que afectaron a por lo menos 600.000 ‘irregulares’.
Una parte de esos inmigrantes, que entraron con permiso de residencia temporal para trabajar, lograron con el tiempo traer a sus familias y han seguido en España tras las renovaciones previstas de sus documentos y permisos, ya están nacionalizados. Este proceso dura entre 3 y 6 años, pero a través del matrimonio con un nacional se aceleran los trámites. Mientras, cerca de 1 millón de extranjeros de la primera oleada tuvo que marcharse a sus países de procedencia debido a la recesión económica, que se inició en 2008 y generó tasas históricas de desempleo. Los que se quedaron, ahora tienen entre 35 y 69 años y deberán jubilarse -o ya lo han hecho- desde este momento hasta el 2050.
Hasta 3 millones de ciudadanos nacidos fuera de la Unión Europea y residentes actualmente en España -con o sin la nacionalidad- tendrán 65 años o más en 2050, un aluvión de nuevos pensionistas que se unirán a los españoles nacidos durante el ‘baby boom’ -1958 a 1977-, según las diversas estadísticas que presenta el Instituto Nacional de Estadística (INE) . Con su trabajo, han logrado salvar las prestaciones de millones españoles -también las suyas- durante los últimos años y lo siguen haciendo en buena medida, pero llegará el momento de su retiro, que se producirá durante las próximas tres décadas.
Los que ya han conseguido la nacionalidad española, junto con los rumanos, húngaros y polacos, que tienen la comunitaria pero que en su mayoría llegaron en primera y segunda oleada de inmigrantes cuando sus países todavía no se habían integrado a la UE, ya están asentados laboralmente y socialmente en nuestro país y muchos con sus familiares reagrupados, y no tendrán mayor problema para poder acceder a sus pensiones, más generosas que en la mayoría de sus países de procedencia y que en buena parte de la de los países de las naciones europeas. Tampoco tendrán dificultades los residentes extranjeros que trabajan en España y no han querido o no han podido nacionalizarse, que tienen derecho a reclamar una pensión española cumpliendo una serie de requisitos e incluso pueden transferir las cotizaciones realizadas en sus países de origen, si las tienen.
El escenario de las próximas décadas, con un aumento progresivo del número de pensionistas y de la cuantía de sus prestaciones, será muy difícil de afrontar sin la confluencia de numerosos factores, entre ellos más cotizantes y mayores aportaciones, más impuestos, ajustes en las prestaciones de los ‘baby boomers’, incrementos de las tasas de actividad y la entrada masiva de nuevos inmigrantes que salven nuevamente el sistema de reparto de pensiones.
El desembarco en el mercado laboral de un número importante de extranjeros será muy importante para garantizar las prestaciones futuras pero será necesario que vaya acompañado por el resto de las patas de la estrategia económica hasta 2050. Eurostat anticipa un saldo migratorio neto anual de 197.000 personas en las próximas tres décadas, un saldo ligeramente superior al que se dio entre 1990 y 2019. La estimación es muy similar a la que ha realizado el INE, pero inferior a la de la AiRef, que prevé flujos anuales de 300.000 inmigrantes en las próximas décadas. En total entre 6 y 9 millones se quedarán en España durante ese periodo.
De aquí a mediados de siglo, el gasto sanitario podría aumentar en más de un punto de Producto Interior Bruto (PIB), el gasto público en pensiones podría incrementarse hasta en cinco puntos de PIB y el número de personas mayores beneficiarias de ayudas a la dependencia podría duplicarse, con el gasto público en cuidados pasando del 0,8% actual a más del 2% del PIB en 2050. Si España no quiere dedicar un porcentaje mucho mayor al 12,7% del PIB que en la actualidad se destina al pago de pensiones, al que habrá que sumar un 2,5% más en 2050 por la revalorización de las pensiones durante los próximos años de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), las prestaciones de los que se jubilen durante los próximos años deberán sufrir un recorte importante.
La Seguridad Social registra 2.204.054 trabajadores extranjeros en agosto, esta cifra supone el 11,31% del total de afiliados a la Seguridad Social. De ellos 780.349 procedían de países de la UE (35,15%) y 1.439.748, de terceros países (64,85%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos fueron los procedentes de Rumanía (324.462), Marruecos (263.550), Italia (140.747) y China (104.339). Un 56,38% fueron hombres (1.251.707), mientras que el 43,62% fueron mujeres (968.390).
Por regímenes, la mayoría de los extranjeros se encuadró en el Régimen General, con 1.832.776 afiliados. Este registro incluye el Sistema Especial Agrario, con 199.938 ocupados, y el de Hogar, con 166.183.
Los sectores que más cotizantes extranjeros suman son Actividades de los Hogares (6,04%), Hostelería (3,11%), Actividades Sanitarias (3,10%), Actividades administrativas y servicios auxiliares (1,72%) y Suministro de Agua y Actividades de Saneamiento (1,48%). Entre los mayores descensos, destacan: Educación (-10,77%) y Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (-4,72%), Construcción.
El número de extranjeros en el régimen autónomos registra un leve descenso en el último mes, y sitúa el total en 382.113.
